La Procuraduría Delegada para la Economía y Hacienda Pública inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años al exgobernador del departamento del Putumayo Felipe Alfonso Guzmán Mendoza.
La decisión obedece a que en su condición de ordenador del gasto omitió y no ejecutó 100 millones de pesos para la atención a los desplazados. A esto se suma que no incorporó 500 millones de pesos en el presupuesto de la vigencia 2008 para el mismo fin.
Esos dineros estaban dirigidos al subprograma de prevención, protección y atención a desplazados por la violencia. Esto ante la difícil situación de desplazamiento registrada en el departamento.
Para esa época se declaró el 2008 el año de la promoción de los derechos de la población desplazada y por tanto las autoridades territoriales, gobernadores y alcaldes, debían diseñar, instrumentar y aplicar una estrategia que permitiera mayores compromisos presupuestales y administrativos con destino a dicha población.
«Con su comportamiento omisivo, el mandatario departamental vulneró los derechos de este grupo de ciudadanos e incumplió lo previsto tanto en la Ley 387 de 1997 como en la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional», se destacó en el fallo.