- Según el personero de Mocoa (Putumayo), Honer Fidencio Fajardo, “las empresas de transporte del municipio no brindan el servicio de traslado de pacientes
Un informe de la Federación Nacional de Personeros demuestra que los colombianos siguen acudiendo a este mecanismo para hacer defender su derecho a la salud.
Las tutelas se constituyen casi en la herramienta exclusiva para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, ante un sistema de seguridad social en salud que opera de manera retardada, ineficiente e inoportuna, que demuestra claramente la negligencia en la prestación del servicio». Con esta declaración de Andrés Santamaría, presidente de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), podría resumirse el informe que acaba de revelar esta organización, sobre el uso frecuente que siguen haciendo los colombianos de este mecanismo para defender su derecho a la salud. En el primer trimestre de este año las personerías reportaron 1.018 acciones de tutela y 184 incidentes de desacato para este fin; en 2012 las primeras sumaron 12.179 y los segundos, 2.607.
Según Fenalper, someter a los pacientes a este tipo de trámites judiciales agrava su situación, constituye tratos crueles e inhumanos y puede llevar a su muerte en el lapso de espera de la respuesta judicial o de acatamiento del fallo por parte de la EPS o las clínicas y hospitales. En lo que va de 2013, los usuarios de Neiva, Armenia, Villavicencio, Valledupar e Ibagué, son los que más han tenido que acudir a esta herramienta para hacer valer sus derechos.
Pero la tutela ya no es el mecanismo exclusivo utilizado por los pacientes. Según Santamaría, los colombianos están acudiendo al incidente de desacato para «contraatacar» a aquellas entidades que no están acatando los fallos de tutela. «Los personeros denunciaron ante Fenalper que muchas EPS, ante la cantidad de fallos de tutelas a favor de los usuarios, se muestran renuentes al cumplimiento de dicha orden y han optado por esperar a que se presente el incidente de desacato, prestando la atención sólo hasta cuando, a través de este instrumento jurídico, se obliga al cumplimiento de la orden del juez de manera inmediata con la amenaza de una sanción jurídica», indica el informe.
Los principales argumentos expresados por los usuarios en estas acciones judiciales son: negaciones del servicio, traslado de pacientes, dificultades con remisiones y autorizaciones, asignación de citas médicas con especialistas, entrega de medicamentos, negación de medicamentos No POS (por fuera del plan de beneficios), atención a población carcelaria y desplazados, falta de convenios con clínicas y hospitales y demora en la autorización de procedimientos quirúrgicos.
Radiografía regional
Este informe, elaborado con la información entregada por 22 personerías del país, hace un recuento de las principales problemáticas en cada región. Estas son algunas de las conclusiones:
La Personería de Cali ha encontrado como principal problema la negación del servicio en atención de urgencias. En el primer trimestre del año ha recibido 267 quejas por vulneración al derecho a la salud, ocupando el primer lugar del total de quejas recibidas. El 30% de éstas corresponde a vulneraciones por parte de las EPS.
El ente de control en esta ciudad denunció además una guerra en la prestación del servicio de ambulancias por una práctica denominada «la lleva». En esta «batalla» quien tenga el primer contacto físico con el usuario es quien tiene derecho a transportarlo, pero el mayor problema es que no los están remitiendo al centro asistencial más cercano sino a las clínicas que les ofrecen comisiones para que les trasladen pacientes de accidentes de tránsito para el cobro del SOAT.
En el Chocó la falta de convenios con clínicas y hospitales para la atención de niveles II y III, y el faltante de médicos, son los mayores problemas. Por su ubicación geográfica municipios del país como Mocoa, San José del Guaviare, Leticia y Guainía no poseen una adecuada infraestructura vial que permita un fácil desplazamiento de los pacientes a otras ciudades, lo que genera costos adicionales tanto para los usuarios como para las EPS en el tema de transporte, ya sea en ambulancias (lanchas, helicópteros, aviones) o en transporte público.
Según el personero de Mocoa (Putumayo), Honer Fidencio Fajardo, “las empresas de transporte del municipio no brindan el servicio de traslado de pacientes, debido a que las EPS adeudan grandes sumas de dinero desde hace varios años, situación que ha llevado a los pacientes y familiares a tener que asumir sus propios gastos de traslado”.
En San José del Guaviare, la personera Maricela Lozano denunció que se presenta una circunstancia bastante compleja con las remisiones de los pacientes ya que sólo se tienen convenios con los hospitales de la ciudad de Villavicencio, lo que genera demoras en las autorizaciones o en muchos casos la negación de la prestación del servicio a quienes requieren atención especializada.
En Leticia (Amazonas) “el traslado de pacientes para atención del tercer nivel sólo es posible por vía área, que implica costos muy altos para los usuarios, y largos procedimientos para recibir la autorización del traslado”, como lo manifestó la personera de esta región, Amparo del Socorro Lozada.
En Neiva (Huila), existe un gran número de usuarios que se trasladan desde el departamento de Putumayo con autorizaciones para atención en clínicas y hospitales en las cuales no tienen contrato la EPS. En Yopal (Casanare), los mayores problemas corresponden a la omisión de las acciones de la tutela frente al requerimiento de remisiones de pacientes a centros asistenciales de mayor complejidad.
En Pereira, pacientes de clínicas y hospitales, incluso de la red pública, están siendo víctimas de secuestro simple, al ser retenidos hasta la cancelación de la cuenta por los servicios prestados o hasta la firma de títulos valores que garanticen el pago de ésta, de acuerdo con las quejas que el personero Diego Aranguren Riveros ha recibido. En el caso del Meta, la falta de convenios con clínicas y hospitales genera los mayores problemas en la atención de pacientes.
En otros municipios del país, como por ejemplo Córdoba, en el departamento de Bolívar, el Personero Municipal pudo constatar que se niega la prestación del servicio por parte de las EPS a pacientes con diagnóstico de enfermedades de alto riesgo o terminales, por generar altos costos en las contrataciones con las Instituciones Prestadoras de Salud, obligando a los pacientes a autofinanciar su tratamiento o a suspenderlo.
En el municipio de Pasto, Departamento de Nariño, según lo informó la personera de esta ciudad, Adela Aguirre, los servicios médicos se prestan a los usuarios ante la instauración de acciones de tutela, ya que las EPS niegan los servicios hasta tanto no haya un fallo judicial que ordene el recobro al FOSYGA.
Fuente : http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/articulo-424685-acudir-tutela-salvar-vida