Cientos de campesinos impiden el paso de carrotanques cargados de petróleo en zona rural de Puerto Asís. Los pobladores se quejan de la erradicación manual y las autoridades aseguran que el Gobierno Nacional las dejó solas.
ElEspectador
Sintiendo el peso de las catástrofes ambientales de La Guajira y el Casanare, los campesinos del Putumayo se resisten a mirar impávidos los chorros de petróleo que corren por las carreteras y los ríos de la región. Cansados de los derrames y las explosiones causados por las Farc, recibieron devastados la decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de permitirle al Consorcio Colombia Energy incrementar sus operaciones en Puerto Asís, la ciudad más poblada y de mayor dinámica comercial del departamento. La nueva licencia, expedida el 30 de mayo, le permitirá a la compañía construir 100 nuevos pozos en 20 plataformas distribuidas en más de 12.000 hectáreas que, según los líderes de la región, están habitadas por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Con el objetivo de reversar esa decisión, los pobladores de una vasta zona rural conocida como el corredor Puerto Vega-Teteyé decidieron sabotear las operaciones del consorcio, cuyo operador es la compañía Vetra. Armados con palos, caucheras y bombas incendiarias, bloquean de manera intermitente la vía principal. Las restricciones a la movilidad obligaron a la policía a enviar contingentes del Esmad que, rodeados de militares, se encuentran apostados a la entrada de pozos y puentes para garantizar la salida de los carrotanques cargados de crudo. El alcalde de Puerto Asís, Jorge Eliécer Coral, asegura que “esa situación ha llevado a choques cada vez más frecuentes con los campesinos” y que “el petróleo es una maldición”.
Pero la inconformidad con las empresas no se reduce al tema ambiental, sino que está estrechamente relacionada con las carencias en infraestructura, salud, educación y servicios públicos que azotan al departamento y que no han encontrado alivio en las jugosas regalías que le gira a la nación el sector petrolero, cifra que ascendió a $9,8 billones en 2012. Mientras en 2004 se extrajeron del Putumayo 9.849 barriles de petróleo al día, en 2013 se obtuvieron 48.042, lo que convirtió el departamento en el quinto productor del país. El alcalde Coral lamenta que la reforma al Sistema General de Regalías haya centralizado el recaudo y cambiado la distribución de los recursos, lo que según él le quitó $12.500 millones anuales a la región.
En Villagarzón la situación no es más alentadora. Desde 2010 el Sindicato de Trabajadores Petroleros del Putumayo ha promovido asambleas permanentes, marchas y bloqueos de vías para protestar por la operación de la compañía canadiense Gran Tierra Energy, que en 2013 extrajo diariamente 24.771 barriles de petróleo de los suelos colombianos. Aunque representantes de la empresa han concertado mejoras laborales con los trabajadores y el gobierno local, el representante legal del sindicato, Yesid Calvache, asegura que los acuerdos no se han cumplido y que “las multinacionales no ocupan el personal calificado que tenemos, ni adquieren en la zona bienes, servicios o suministros, lo cual perjudica la economía”. A esa tensión se suman los panfletos con los que un grupo denominado Organización Defensora del Pueblo ha amenazado de muerte a los sindicalistas y generado temor en el municipio.
Otro problema es el de los sembrados de hoja de coca, un lastre que carga el Putumayo desde la década del 80, cuando el cartel de Medellín y el desaparecido jefe paramilitar Gonzalo Pérez afincaron el narcotráfico en la zona. En la memoria de los líderes están grabados el paro cívico del 94 y la multitudinaria marcha cocalera del 96, con los cuales se buscó aliviar la presión del Ejército sobre las poblaciones productoras y encontrar alternativas para sustituir los cultivos. Desde entonces, los campesinos y el gobierno han firmado sendos compromisos que no se han traducido en soluciones efectivas. Y aunque los sembrados se redujeron un 50% entre 2006 y 2012, alcanzando las 6.148 hectáreas, la crisis sigue latente.
Uno de los casos más preocupantes es el de la zona de reserva campesina Perla Amazónica, donde unas 700 familias viven de la coca y conviven con los pozos petroleros de Amerisur Resources y el Consorcio Colombia Energy. Allí, los campesinos denuncian que a la par de la erradicación manual no se están poniendo en marcha planes de contingencia para poder subsistir sin la hoja y que los costos del transporte y la falta de líneas de comercialización no les permiten vivir de la agricultura. Por eso, algunos de ellos se han vinculado como obreros a las compañías petroleras, lo que ha generado divisiones internas porque los puestos de trabajo son escasos. Pedro Arenas, miembro del Observatorio de Cultivos Declarados Ilícitos, opina que “es necesaria una transición para que los productores puedan dejar poco a poco los cultivos, porque hoy no cuentan con la infraestructura para cambiar de actividad económica”.
Y aunque en el paro agrario de 2013 se acordó frenar las fumigaciones con glifosato, hasta tanto no se presentaran propuestas alternativas, el alcalde de Puerto Guzmán, Édison Mora, denunció que las operaciones se reanudaron a finales de julio. Éder Sánchez, de la Mesa de Organizaciones Sociales, Campesinas e Indígenas del Putumayo, asegura que “los proyectos productivos de palmito, pimienta, cacao, plátano y yuca, que son financiados por el gobierno, también están siendo fumigados”.
El caldo de problemas sociales se ve agravado por la presencia del frente 32 de las Farc en Puerto Guzmán, Puerto Caicedo y Villagarzón, del frente 48 en el Valle del Guamuez, San Miguel, Orito y Puerto Leguízamo, y de esas dos estructuras en Puerto Asís. Líderes sociales denuncian que la guerrilla impone restricciones a la movilidad, establece “planes de convivencia” en las zonas rurales, recluta menores, regula la entrada a las fincas, desplaza a las familias de los militares, amenaza de muerte a los trasportadores de crudo y hasta expulsa a los sacerdotes.
Pero quizá el señalamiento más grave provenga del propio gobernador, Jimmy Díaz, quien en diálogo con El Espectador aseguró que los frentes de las Farc que operan en el Putumayo no respetarán lo que se acuerde en Cuba. Según él, “los grupos armados al margen de la ley que no se sienten representados en la mesa de La Habana (Cuba) se están refugiando aquí y van a seguir existiendo a costa de la extorsión, el terrorismo y los cultivos ilícitos”. La semana pasada, durante el Encuentro Regional de Paz organizado por la Redprodepaz, más de 300 líderes regionales también se mostraron desesperanzados por el futuro de los diálogos y expresaron su preocupación por que en la agenda no se incluyó la discusión sobre el tema minero-energético.
Esas y otras situaciones, como que no haya universidad pública, hospital de tercer nivel o agua potable, tienen al Putumayo al borde de un paro cívico que promete paralizar la industria petrolera. La comunidad, la iglesia y el gobernador Díaz le piden al presidente Juan Manuel Santos que haga presencia en el departamento y le recuerdan que 57 mil putumayenses votaron por él. Y es que, como dice el alcalde Coral, la gente se siente “inerme en una situación en la que no encuentra un eco respectivo, solamente esperanzada en que Dios y el Gobierno quieran ponerle el ojo a la región”.
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