Un respaldo a la libre expresión

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ElTiempo

La adhesión de mandatarios regionales a la ‘Declaración de Chapultepec’ constituye un hecho de vital importancia para la libertad de prensa en Colombia.

En un hecho de enorme importancia para la libertad de expresión en Colombia, alcaldes y gobernadores de todo el país adscritos a muy diversos partidos y movimientos firmaron ayer la ‘Declaración de Chapultepec’. El acto tuvo lugar en las instalaciones de este diario y contó con la presencia del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y de representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, entre ellos su presidente, el ecuatoriano Jaime Mantilla.
La historia de este documento se remonta a 1994, cuando, a instancias de la SIP, en el castillo de Chapultepec (México), líderes políticos, escritores, académicos, abogados constitucionalistas y directores de medios de comunicación del hemisferio se reunieron para redactar 10 principios rectores que deberían servir como marco de la libertad de prensa en el continente.


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Una vez promulgado, hace ya casi 20 años, el decálogo ha sido suscrito por numerosos mandatarios y personalidades del área. Lo han hecho convencidos de la importancia de un periodismo sin ataduras, como garantía de la viabilidad de cualquier democracia. Al mismo tiempo, la declaración ha sido una herramienta que ha permitido modificar leyes y acabar con protecciones especiales que eran un obstáculo para el desempeño del oficio.

Y así como los postulados que garantizan un ejercicio libre de la profesión siguen siendo los mismos, sin importar los cambios sociales, económicos o tecnológicos, las amenazas cambian con frecuencia su ropaje de acuerdo con el contexto y la época.
En Colombia, no obstante los avances -entre ellos, el que el año pasado no se hayan registrado asesinatos de comunicadores, cuando hace una década dicha cifra fue de 10-, el panorama dista todavía de ser óptimo. Y uno de los terrenos en los que es posible constatar más nubarrones es, precisamente, en las regiones. Allí es donde, infortunadamente, con más frecuencia aparecen obstáculos.

Estos son de diverso cariz. Van desde la intimidación de los grupos armados, muchas veces en asocio con redes cuyos tentáculos penetran sectores formales, hasta maniobras de funcionarios que, incómodos por valerosos trabajos periodísticos, deciden cerrarles espacios a sus autores. Para esto recurren a criterios poco transparentes a la hora de manejar la pauta oficial o simplemente socavan su credibilidad a través de acciones legales sin mayor sustento.

Centrar la atención en estas esferas es fundamental, y de ahí la importancia de lo firmado ayer. Y es que la salud de una democracia se mide no tanto por el diagnóstico del centro, sino de la periferia. Y esta será más precaria cuanto más asfixiada esté la prensa en tales lugares.


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Por ello, la adhesión a la ‘Declaración de Chapultepec’ debe ser entendida como una reafirmación bienvenida y necesaria de los mandatarios regionales de su compromiso con la defensa de un derecho cuyo ejercicio puede incomodarlos, a veces, pero cuya existencia es síntoma de una democracia fortalecida. La rúbrica es, al mismo tiempo, un poderoso antídoto contra las tentaciones de ejercer un control por fuera de los marcos ya fijados.

Y así como los firmantes quedaron comprometidos con no entrometerse en la labor periodística, tal libertad conlleva, por supuesto, serias responsabilidades para quienes ejercemos el oficio. Estas se desprenden de los principios éticos que lo rigen: ecuanimidad, transparencia, rigor, veracidad, entre muchos otros. Se trata de una relación de doble vía con la que se cimientan las libertades.

PRINCIPIOS

Una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad. No debe existir ninguna ley o acto de poder que coarte la libertad de expresión o de prensa, cualquiera sea el medio de comunicación.

Porque tenemos plena conciencia de esta realidad, la sentimos con profunda convicción y estamos firmemente comprometidos con la libertad, suscribimos esta Declaración, con los siguientes principios:

  1. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo.
  2. Toda persona tiene el derecho a buscar y recibir información, expresar opiniones y divulgarlas libremente. Nadie puede restringir o negar estos derechos
  3. Las autoridades deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en forma oportuna y equitativa, la información generada por el sector público. No podrá obligarse a ningún periodista a revelar sus fuentes de información.
  4. El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad.
  5. La censura previa, las restricciones a la circulación de los medios o a la divulgación de sus mensajes, la imposición arbitraria de información, la creación de obstáculos al libre flujo informativo y las limitaciones al libre ejercicio y movilización de los periodistas, se oponen directamente a la libertad de prensa.
  6. Los medios de comunicación y los periodistas no deben ser objeto de discriminaciones o favores en razón de lo que escriban o digan.
  7. Las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión y la concesión o supresión de publicidad estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas.
  8. El carácter colegiado de periodistas, su incorporación a asociaciones profesionales o gremiales y la afiliación de los medios de comunicación a cámaras empresariales, deben ser estrictamente voluntarios.
  9. La credibilidad de la prensa está ligada al compromiso con la verdad, a la búsqueda de precisión, imparcialidad y equidad, y a la clara diferenciación entre los mensajes periodísticos y los comerciales. El logro de estos fines y la observancia de los valores éticos y profesionales no deben ser impuestos. Son responsabilidad exclusiva de periodistas y medios. En una sociedad libre la opinión pública premia o castiga.
  10. Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público.

La lucha por la libertad de expresión y de prensa, por cualquier medio, no es tarea de un día; es afán permanente. Se trata de una causa esencial para la democracia y la civilización en nuestro hemisferio. No sólo es baluarte y antídoto contra todo abuso de autoridad: es el aliento cívico de una sociedad. Defenderla día a día es honrar a nuestra historia y dominar nuestro destino. Nos comprometemos con estos principios.

 


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