ElEspectador – El video de los indígenas peruanos no contactados se volvió viral en junio de 2013. Durante tres días, cien miembros del pueblo mashco piro, que por años permanecieron —voluntariamente— al margen de la cultura occidental, llegaron a la ribera del río Las Piedras, en el estado de Madre de Dios, para pedirles a los nativos de la remota comunidad de Monte Salvado que les dieran plátanos, cuerdas y machetes. El video, más que un hecho curioso, contenía el síntoma de que la vida en esa selva, descrita como la capital de la biodiversidad peruana, ya es otra cosa.
Antropólogos y científicos concluyeron que las comunidades se estaban viendo obligadas a salir de la selva al sentirse acorraladas por las actividades extractivas de oro y madera que están acabando con los árboles y ahuyentando los animales de caza. Después de ese episodio sucedieron al menos otros tres en los que incluso se registraron ataques de los aislados a otras comunidades indígenas. El 1º de mayo de este año los mashco piro ingresaron con arcos y flechas al territorio de la etnia matsigenka, mataron a Leonardo Pérez Peña, de 20 años, y se llevaron los animales y la comida que encontraron apilada.
Madre de Dios, que hasta hace diez años era el estado menos poblado del Perú, se ha convertido por cuenta de la fiebre del oro en el territorio que más nuevos colonos recibe. En cinco años el impacto de cientos de dragas y retroexcavadoras, que remueven tierra de los bordes de los ríos las 24 horas del día y vierten cantidades incalculables de tóxicos como mercurio a las aguas para atrapar el metal, han destrozado 50.000 hectáreas de bosques, modificando el paisaje y provocando un desastre ambiental sin precedentes.
Aunque el caso de Madre de Dios revela la mayor afectación a ecosistemas ligados al impacto de la minería en el Amazonas, esta es sólo una escena de un panorama regional mucho más preocupante y complejo al que se suman Colombia, Brasil, Bolivia y Ecuador. Un escenario que acaba de ser descrito, a partir de estudios de caso, por un equipo de investigadores coordinados por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), bajo la financiación de IUCN Holanda.
Durante el año 2014 un equipo de seis científicos trabajó en cada país. En Colombia los investigadores Alejandra Laina y Rodrigo Botero, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), se concentraron en la cuenca media del río Caquetá, en el municipio de Solano, entre el corregimiento de Araracuara y el resguardo Nonuya de Villa Azul. En Brasil, el instituto Giral estudió la situación del estado de Rondonia, en la frontera con Bolivia. La región de Zamora-Chinchipe fue el foco de investigación en Ecuador por parte de la Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA). En Perú el caso de Madre de Dios fue reseñado por la SPDA, y en Bolivia el Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) se concentró en Riberalta. El resultado es un libro de 300 páginas titulado Las rutas del oro ilegal. Estudios de caso en cinco países amazónicos, presentado el pasado viernes en Bogotá.
A partir de visitas de campo, entrevistas con autoridades, pobladores, mineros e informantes, los investigadores describieron cómo en los últimos quince años la subida de los precios del oro y su demanda internacional, unidas a la falta de control e interés estatal por los poblados fronterizos, han impulsado de manera acelerada la apropiación de la selva por parte de nuevos colonos e indígenas y pobladores locales interesados en la extracción del metal.
“Que la mayoría de casos estén ubicados en fronteras no es casualidad. Son zonas donde el problema de regulación es complicado y el oro termina moviéndose entre países, pasando de mano en mano sin control hasta que llega a ciudades como São Paulo, Bogotá o Quito. Luego termina en mercados y centros financieros de Europa, Asia y Norteamérica. Durante esta cadena de extracción y comercialización mucho de ese metal se funde con oro legal dejando sin rastro sus antecedentes ilegales”, explica Carlos Fierro, investigador del FFLA (Perú).
Según el peruano Lenin Valencia, coordinador del estudio, Naciones Unidas ya ha dicho que las rutas de comercialización del oro extraído en regiones del África, Asia y América siguen siendo oscuras y de difícil control, pero estos estudios de caso entregan importantes indicios de que el oro ilegal de la Amazonia llega principalmente a Estados Unidos y Suiza. “Sólo Colombia tiene un patrón distinto, con las islas Malvinas e Italia como los principales destinos de exportación”, indica Alejandra Laina, investigadora para Colombia.
“La principal ruta de salida del oro extraído en Araracuara se da por vía aérea a través de Bogotá, donde la cadena de comercialización logra legalizarlo e introducirlo en los mercados nacionales e internacionales. En el período 2003-2009 Bogotá fue el punto de salida del 33% de las exportaciones nacionales. Además se reportan exportaciones a través de la zona franca Palmaseca, en el departamento del Valle del Cauca (23,5% procedentes directamente de Bogotá)”, se lee en el capítulo sobre Colombia.
