La inmensa mayoría de los colombianos queremos la paz. Se podría decir que todos queremos la paz. Por la polémica que se formó en torno a cómo se debe negociar la paz con la izquierda levantada en armas, se concluye que determinados sectores no quieren la paz. Y el más preclaro de esta posición es el ex presidente Álvaro Uribe, quien está convencido que la paz debe lograrse arrasando a los contendores hasta eliminarlos de la escena política. Para él y todos sus secuaces, la guerra ha sido un gran negocio.
La actitud política uribista es heredera de la cultura política de la época colonial que muchos creen que ya está superada; esa fue la cultura de la exclusión social y la violencia, origen de las atrocidades que vivimos en el presente, causante de las innumerables guerras civiles del siglo XIX, la guerra de los mil días, la violencia de los años 50, el levantamiento en armas de sectores de la sociedad colombiana y la barbarie paramilitar de principios del siglo XXI.
¿Cuáles son los reales intereses que persiguen quienes se atrincheran en opuestas posiciones respecto al proceso de paz? Cito las que creo son las más importantes en la puja por sacar las más jugosas ventajas en las negociaciones de paz para unos pocos privilegiados por un lado, y lograr un escenario donde se pueda acceder a los derechos sociales y económicos para la gran mayoría de colombianos, por el otro. Están:
1. Los gremios económicos nacionales y extranjeros.
2. El gobierno presionado por las multinacionales, la banca multilateral y los gremios económicos nacionales.
3. La ultra derecha capitaneada por el ex presidente Álvaro Uribe.
4. Las FARC que aspiran a una negociación favorable en medio del aislamiento político.
5. Los ciudadanos aspirantes a crear un clima social de convivencia, de productividad e ingresos para vivir con dignidad.
6. Las víctimas del largo y horroroso conflicto violento en Colombia.
Los gremios económicos nacionales y extranjeros necesitan deshacerse del fardo de la violencia opositora para invertir capitales sin riesgos en nuestro país y exprimir nuestra economía sacando la máxima plusvalía, pagando bajos impuestos y utilizando menos mano de obra y más barata en la medida que se incrementan las nuevas tecnologías de producción.
El gobierno del Presidente Santos se juega su prestigio y sus intereses. Si logra la desmovilización de las FARC, obtendrá el beneplácito de industriales, banqueros y multinacionales. Es seguro que logrando avances significativos en el proceso de paz se crea un ambiente de confianza en la población de que la paz por fin es posible y en esa medida la reelección está asegurada.
Si el Presidente Santos logra su propósito estratégico de la paz, el morbo político uribista queda pisando terreno en falso, vociferando como perro ladrándole a la luna, pretendiendo seguir provocando reacciones mentales moralmente insanas como lo ha venido haciendo en la escena política de nuestro desangrado país.
Las FARC añoran en este proceso de paz las condiciones óptimas de negociación que despilfarraron en San Vicente del Caguán. De la oportunidad que tuvieron de negociar con fortaleza un acuerdo político con grandes ventajas, hoy les toca negociar con humildad. El escenario es bien distinto porque la correlación de fuerzas cambió. El asilamiento político en que cayeron las FARC, ya no les permite hablar con egolatría. Para llegar a la situación de debilidad en que se encuentran hoy, cada gobierno, desde el del presidente Samper, pasando por el de Pastrana y los dos períodos de Uribe, si bien sus estrategias fueron diferentes, cada uno aportó su grano de arena para colocar a las FARC en una condición de rendición.
La propuesta de paz del gobierno de Pastrana tenía dos opciones. La una, si las FARC acogían el camino de la paz negociada, al explorar dicha alternativa se lograba un paso enorme en la pacificación del país. La otra, si no se lograba un acuerdo de paz, quedaba fehacientemente demostrado ante el país, y así ocurrió, que la guerrilla no estaba interesada en la paz y el progreso de Colombia; y así quedó justificada la guerra. Y quién tuvo justamente la propuesta apropiada y en el momento ideal para lanzar la ofensiva guerrerista contra Tirofijo y su corte? Precisamente “El Gran Colombiano” de hoy: Álvaro Uribe Vélez. Mientras las FARC se dedicaron al relajo en San Vicente del Caguán, la inteligencia de las Fuerzas Armadas hizo su “agosto” a gusto: acopió toda la información necesaria sobre la realidad del grupo guerrillero. La operación jaque del rescate impecable de secuestrados confirma lo antedicho.
Los ciudadanos aspiramos a crear un clima social de convivencia, de productividad e ingresos que nos permitan vivir con dignidad. Necesitamos que cese la violencia y se active la economía con redistribución equitativa del ingreso. Es decir, que al productor material de la riqueza nacional le corresponda una participación digna en el aprovechamiento de la plusvalía generada con el trabajo.
Las víctimas del largo y horroroso conflicto violento que hemos soportado los colombianos claman pronta y efectiva justicia. La Ley 975 DE 2005 (julio 25) de Justicia y Paz, modificada en su articulado por la Ley 592 de 2012, ha abierto posibilidades de resarcimiento de las familias azotadas por la violencia en Colombia. Todo depende de que las víctimas puedan utilizar los instrumentos de acceso a la justicia de manera pronta y efectiva.
En conclusión, es pertinente apoyar las negociaciones actuales, independientemente de si el Presidente Santos sale beneficiado con la reelección. El Presidente podría ser cualquiera; pero la oportunidad de lograr la paz es única. Escucho y leo lo que dicen muchos, llenos de resentimientos, tan mórbidos como Uribe, que al hablar pestes de las FARC, solo se quedan en eso, en una posición mezquina y retaliativa. Puede que al llegar a feliz término las actuales negociaciones de paz los costos económicos sean altos; pero comparados con los costos de la guerra durante los últimos 60 años, los de la paz son irrisorios.
Por Ricardo Pantoja miembro del Colegio Nacional de Periodistas