ElNuevoDia – Los retos trascendentales en materia ambiental para 2016 del país son: renovar los planes de ordenamiento territorial de 916 municipios, aterrizar los acuerdos de la Cumbre de Cambio Climático (COP 21) y preservar la diversidad donde operan grupos al margen de la ley.
Y eso no solo debe hacerlo la Nación. Los nuevos alcaldes y gobernadores también tienen la tarea de renovar planes de ordenamiento territoriales acordes con los lineamientos ambientales del Gobierno y de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Para Manuel Rodríguez Becerra, exministro de Ambiente y profesor de la Universidad de Los Andes, “la reestructuración de los POT será clave; tienen que ser elaborados a partir de condiciones ambientales muy claras, no se puede continuar expidiendo POT que permitan la urbanización en zonas vulnerables. Reorientarlos será clave”.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) señala que el 52 por ciento de la población urbana en el país “está en áreas con escasez de oferta hídrica”. De esta, el 33 por ciento, agrega el informe, “está en riesgo de ser afectada por deslizamiento y el 48 por inundaciones”. Con el fenómeno de ‘El Niño’ la situación se puede agravar.
El país también está en deuda de formular nuevos esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), para municipios con menos de 30 mil habitantes; Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (Pbot) para municipios entre 30 mil y 100 mil habitantes; Planes de Ordenamiento Territorial (POT) en municipios de más de 100 mil habitantes, y Planes de Ordenamiento Departamental (POD).
“Otro tema muy importante es el del cambio climático. Los compromisos que ha adquirido Colombia en París deben verse reflejados en los planes de alcaldías y gobernaciones. No se puede olvidar que el país fijó unos objetivos de desarrollo sostenible en Naciones Unidas, desde 2016 hasta 2030”, agregó.
Entretanto, Gonzalo Andrade, profesor de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, destacó que quienes están ocupando los puestos en las secretarías de Ambiente del país los nombran solo para que hagan la tarea.
“No están eligiendo personas que tengan un perfil técnico. Los alcaldes hacen eso porque cuando uno es técnico la ética está por encima de cualquier cosa, entonces a uno le pueden pedir acabar con una reserva. En ese caso, el técnico no haría eso argumentando, por ejemplo, que es un sitio de especies, pero cuando se nombra gente por otros intereses acabar con la reserva es un trámite. Como no hay una visión técnica de la problemática ambiental de las ciudades, pues simplemente avalan lo que les pidan”, dijo.
¿Cómo se expandirá Bogotá?
La administración de Enrique Peñalosa prometió 200 kilómetros de senderos y parques para preservar el medio ambiente e Bogotá.
Sin embargo, los ambientalistas han advertido que un nuevo POT podría permitir al Alcalde urbanizar periferias de la ciudad, como en el norte, donde se ubica la reserva Thomas van der Hammen, que tiene mil 395 hectáreas de reserva forestal.
La idea de urbanizar Bogotá teniendo en cuenta el desarrollo de los municipios vecinos como Mosquera y Chía sin duda generará debates ambientales. Mientras se define cómo expandir la ciudad, la Alcaldía también deberá trabajar en la descontaminación del río Bogotá y la construcción de avenidas sin afectar el medio ambiente.
El encargado de asumir estos retos será Francisco Cruz Prada, nuevo secretario de Ambiente. Es abogado y geólogo. Experto en medio ambiente con más de 20 años de trayectoria. Fue director de Evaluación y Seguimiento Ambiental de la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR). Allí estuvo al frente de proyectos relacionados con Bogotá, como el control ambiental del relleno sanitario Doña Juana, los vertimientos del río Bogotá y la minería ilegal. Un debate por darse es la construcción de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), donde hay tres humedales: Capellanía, Tibabuyes y La Conejera.
Peñalosa ha argumentado que este proyecto es clave para “desembotellar” las localidades más pobladas: de Bogotá: Suba, Engativá, Bosa, Kennedy y Fontibón, para las que plantea construir un circuito ambiental de 100 kilómetros, desde la zona rural de Bosa hasta los límites de Chía, ubicado en el Norte de la capital.
En el Oriente habrá un sendero de 82 kilómetros en los cerros, desde la localidad Usme, en el Sur de la ciudad, hasta la reserva Thomas van der Hammen. Este gran circuito ambiental solo tendrá sentido si se cumple con la descontaminación del río Bogotá. Descontaminarlo cuesta 9,3 billones de pesos, que deberán ser girados por la Nación, la Alcaldía y 46 municipios de Cundinamarca.
El Sur del país
Los departamentos del Sur del país (Amazonas, Putumayo, Caquetá y Nariño) tienen tres retos importantes en 2016: bajar los índices de deforestación, luchar contra la minería ilegal y crear un aparato institucional para que se cumplan los acuerdos logrados en la COP21.
En Amazonas, por ejemplo, existe la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad, que no presenta datos actualizados en su página web ni cuenta con canales de comunicación efectivos. Sin embargo, la Gobernación debe responder por las obligaciones que tiene frente a entidades internacionales, como el Fondo Para el Medio Ambiente Mundial, que destinó 113 millones de dólares para mitigar los efectos del cambio climático en ese departamento.
Santiago Duque, investigador de la Universidad Nacional, cuenta que la mayor injerencia allí la tiene Corpoamazonía: “La Secretaría de Planeación maneja algunos temas ambientales, pero Corpoamazonía tiene capacidad de gestión en Amazonas, Caquetá y Putumayo. El reto es enorme, porque Corpoamazonía no tiene un capital muy grande. Recoge recursos a través de predial, por ejemplo, que en Amazonas es mínimo, la mayoría del territorio está dividido en resguardos indígenas y reservas forestales. Corpoamazonía tiene limitaciones muy grandes. Putumayo tiene problemas por extracción de petróleo y minería ilegal. La estructura administrativa del Amazonas se debe revisar”.