Según los investigadores de la FCDS, aunque es difícil establecer un trazado que permita saber el destino final del oro de la Amazonia colombiana, se puede concluir, al revisar las tendencias de exportación, que todos los puntos de extracción ilegal del territorio colombiano tienen como principales destinos las islas Malvinas (Falkland) (51,71%, procedente principalmente de Santander), Italia (11,23%, que viene casi en su totalidad del Valle del Cauca), Panamá (5,02%, procedente en su mayoría de Antioquia), Estados Unidos (4,06%, procedente del Atlántico principalmente), con exportaciones menores a otros países en Europa.
A pesar de que en los cinco países estas zonas han sido vistas como áreas prioritarias de conservación natural mundial, la falta de un ordenamiento territorial que indique cómo se deben organizar las actividades productivas, y en general la vida, en ese territorio megadiverso, ha provocado que la llegada del boom aurífero esté modificando las costumbres de los pobladores, quienes han visto en la actividad extractiva una oportunidad económica para subsistir, pues a esta situación se ha unido la ausencia de políticas que protejan a las comunidades indígenas y a la vez les entreguen oportunidades productivas económicas a los habitantes del Amazonas.
A su vez, la falta de un marco que regule la minería de oro en estas áreas ha impulsado la llegada de economías ilícitas y mafias ligadas al narcotráfico, y, en el caso de Colombia, también de grupos armados ilegales interesados en “lavar” dinero por cuenta del metal. Con ellos llegan también la prostitución, el encarecimiento de la comida y el combustible, los problemas sociales entre comunidades que se oponen a la minería y las que la avalan, los conflictos familiares y el miedo y las presiones que imponen los armados sobre las poblaciones rurales.
La cadena económica de esta ruta del oro es bastante compleja. Lenin Valencia explica que en el caso de Brasil, Bolivia y Perú no existe una mafia articulada sino que hay actores que están en distintos niveles: “En el nivel de la extracción puede existir un financista que simplemente pone la plata para que otros extraigan y le regresen ganancias, pero también otros que prestan la plata para hacer minería a través de mecanismos de financiamiento informales”.
Por otro lado, hay unos actores formales que no se interesan mucho en saber de dónde proviene el metal, como las refinerías y las casas de compra en Bogotá, Quito o Lima, que pagan por el oro sin preocuparse por el origen. “Pero también existe una cadena de suministros. Empresas que proveen insumos y maquinaria minera que termina siendo utilizada en la selva amazónica. Todos se aprovechan de una situación que no está reglamentada”, dice el investigador del SPDA del Perú.
Los investigadores también identificaron que, más allá del alza en el precio del oro, los proyectos nacionales de infraestructura vial y energética en la Amazonia parecen ser un factor que cataliza el desarrollo de la minería informal e ilegal. En los casos de Brasil y Perú es evidente que la construcción de hidroeléctricas y vías de comunicación en Rondonia y Madre de Dios ha facilitado el crecimiento de la minería informal e ilegal.
Además, los gobiernos promueven discursos encontrados, aseguran los científicos. “Mientras los países hablan de la necesidad de conservar el Amazonas, incentivan políticas nacionales de expansión minera. Entonces no queda claro cuál es el uso que se le quiere dar al territorio amazónico. Hay zonas donde no se debería hacer minería porque los costos ambientales podrían superar cualquier beneficio que se pueda obtener a corto plazo y serían las generaciones futuras las que tendrían que asumir estos pasivos ambientales”, dice el coordinador.
Para buscarle una salida a este problema, el equipo incluyó entre sus recomendaciones a los funcionarios la idea de que, a través de mecanismos democráticos transparentes, los gobiernos lleven a cabo esquemas de ordenamiento territorial. “Pero este tiene que ser un proceso participativo, no una imposición de un gobierno central porque, si los pobladores del Amazonas no tienen voz para definir qué se va a hacer en su territorio, las políticas se quedarán en un papel inútil que simplemente suena coherente”, dice Lenin Valencia.
Con este panorama sobre la mesa, los expertos creen que el problema debe ser visto por los gobiernos como un conflicto regional en el que se deben buscar soluciones conjuntas que no sólo se concentren en frenar a quienes extraen el oro en las minas sino también la cadena de comercialización. “No sólo el minero es ilegal sino toda la cadena. Tenemos que trabajar en romper esos nexos entre quienes sacan oro de Araracuara en Colombia o en Madre de Dios en Perú y los empresarios en Suiza y Estados Unidos que lo están comprando. Se requieren protocolos que obliguen a las empresas a comprar oro legal. Se hace con los diamantes, se hace con la madera, ¿por qué no se está haciendo con el oro?”, se pregunta la investigadora peruana Carmen Heck, del SPDA.
Por: Angélica María Cuevas Guarnizo