El Gobierno expresó su preocupación por el incremento de las hectáreas de cultivos ilícitos y la aparición de nuevos métodos de producción industrial para el narcotráfico por parte de grupos ilegales.
Este jueves el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en compañía deRafael Pardo, ministro consejero para el Posconflicto, anunciaron una nueva estrategia para combatir estos fenómenos delincuenciales.
Según explicó el ministro Villegas, se programó un número importante de operaciones contra el narcotráfico para este año y se reforzará la erradicación manual de cultivos ilícitos en los municipios en los que se detectó una mayor concentración de plantaciones.
El alto funcionario resaltó además que en lo corrido de 2016 se han destruido un 52% más de laboratorios para narcotráfico que en el mismo periodo de 2015.
A su turno, Pardo confirmó que se está trabajando en programa de sustitución de cultivos, con el propósito de allanar el terreno de cara a un escenario de posconflicto tras la eventual firma de un acuerdo de paz con la guerrilla.
Sin duda, el incremento de hectáreas cultivadas que se ha registrado en los últimos dos años plantea un reto importante para el Gobierno, sobre todo en zonas que se han convertido en corredores estratégicos para los grupos armados ilegales y las bandas al servicio del narcotráfico que se pelean el control territorial, y donde históricamente el Estado ha tenido una presencia débil.
Según cifras oficiales, de 1.102 municipios que tiene Colombia, sólo 204 tienen cultivos de coca. El 81% de esas hectáreas se concentran en seis departamentos (Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá, Guaviare y Norte de Santander) y el 43% de la producción se centraliza en 10 municipios en los que el gobierno priorizará su estrategia.
Cabe recordar que hace un año el presidente Juan Manuel Santos anunció una nueva política antidrogas que se moverá alrededor de un eje fundamental: la focalización.
El nuevo enfoque plantea seis frentes de trabajo específicos: inversión social, sustitución, interdicción, investigación y judicialización, consumo y reforma institucional, los cuales proponen una hoja de ruta integral para combatir el problema del narcotráfico en todos los eslabones de la cadena, partiendo de los procesos de erradicación y sustitución de cultivos para beneficiar a los campesinos, hasta el desmantelamiento y la judicialización de las bandas criminales que se lucran del negocio.
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