En Nariño la situación es similar. De acuerdo con el gobernador Camilo Romero, se necesita crear una Secretaría de Ambiente para asumir la protección de las áreas protegidas. “El secretario de Ambiente será de una comunidad indígena. La idea es hacer un trabajo mancomunado para preservar y potenciar la biodiversidad”, dijo.
MEDELLÍN Y SU APUESTA POR EL RÍO Y EL AIRE
El principal reto del alcalde Federico Gutiérrez es avanzar en la recuperación del río Medellín, que compromete a esta ciudad y a la región. Durante la campaña, Gutiérrez advirtió de la necesidad de trabajar en conjunto con Envigado e Itagüí para buscar que las industrias contaminantes se comprometan y no sigan descargando sus químicos al río. Al frente de la Secretaría de Ambiente está Óscar Hoyos Giraldo, quien fue concejal de Medellín por dos periodos. Hoyos es odontólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en Estudios Políticos de Eafit y magíster en Gobierno de la Universidad de Medellín. Entre sus retos, tal como los planteó Gutiérrez en su programa de gobierno, están la elaboración y reglamentación de los Piom (Plan Integral de Ordenación y Manejo) de las quebradas y su ejecución. También deberá, según los expertos, avanzar con la apuesta por mejorar la calidad del aire y tendrá que analizar, según planteó en campaña, la viabilidad de implementar un impuesto por contaminación a los vehículos convencionales. Su tarea será incentivar el uso del gas natural y la energía eléctrica. También deberá mejorar la calidad del aire materializando la apuesta de avanzar con la peatonalización de sectores del centro de la ciudad.
El alcalde Gutiérrez propuso revivir el Programa Mi Río, para buscará concientizar a las personas sobre la importancia de buenos hábitos y la necesidad de manejar de manera correcta y con eficiencia el recurso para la apropiación de las cuencas y quebradas. Para sacar adelante este proyecto, el Secretario deberá tener el visto bueno y el apoyo del Área Metropolitana y de Corantioquia.
CALI Y LA MINERÍA DE LOS FARALLONES
En Cali están planteados varios retos: frenar la minería ilegal que consume los Farallones, la recuperación de los ríos y garantizar la limpieza urbana. Para esto, fue designado como director del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, Dagma, Luis Alfonso Rodríguez, un odontólogo, magister en salud pública con experiencia en el área administrativa. Es de Villavicencio. Entre sus primeras declaraciones destacó que las podas de las zonas verdes “son un tema sensible” y que desarrollará un proceso de selección abreviada que espera tenerlo listo para finales de febrero, para seleccionar el contratista que se encargue de dicho tema.
“En el año, a la ciudad se le deben ejecutar un promedio de siete podas, para no tener inconvenientes, y en paralelo, vamos a hacer la licitación de las otras podas, quiero hacer innovaciones y estoy haciendo consultas jurídicas para que el proceso sea efectivo”, dijo Rodríguez. Agregó que quiere convertir a Cali en la ciudad más limpia del país. “Tenemos unas zonas muy afectadas como son la Galería Santa Elena y los canales de aguas lluvias, que podemos mejorar y es una idea ambiciosa que esperamos concretarla y tenerla lista antes de 18 meses”, agregó el funcionario, según información publicada en la página web de la entidad. Además, de acuerdo con el programa de gobierno del alcalde de Cali, Maurice Armitage, se priorizarán las acciones para la recuperación de siete ríos, creando el Consejo Estratégico de Cuencas Hidrográficas y el Fondo Municipal del Agua para coordinar intervenciones de las entidades. Armitage también se comprometió a ampliar las zonas protectoras de cuencas con recuperación del ecosistema con grupos comunitarios de limpieza de cauces y prevención de incendios.
En su programa de gobierno también señaló que impulsará en los Farallones de Cali “prácticas de protección agroecológica, redes de eco-agroturismo, con estímulos tributarios a cuidadores del ecosistema”.
Barranquilla y los problemas con Damab
Barranquilla no pasa por un buen momento en términos de medio ambiente. Temas como la sequía, la contaminación del aire y la evaporación del lago Cisne tienen en aprietos a la Alcaldía. El alcalde Alejandro Char se comprometió a formular “políticas de adaptación al cambio climático, medio ambiente, gestión del riesgo, movilidad urbana, urbanismo y construcción sostenible, y manejo de drenajes urbanos”. Uno de los problemas es que la entidad encargada de ejecutar políticas ambientales ha sido criticada por el mismo alcalde.
Se trata del Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla (Damab).
En campaña, Char señaló que lo liquidaría porque sostener esa entidad significaba un “despilfarro” de recursos que hacía “perder a todos los barranquilleros”. A mediados de 2015, la Procuraduría se pronunció sobre el trabajo del Damab, señalando que “no alcanza los estándares requeridos y deseados para cumplir a cabalidad” las obligaciones institucionales. En su primer periodo como alcalde, en 2009, Char intentó liquidar el Damab, pero el Concejo no se lo permitió. El problema es que mientras se decide el futuro de la autoridad ambiental más importante de la ciudad, que reportó el año pasado un déficit cercano a los nueve mil millones de pesos, la Red de Ciudades Cómo Vamos entregó un reporte que señala que Barranquilla se encuentra dentro de las ciudades con baja calidad ambiental por problemas como ausencia de sistemas de información ambiental y aprovechamiento de residuos sólidos. Es más, la recuperación del lago del Cisne la asumió el Ministerio de Ambiente. Según el ministro Gabriel Vallejo, el lago está recobrando la biodiversidad y las 56 hectáreas en las que está El Cisne podrán recuperarse.
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