A demanda, predios despojados en pleno corazón del paramilitarismo en Urabá

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La URT trasladó a la Defensoría del Pueblo un total de 260 caracterizaciones, en su mayoría correspondientes a segundos ocupantes de La Puya y El Tomate. Uno de los grandes retos del proceso en La 35 es esta población vulnerable que lleva más de 20 años en la región.
La URT trasladó a la Defensoría del Pueblo un total de 260 caracterizaciones, en su mayoría correspondientes a segundos ocupantes de La Puya y El Tomate. Uno de los grandes retos del proceso en La 35 es esta población vulnerable que lleva más de 20 años en la región.

 (@URestitucion). Las demandas corresponden a la zona conocida con el nombre de La 35, que abarca los sectores de El Guadual, El Porvenir y La Mesa (Arboletes); Puya Arriba (Turbo); y El Tomate (San Pedro de Urabá). Esta región fue el corazón de la casa Castaño, donde operaron los más temidos paramilitares y tristemente recordada por haber sido el lugar en donde se creó una escuela de entrenamiento paramilitar.

Con las demandas, la Unidad de Restitución de Tierras atiende las reclamaciones sobre diferentes tipos de despojo implementados por paramilitares en esta zona del norte de Urabá, quienes luego se extendieron al sur de Córdoba y otras zonas del país.

En algunos de los casos, se trata de predios que registral o notarialmente aparecen a nombre de personas jurídicas y naturales reconocidos por la práctica de despojo asociados a paramilitares o Bacrim: Sor Teresa Gómez, Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche;  Funpazcor y Juan de Dios Úsuga (ya muerto) y quien fuera jefe de las Autodefensas Gaitanistas o Águilas Negras, hoy Clan Úsuga.

El director general de la URT, Ricardo Sabogal Urrego, aseguró que gracias a las jornadas de recolección de información comunitaria, documentos entregados por los solicitantes, la información predial y al apoyo en el trabajo adelantado en años anteriores por la Fiscalía General de la Nación en el proceso de Justicia y Paz, se logró presentar a los jueces de restitución las demandas que evidencian cómo en esta zona los paramilitares perfeccionaron las formas de despojo y una supuesta contrarreforma agraria, que luego llevaron a zonas como Cedro Cocido, Pasto Revuelto y Santa Paula en Córdoba.


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“Esta zona fue el laboratorio del despojo de Funpazcor y se caracteriza porque tras los despojos y abandonos ocurridos en los años 93 y 94, los paramilitares promovieron repoblamiento de campesinos sin tierra provenientes de Córdoba, a quienes les prometían predios de gran extensión. Pero, luego eran ubicados en pequeñas parcelas, mientras que las grandes fincas fueron a dar a manos de empresarios y ganaderos. Por eso, en este territorio es común encontrarse con grandes haciendas y, también, con repoblamientos en predios pequeños. En El Tomate, por ejemplo, se encuentra un barrio en una hectárea”.

En uno de los casos, por ejemplo, una persona aparece vendiéndole a Funpazcor, que luego le pasa la titularidad del predio a Sor Teresa Gómez. Acto seguido, aparecen sobre el mismo terreno más de 30 propietarios, uno de ellos Juan de Dios Úsuga, reconocido jefe de Los Urabeños y muerto en enfrentamiento con la Policía.

Al lado izquierdo están los predios que registral o notarialmente aparecen a nombre de personas jurídicas y naturales reconocidos por la práctica de despojo asociados a paramilitares o Bacrim: Sor Teresa Gómez, Funpazcor y Juan de Dios Úsuga.

Sabogal Urrego agregó que uno de los grandes retos del proceso en estos tres municipios son los segundos ocupantes, población vulnerable que lleva más de 20 años en la región y que ha desarrollado allí, en todo este tiempo, su vida familiar, económica y social. A la Defensoría del Pueblo, la URT remitió un total de 260 caracterizaciones, en su mayoría correspondientes a segundos ocupantes de La Puya y El Tomate.


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Con estas demandas, la región de Urabá sigue consolidándose como un buen ejemplo del proceso de restitución: se han proferido 41 sentencias que han restituido cerca de 2 mil hectáreas a sus legítimos propietarios. De la misma manera, se han invertido más de mil millones de pesos en proyectos productivos a las familias restituidas.

Pie de foto: La URT trasladó a la Defensoría del Pueblo un total de 260 caracterizaciones, en su mayoría correspondientes a segundos ocupantes de La Puya y El Tomate. Uno de los grandes retos del proceso en La 35 es esta población vulnerable que lleva más de 20 años en la región.


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