Por : Agustín Ordónez
A través de sendas resoluciones, fuertemente sustentadas y fundamentadas, la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda – DAF, le ha impuesto una sanción a casi todos los municipios del departamento, consistente en la suspensión de los giros de los recursos de calidad y gratuidad para la educación que anualmente deben recibir estos municipios. La DAF es la misma entidad que en el año 2009 ordenó la intervención de la educación del Putumayo.
Como se dice refrán popular, esta es “otra pata que le nace al cojo”. Cuando estamos avergonzados, hastiados y golpeados con tanta intervención en nuestro departamento y cuando creíamos que estábamos saliendo de eso, ahora ya tenemos lista una más. Con tantas dificultades que tiene la educación en nuestro departamento y con tan pocos recursos que tenemos para atenderla, creíamos que los municipios estaban haciendo el uso más eficiente de ellos. Ahora resulta que se van a retener los escasos recursos con que cuentan las administraciones municipales para contribuir a su sostenimiento.
A nuestro modo de ver, teniendo en cuenta de donde proviene y en lo que está fundamentada esta medida, se trata de otra intervención de la educación, recordando que en el año 2009 y principalmente por irregularidades en el manejo de los recursos, se ordenó la Asunción Temporal de la educación del Putumayo. El pasado mes de Diciembre cumplimos tres años desde que nuestra educación y sus recursos son manejados externamente y nuestra dignidad de putumayenses es pisoteada cada día.
Pero en este caso existen dos razones fundamentales para dicha sanción. La primera razón tiene como intención una medida correctiva que se aplicará a los municipios, no sabemos por cuánto tiempo. La segunda razón encierra una intención malévola.
La primera razón o sea la medida correctiva obviamente tiene que ver con la desorganización, falta de planificación e irregularidades en el manejo de los recursos de calidad y gratuidad para la educación que se le transfieren a los municipios. Estos hechos quedaron evidenciados en las inconsistencias detectadas por el sistema de información que cada Alcaldía le debe enviar al Ministerio de Hacienda y que no fue enviada o se envió mal. Esto denota también la falta de seriedad, compromiso y responsabilidad con que se trata a la educación en nuestros municipios. Desde este punto de vista y si las razones que expone la Dirección de Apoyo Fiscal son ciertas, consideramos que esta medida hasta puede ser necesaria, porque se debe erradicar de una vez por todas el desgreño administrativo.
Lo anterior quedó evidenciado también en la falta de respuesta y presencia de los Alcaldes municipales a la convocatoria que se les envió para que participaran en una de las reuniones de la Mesa de Concertación con los actores de la educación, que se ha venido realizando desde el mes de Junio de 2012, como producto de las propuestas que presentó el Comité por la Defensa de la Educación Pública del Putumayo, en las cuales ha venido participando el Ministerio de Educación, Hacienda, Planeación Nacional, La Gobernación, el ICBF, los representantes de los padres de familia, de los estudiantes, la ASEP y ASODIDP. Creemos que la sanción es también una represalia por su ausencia en esta reunión. Si mal no recuerdo solo el Alcalde de Sibundoy asistió.
La segunda razón de esta sanción encierra la intención malévola que siempre ha tenido el Ministerio de Educación de entregarle mayores responsabilidades presupuestales a los municipios para el sostenimiento de la educación. El Gobierno Nacional, desde la expedición de la nefasta ley 715 de 2001, ha venido buscando zafarse de su responsabilidad de financiar la educación de todos los colombianos y con este fin le viene aumentando las obligaciones a las entidades territoriales.
Lo que viene ahora con esta sanción e intervención es que el Ministerio va a querer tomar los recursos de la educación de nuestros municipios para destinarlos a financiar gastos que por ley le corresponden al Gobierno Nacional, como el transporte escolar, funcionamiento y dotación de internados, personal administrativo, dotación, mobiliario, etc., a los cuales obviamente deben concurrir las entidades territoriales con sus recursos, en forma eficiente y oportuna, pero en lo cual Ministerio de Educación no invierte un solo peso y quiere que estos gastos solo sean asumidos por la Gobernación y las Alcaldías.
Como quien dice, el Ministerio de Educación quiere “ganar indulgencias con padrenuestros ajenos”, tomando recursos que no le pertenecen para financiar gastos que si le corresponden.
Sería muy importante que los municipios corrijan cuanto antes las deficiencias que tienen en la información para evitar males mayores y que se comprometan a concurrir con sus recursos en los gastos que demanda la educación. Pero también es necesario que se pongan de acuerdo, que se unan a la comunidad educativa y entre todos le exijamos al Ministerio de Educación que haga lo propio y ayude a financiar los gastos que mencionamos y que son recurrentes o permanentes. Porque la respuesta que siempre nos dan es que ellos aportan con el SGP, el cual todos sabemos que es una asignación Constitucional, no un aporte del Ministerio de Educación.