En el último año la defensoría ha conocido amenazas en contra de 1 Defensor Público en el Putumayo
La Defensoría del Pueblo hizo un llamado para la protección de sus funcionarios, ya que según cifras de esta entidad desde 2013 y hasta la fecha, se han presentado dos homicidios, un secuestro, un atentado sicarial con seis disparos de arma de fuego, y amenazas contra por lo menos 16 funcionarios entre defensores regionales y defensores públicos.
De los funcionarios amenazados, seis ya recibieron medidas de protección, pero el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, explicó que existe una “intimidación generalizada por miembros de los grupos armados, que se encuentran en post-desmovilización , muchos de ellos de las Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) en Antioquia”.
El defensor, recordó que en la zona rural de Yolombó (Antioquia), el pasado viernes fue retenido el defensor público Luis Fernando Ramírez Jaramillo, quien fue advertido para no continuar con sus labores o podría ser afectado él o su familia, por un individuo identificado como ‘El Chulo’, quien sería un supuesto cabecilla del Bloque Mineros, ligado a las bacrim de Antioquia.
De igual forma el defensor público en el municipio de Tarazá en este mismo departamento recibió un mensaje en este mismo sentido.
El defensor del Pueblo, dio aviso de esta situación frente a los ministros de Defensa y del Interior, Aurelio Iragorri y al Director de la Policía, para que las medidas de seguridad necesarias sean adoptadas.
En el último año la defensoría ha conocido amenazas en contra de 5 Defensores Públicos en el Meta, 4 en el Atlántico, uno en el Putumayo, uno en Caldas y una Defensora Comunitaria en el Cesar, que se suman a mensajes intimidatorios recibidos por los Defensores Regionales de Valle del Cauca, Magdalena y Risaralda.
Hechos que afectan a funcionarios de la defensoría
Noviembre de 2012: presuntos integrantes de grupos al margen de la ley, por medio de una llamada amenazante, declararon objetivo militar a tres defensores públicos en el departamento del Meta.
13 y 14 de enero de 2013: aparecen panfletos intimidatorios contra un defensor público del Atlántico, los cuales incluían una fotografía de su hija de 9 años de edad, y en los que le daban un plazo de 15 días para salir de Barranquilla si no quería que la niña pagara las consecuencias.
Las amenazas cobijaron a otra funcionaria de la misma regional el 24 de abril de ese mismo año, a través de llamadas telefónicas.
19 de abril de 2013: una defensora pública del departamento de Caldas luego que realizar una visita a la cárcel de La Dorada, fue seguida, por un vehículo, de manera intimidante.
11 de mayo de 2013: una defensora comunitaria de la regional Cesar fue víctima de un atentado con un artefacto explosivo, en su vivienda de Valledupar.
22 de mayo de 2013: allegados a una persona condenada por captación masiva de dinero, amenazaron a un defensor público en el departamento de Putumayo advirtiéndole que debía abandonar estos procesos.
19 de Noviembre de 2013: Con varios disparos, el funcionario administrativo Vicente Noguera Linero fue atacado por sicarios en Santa Marta, allí resultó gravemente herido.
10 de diciembre de 2013: un defensor público de la regional Atlántico, recibió amenazas directas de un recluso de las ‘bandas criminales’.
12 de diciembre de 2013: Emigdio Conde Molina, defensor público de La Macarena (Meta), fue asesinado.
17 de enero de 2014: el Defensor del Pueblo de la Regional Risaralda, recibió una llamada telefónica amenazante en su despacho.
29 de enero de 2014: una defensora pública del departamento de Antioquia, recibió una llamada intimidatoria.
17 de febrero de 2014: Hilda Myriam Lasso Largacha, defensora pública, fue asesinada en Puerto Tejada (Cauca), al parecer por menores de edad, quienes fueron capturados por la Policía Nacional ese fin de semana en el barrio La Esperanza de ese municipio.
18 de febrero de 2014: amenazas directas contra el Defensor Regional del Magdalena por la gestión institucional en el predio La Conquista de Santa Marta.
A estos hechos se suman a las amenazas recibidas por el Defensor Regional del Valle del Cauca debido a su gestión en el puerto de Buenaventura, donde se ha denunciado el accionar de las ‘bandas criminales’.