Tanto va el cántaro al agua…

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Jaime Erazo - Columnista. CNP Putumayo
Jaime Erazo – Columnista. CNP Putumayo

Cuando la capacidad de gobernar es desbordada por las fuerzas sociales, el pueblo recurre a hechos que aceleran o presionan la atención a sus necesidades o la solución a los problemas que le afectan.

Tal es el caso de la anunciada movilización popular para que, los gobiernos nacional, departamental y municipal, así como también las empresas explotadoras del petróleo, intervengan efectivamente en la regulación del transporte terrestre de crudo que se realiza mediante la utilización de grandes vehículos, más conocidos como “mulas” por la capacidad de carga y la fuerza bruta que tienen.

Pero si a esos grandes vehículos de carga se les llama “mulas”, a sus conductores también se les podría dar el calificativo de “mulas”, no por la capacidad de carga o por la fuerza que poseen sino por la atufada, desconsiderada e irresponsable manera de conducir y de atropellar a cuanto vehículo y transeúnte se encuentran por las vías del Putumayo que a diario transitan. El afán de los millones de pesos que obtienen los grandes empresarios del transporte, importa más que la tranquilidad y la vida de quienes viven en el departamento.

Esos grandes vehículos, en menos de tres años han deteriorado las principales calles y avenidas de las cabeceras municipales por donde cruzan las tracto mulas, principalmente de Puerto Asís, Puerto Caicedo, Villagarzón y Mocoa, hecho que ha dejado ver la urgente necesidad de la construcción de circunvalares, sobre todo la de la ciudad capital ¿Y qué decir del daño causado a la pavimentación de la calle principal de Puerto Umbría realizada con el aporte de los transportadores y el trabajo de la comunidad?


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En justicia, las compañías petroleras deberían invertir parte de sus inmensas utilidades en su construcción, pues, son ellas y los inversionistas extranjeros los mayormente beneficiados con la explotación, producción, transformación industrial y comercialización del petróleo y sus derivados. La verdad sea dicha, a los putumayenses y a los colombianos se nos contenta con las migajas de las mal llamadas “regalías”, que para colmo de males, por debilidad en la estructura orgánica de las secretarías de planeación de los municipios y el departamento terminan financiado proyectos de otras entidades territoriales, que incluso, no son productoras de petróleo.

Las compañías explotadoras del petróleo en nuestro territorio, como parte de su responsabilidad social, no solo deberían reparar las calles y avenidas afectadas por el tráfico pesado de los vehículos de transportan crudo hacia las refinerías de Neiva y Cartagena, construir las circunvalares, pagar peaje por la utilización de las vías intermunicipales para su mantenimiento y reparación, sino también invertir en programas y proyectos que contribuyan con el desarrollo y bienestar de quienes vivimos en ésta tierra.

Pero si por los lados de las “mulas” llueve, por el lado de las bombas de gasolina no escampa ¿cómo es posible que en diez días se agote el combustible subsidiado? ¿Quién lo certifica? ¿Los alcaldes a través de sus funcionarios del control de precios, pesas y medidas? ¿La superintendencia delegada para energía y gas? No hay derecho a tanto atropello, a tanto abuso.No es justo que las medidas tomadas por el gobierno nacional para beneficiar a la mayoría terminen acrecentando las ganancias de unos pocos. Cómo que la cura terminó siendo peor que la enfermedad.

Y como si lo anterior no fuera poco, el alto costo de vida no se conduele del bolsillo delos putumayenses. A nivel departamental, pero sobre todo a nivel municipal, no se ha formulado una clara política económica en la que se contemple la intervención efectiva del Estado en la economía a través de una de tantas medidas como el de la regulación de los precios. ¿Cómo es posible que la reducción en el precio de la gasolina no incida para nada en la reducción de los precios de los artículos de primera necesidad?Lo lógico es que si se reduce el precio de la gasolina también se reduzca el precio del transporte de carga por kilo o por tonelada, reducción que se debe reflejar en la reducción en los precios de las mercancías y los artículos que integran la canasta familiar.


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Pero, como dice el adagio popular: “tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe”. Parece que el pueblo, en ejercicio de su soberanía, comienza a despertar de su prolongado letargo para recuperar su dignidad y dejar de mendigar sus derechos. La reunión realizada el día jueves 22 de mayo en el teatro de la Casa de la cultura de Mocoa y la ampliación de su comité, la decisión de reunirse el próximo 31 de mayo los comités municipales para tomar decisiones entre las que no se descarta la declaratoria de paro cívico y la manifestación de protesta de las empresas de transporte del pasado viernes 23 de mayo es una clara muestra de la inconformidad existente entre la ciudadanía.

Hechos como éstos no deben ser ajenos a los gobernantes de los municipios y del departamento, así como también, a los parlamentarios, concejales, diputados y dirigencia política;hechos como éstos los debe comprometer a redoblar esfuerzos para concertar y gestionar, ante el gobierno nacional y las empresas explotadoras del petróleo, de nuestro petróleo, los recursos necesarios para ejecutar obras de reparación y mantenimiento de las vías intermunicipales y las calles y avenidas de las cabeceras municipales, de igual manera, los recursos que permitan la pronta construcción de la circunvalar o variante para transporte de carga pesada en la ciudad de Mocoa; hechos como éstos les debe recordar que se les está acabando la época de cacarear sin poner huevo y que pueden cacarear pero cuando efectivamente han puesto el huevo.

Para finalizar, no sobra recordar que los derechos se pueden reclamar dentro del ordenamiento establecido por la constitución y por la ley.

Jaime Armando Erazo Villota
Miembro del Colegio Nacional de Periodistas
Seccional Putumayo

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