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Una comisión de la Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente se desplazó al corazón del Valle de Guamuez, en el departamento de Putumayo, epicentro de los más duros ataques que este año se han producido contra la infraestructura petrolera del país.
Al cabo de un amplio recorrido por municipios como La Hormiga, San Miguel, Orito y Puerto Asís, así como varias reuniones con la comunidad, la Defensoría del Pueblo constató cómo a pesar de los compromisos adquiridos por las autoridades y la empresa privada con los líderes de la comunidad, para adelantar y culminar los trabajos de limpieza y para garantizar el abastecimiento de agua a los pobladores, no hay acceso al líquido vital y los focos de contaminación persisten.
La información recopilada en el terreno indica que el suministro de agua sólo se llevó a cabo durante los 21 días posteriores al atentado del 1 de Julio, quedando las familias supeditadas al surtido que puedan obtener de los ríos, los cuales aún están contaminados, por lo que las personas deben decantar el agua en baldes para luego consumirla, preparar los alimentos y lavar la ropa. De hecho, el único mecanismo alterno para abastecerse es el agua lluvia, cuando la naturaleza así se los permite.
La problemática es tan grave, que no obstante la visita y el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, los habitantes del Valle de Guamuez protagonizaron una jornada de bloqueo en las últimas horas, y hoy con la mediación de la Entidad se aprestan para participar de un nuevo comité de interlocución.
Sin embargo, considera la Defensoría que ante el incumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad, la violación de un derecho fundamental como el acceso al agua potable y los altos índices de contaminación que aún se registran en la zona, es menester que el Gobierno Nacional intervenga para ofrecer soluciones de fondo a una crisis que superó la órbita de las autoridades territoriales y que mantiene en riesgo la salud de decenas de familias en el departamento del Putumayo.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo solicitó a los ministerios de Medio Ambiente, de Minas y Energía, al Viceministerio de Agua, a Ecopetrol, a la Agencia Nacional de Hidrocarburos y a la ANLA adoptar las medidas correspondientes para superar esta difícil situación, a la vez que requirió a la Administración Departamental, a Corpoamazonía y a las empresas privadas que prestan sus servicios al sector petrolero en esa región, para que expliquen las razones por las cuales cinco meses después de suscitada la emergencia, el panorama se mantiene igual y no hay avances significativos para el restablecimiento de los derechos de la comunidad.
Vale la pena indicar que durante su visita, los funcionarios de la Defensoría evidenciaron cómo la limpieza del crudo vertido en los atentados atribuidos a las FARC (que como se dijo recientemente produjeron el derrame de más de 300 mil galones de combustible), se hizo a medias, toda vez que las manchas de hidrocarburos persisten, los olores son penetrantes y los residuos recogidos en Julio fueron abandonados en sacos que generan nuevos vertimientos sobre las carreteras y los afluentes que por allí pasan.
La Defensoría del Pueblo insiste en su llamado de urgencia para que se provean medidas eficaces de respuesta, pues además de las consecuencias para la salud humana y el ecosistema, el sustento de las familias y la economía en esa zona amenazan con desplomarse.