La figura legal es denominada «Pago por Servicios Ambientales» y se podría aplicar para el Putumayo
Por: Agencia de Noticias de la U. Nacional
Las personas que destinen un pedazo de sus tierras productivas en sectores rurales de Medellín para sembrar árboles, podrían recibir dinero a cambio. Para ello, tendrían que dejar de contaminar con sus actividades agropecuarias.
Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín tiene la tarea de establecer los esquemas de pago a quienes dejen de contaminar, en una figura legal llamada «Pago por Servicios Ambientales».
El profesor Alberto Álvarez, integrante del grupo, manifestó que la idea es analizar seis cuencas de diferentes zonas y tomar una de ellas como laboratorio de la posible implementación del instrumento de pago.
El docente explicó que el estudio inició cuando el municipio de Medellín les encomendó estudiar las cuencas que surten los acueductos de las veredas, para determinar cuáles eran las áreas críticas y cuáles estaban localizadas en la base cero, es decir, cerca del nacimiento.
De esta forma, el grupo comenzó a analizar 11 de estas cuencas y a identificar los predios que están en las áreas de máxima importancia, sospechosas de causar impacto y dañar el caudal de las cuencas.
Se analizó en detalle el uso del suelo y se determinó que había algunas tierras que se debían comprar porque estaban dañando gravemente el caudal. En estos predios se encontraron los índices de criticidad muy elevados, pues tenían cultivos y marraneras que dañaban el agua.
Una vez realizado el estudio, la U.N. recomendó comprar los terrenos que más afectación causaban, pero debido a las complicaciones que esto traía a los campesinos y a la misma municipalidad en materia económica y social, se propuso establecer áreas en las que se pudiera pagar por los servicios aportados al medioambiente.
“Eso, justamente, es lo que se desarrolla en este momento. Se están analizando varios predios que colindan con ríos y quebradas y se les está separando una franja para que haya revegetación natural o se siembren árboles. Así el Estado puede pagar a los propietarios por los servicios ambientales que ofrecen”.
Otra alternativa es incentivar a quienes han reservado o protegido estas áreas de importancia en sus predios, con un pago para que sigan conservando ese territorio ambientalmente sostenible.
En este caso, se están analizando seis microcuencas en los corregimientos de Altavista, San Antonio de Prado, Santa Elena y San Sebastián de Palmitas. En la quebrada Ana Díaz se evaluará la viabilidad de aplicar el esquema de pago por servicios ambientales, que de acuerdo con los resultados se replicaría en otras zonas.
Es así como la U.N. tiene que crear una valoración del costo de oportunidad, es decir lo que produce el terreno. Este valor incluye lo que deja de ganar el agricultor si se le restringe una zona para producir; sobre esa valoración se planteará el pago.
El proceso comenzó hace tres meses y tomará unos dos más, para luego valorar la producción que tienen los propietarios allí y determinar si es posible llegar a un acuerdo con ellos.
Por ahora, en Colombia son pocas las experiencias que se tienen con este tema; sin embargo, el profesor Álvarez asegura que la valoración que se hace es revolucionaria, porque no se compra el predio ni se desplaza a la gente.
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