Los colombianos nos estamos acostumbrando a una justicia mediática, en la que todos quieren tener la razón por encima de los fiscales y los jueces. No ayuda para nada a la labor de impartir justicia que los medios hagan encuestas como la de la semana pasada en W Radio: ¿Qué opina de la situación jurídica del exministro Andrés Felipe Arias después de negársele la libertad por tercera vez?
@ricardosolarte
Y no sólo eso. Sino que comentaron este caso como el de un “pobre hombre” con el que se está cometiendo una injusticia. Independientemente del drama que está atravesando Arias y su familia, lo cierto es que determinar su libertad es de resorte exclusivo de los jueces que llevan su caso. Ellos tienen el conocimiento que el ciudadano de a pie no, y por eso no deberían poner a opinar al pueblo sobre algo que desconoce.
Pero este es el caso más reciente y, se podría decir, que el menos grave. Uno de los más emblemáticos donde la gente cree tener más razón que la misma Fiscalía es el del asesinato del joven universitario Luis Andrés Colmenares. Tanto así que los implicados Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas son culpables para un gran porcentaje de la población, sin que hayan sido vencidos en juicio aún.
Lo vimos también con la ex secuestrada Ingrid Betancourt, quien se vio presionada a renunciar a una indemnización a la que pudo haber tenido derecho porque “el pueblo determinó” que era una reclamación injusta. Sin embargo, muchos de sus compañeros de cautiverio, sin mucho ruido, recibieron unas sumas considerables del fisco nacional por los perjuicios causados.
En términos de impartir justicia somos demasiados emocionales y eso no es bueno para una sociedad. Ante un hecho que genera indignación pedimos a gritos: cadena perpetua o la pena de muerte para los responsables. Algunos políticos sucumben ante la tentación de esos clamores populares como la Senadora Gilma Jiménez, vocera del referendo de prisión perpetua para los violadores de menores.
Defender a nuestros niños de los violentos es un tema que nos preocupa a todos. Sin embargo, el Congreso, en su sabiduría, decidió hundir la iniciativa con argumentos sólidos al encontrarlo inconstitucional. Lo que preocupa es que se legisle al clamor de las masas. ¿Y qué tal si de aquí a mañana, las mayorías se indignan con algo menos grave que la violencia contra los menores? ¿Quién tiene el rasero para medir qué delitos merecen o no una cadena perpetua? ¿El pueblo? El hecho de que muchas personas piensen de una misma manera, no quiere decir que necesariamente tengan la razón.
Es cierto que los medios de comunicación tienen una función fiscalizadora de los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pero la fiscalización debe hacerse, en mi concepto, con una distancia prudente que deje actuar. En el caso de la justicia, sin conjeturas sobre procesos en curso, ni “mini-referendos” para medir qué tan populares son las medidas de los jueces. Esto sólo entorpece la ya difícil tarea de impartir justicia.
— Ricardo Solarte OjedaPeriodista especializado en Economía y Negocios
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