El 15 de Julio del año 2015 el Tribunal Superior de Pasto, con la sentencia de Primera Instancia Nº 2015-00559, concedió tutelar los Derechos fundamentales a la Consulta Previa, debido proceso y autonomía de la comunidad Inga de los Municipios de Villagarzón y Puerto Caicedo a favor de laAsociación de Cabildos Indígenas Inga de Villagarzón y Puerto Caicedo del Departamento del Putumayo- ACIMVIP. Los Principios constitucionales que irradiaron esta decisión son la Pluriculturalidad, Participación y demás del bloque de constitucionalidad que constituyen el núcleo esencial del Derecho a la Consulta Previa Libre e Informada tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
Suspendiendo el tribunal los efectos jurídicos de la Resolución 0573 del 3 de abril del 2012 emitida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior –DCP, que niega la presencia del pueblo Inga, en el área de impacto del proyecto de explotación petrolera -APE la Cabaña- de laCompañía Internacional Canadiense – Gran Tierra Energy Colombia, se confirma una vez más la vigencia del Estado Social de Derecho Colombiano.
Para comprender el contexto de este fallo, es necesario resaltar el proceso de empoderamiento y fortalecimiento político y administrativo de ACIMVIP- quien está organizada para cohesionar al pueblo Inga y no permitir que desaparezca la cultura indígena. En este camino que recorre ACIMVIP se ha encontrado que el Estado a través de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior – DCP, favorece los intereses de las multinacionales que explotan el territorio, y vulnera los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia.
El reto después de este fallo, consiste en como lo interpreta y asume la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior – DCP y la Multinacional Canadiense – Gran Tierra Energy Colombia, Compañía Internacional de exploración y producción de petróleo y gas, con sede en Calgary, Canadá. Estos dos últimos, empecinados en negar y vulnerar los derechos del pueblo Inga.
Este fallo judicial es el resultado de un trabajo de –ACIMVIP, pero también el inicio de un nuevo proceso de resistencia cultural, ya que las estrategias y dinámicas que viene implementando la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior – DCP, en su papel de coordinador y garante de este Derecho, son la desintegración y fractura de las organizaciones indígenas, la asimilación cultural y la negación del alcance político de la autonomía de los pueblos indígenas. Lo anterior se puede leer, analizando el modo de operar de la dirección de Consulta Previa, que actúa en complicidad con las empresas extractivistas.
Para sustentar lo anterior, basta con analizar los acuerdos de las empresas y los pueblos indígenas en los espacios consultivos que viene coordinando la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior –DCP. Estos acuerdos consisten en proyectos de ganadería, construcción de escuelas o infraestructura como puentes o mejora de caminos. Aprovechándose así de las necesidades de la comunidad y la ausencia de inversión del Estado. Además que la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior – DCP se niega a consultar los procesos a través las autoridades del pueblo Inga, queriendo fraccionar la identidad cultural y los procesos organizativos como el que ACIMVIP lidera.
Para completar el contexto de la tutela, se debe resaltar también las condiciones geográficas del piedemonte Amazónico, en donde las fuentes hídricas, la diversidad de flora y fauna y su endemismo, son considerados zonas hotspot, o áreas calientes de biodiversidad. Esta es una figura internacional que protege lugares con características ambientales, como las del Piedemonte Amazónico.
Como se puede establecer, este fallo de tutela encierra una realidad del Putumayo. Por una parte están los pueblos indígenas que están en riesgo de desaparecer, resistiendo y confrontados por el ejercicio de sus derechos, con un gobierno en cabeza de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior – DCP, cómplice de las multinacionales extranjeras como Gran Tierra Energy Colombia, que con la explotación del petróleo está dejando irreparables costos ambientales y culturales a la nación colombiana. Una Colombia sin la cultura indígena y ecosistema Amazónico es una Colombia pobre con una estructura administrativa que tiende al exterminio sistemáticos de sus habitantes alejándose de cualquier posibilidad de buscar la paz para los pueblos Indígenas de esta región del País.
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