A mediados de la década pasada, de la nada, Murcia se convirtió en un poderoso empresario. Acá, una manifestación en su favor.
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“Es la propia demandante quien, con su falta de elemental previsión y prudencia, propició la materialización del daño que ahora, esgrimiendo su propia anuencia al riesgo que convenientemente desatendió ante la promesa de recibir unos dividendos exorbitantes y a muy corto plazo, pretende endilgar a las entidades demandadas”.
Eso dice uno de los apartes claves de la primera sentencia de fondo dictada por un juez sobre las demandas contra el Estado interpuestas por los miles de colombianos ‘tumbados’ por las ‘pirámides’.
El Juzgado Primero de descongestión de Pasto atendió los argumentos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y consideró que fueron los propios ciudadanos los que se expusieron a las estafas al invertir en instituciones no autorizadas para captar dinero del público, como DMG y Dfre.
Es una decisión clave porque debe marcar la pauta en otras 339 demandas, además de 58 acciones de grupo, las cuales pretenden que la Nación pague cerca de 46 billones de pesos perdidos, según los reclamantes, en las ‘pirámides’ desde mediados de la década pasada.
Los demandantes aseguraban que la Superintendencia Financiera debía responderles por un monto de 600 millones porque, supuestamente, no actuó a tiempo para impedir el funcionamiento de las firmas que prometían rendimientos financieros millonarios en muy corto tiempo.
En contravía, el juez de Pasto –que además es una de las ciudades donde más cursan procesos de este tipo, porque allí se remitieron los reclamos de Putumayo, departamento de origen de la famosa empresa de David Murcia Guzmán, DMG– consideró que los supuestos daños reclamados al Estado en realidad fueron propiciados por los afectados, mucho más si se tiene en cuenta que los intereses exorbitantes “eran de por sí sospechosos”.
“El Estado cuenta con la capacidad regulatoria y sancionatoria respecto de las actividades económicas y comerciales que los particulares practiquen, pero ello no es extrapolable al punto de que pueda intervenir impidiendo o delimitando la voluntad particular en las actuaciones y negocios jurídicos de orden privado que celebren los ciudadanos”, dice la sentencia, que sigue su trámite hacia el Consejo de Estado.
El juez advierte, si una persona genera un daño contra sus intereses a sabiendas de que su decisión de arriesgar su dinero no sigue los lineamientos legales –las ‘pirámides’ estaban y están por fuera del sistema financiero regulado y controlado por las autoridades–, que “no es jurídicamente procedente que este (el daño) sea indemnizado por el Estado”.
Tras la caída de Murcia, que terminó extraditado a los EE. UU. y con una pena pendiente de 30 años en Colombia, miles de afectados por sus negocios y también muchos pescadores en río revuelto demandaron a la Nación. Algunas de esas demandas ya habían sido negadas, pero por razones de forma y no de fondo.
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