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La Corte Constitucional citó a audiencia pública al Gobierno Nacional para que de cuenta del cumplimiento de una serie de órdenes que esa Corporación ha dictado para la protección de pueblos indígenas.
La Corte estimó que aún no se han superado graves problemáticas de pueblos indígenas detectadas desde el año 2009, relacionadas con desplazamiento forzado y el confinamiento que exponían a los pueblos a su inminente desaparición y por eso citó a audiencia para el próximo 12 de agosto.
Allí, todos los Ministerios, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, la Unidad de Víctimas, la Unidad de Tierras, el Departamento Nacional de Planeación, el Programa de Acción Integral Contra Minas Antipersonas, el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros deberán dar cuenta de los avances en materia de salvaguarda de los derechos de las comunidades indígenas.
También están citados los gobernadores de Arauca, Chocó, Nariño Putumayo, Meta, Guaviare, Risaralda, Quindío y Caldas y los alcaldes de Tumaco, Nariño, y San José del Guaviare, Guaviare, “territorios donde pese a la intervención de la Corte, a través de la exigencia de medidas urgentes de atención y protección, la crisis humanitaria de las comunidades y pueblos indígenas desplazados se torna cada vez más grave”.
A la sesión deberán acudir además el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, la Contralora General de la República, Sandra Morelli, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora; y el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, para que presenten un informe consolidado y detallado sobre las medidas para solventar la “aguda crisis humanitaria” y para evitar la impunidad de los crímenes de los que han sido víctimas.
En la sesión, se escucharán a representantes de 34 pueblos indígenas, así como de varias organizaciones que velan por sus derechos y al Consejo Noruego para los Refugiados y a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados –ACNUR.
La Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004, que estableció una serie de cosas inconstitucionales en materia de desplazamiento forzado interno, resaltó los riesgos en los que están los comunidades indígenas y sus líderes por amenazas, enfrentamientos armados y señalamientos sobre supuestos apoyos a grupos ilegales.
Todo esto se traduce, dice la Corte, en inseguridad alimentaria, enfermedades, pérdida de sus prácticas tradicionales, entre otros.