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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios advierte a las administraciones municipales del riesgo a no ser certificados para el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones para el sector de agua potable y saneamiento básico, por el no reporte a tiempo de los requisitos que establece el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.El plazo para acreditar los requisitos y obtener la certificación en el proceso que se adelantará respecto a la vigencia 2015, vence el próximo 2 de mayo. «Conforme a lo establecido por el Gobierno Nacional, la certificación que se expida dependerá del cumplimiento que hayan hecho los municipios de sus obligaciones en materia de acueducto y alcantarillado. La no certificación implica la pérdida del manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, que pasarían a ser administrados por los departamentos», manifestó el superintendente delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Jorge Carrillo Cardoso.
Al once de marzo del presente año, de los 1.101 municipios sujetos de certificación, 1.051 no han reportado la información de los contratos o convenios suscritos con los prestadores para el giro de subsidios a los estratos 1, 2 y 3. 1.039 no han reportado la certificación de estratificación aplicada en 2015. 355 no han enviado el Reporte de Estratificación y Coberturas de 2015; y 981 no han reportado el Acuerdo Municipal que define el porcentaje de subsidio y aporte solidario aplicado en el municipio para la vigencia 2015.
De los 450 municipios prestadores directos, identificados preliminarmente, 428 no han reportado la información correspondiente al estudio de costos y tarifas que elaboraron y la aprobación de las tarifas que aplican y no cumplen con el reporte de la información correspondiente a las tarifas aplicadas, la facturación y el plan único de cuentas de 2015.
Frente a esta obligación de las administraciones locales, la Superservicios y el Minvivienda han realizado diferentes eventos de capacitación y asistencia técnica sobre el proceso de certificación, la metodología de acreditación de requisitos y los efectos de la descertificación.
Una vez el municipio o distrito reporte la información requerida, la superintendencia tiene plazo hasta el 30 de septiembre de este año para expedir la resolución sobre el proceso de certificación.
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