Hoy se posesiona Gustavo Morales como nuevo Superintendente de Salud. La llegada de un técnico, sin vínculos con los políticos que tradicionalmente han detentado el poder de la salud, pone fin a la tradición de poner a los ratones a cuidar el queso y es el resultado de un muñequeo que le ganó el Ministro Alejandro Gaviria al senador Roy Barreras. Sin embargo, por eso mismo, sus retos son inmensos. El primer chicharrón que tendrá que enfrentar Morales es decidir si liquida o no la EPS Selvasalud, un caso que fue discutido ayer en la Comisión Séptima del Congreso y que refleja la dimensión de la tarea que le espera.
Selvasalud es una EPS del Régimen Subsidiado de Salud creada por los nueve hospitales del Putumayo y la Gobernación para prestar el servicio de salud en el departamento. Hace dos años, la Superintendencia de Salud la intervino. La noticia fue recibida con aplausos en el departamento que veían en la administración de la EPS un foco de corrupción después de que el gerente fue capturado.
Pero muy pronto se dieron cuenta que el remedio era peor que la enfermedad. El interventor solo presentó un Plan de Acción hasta marzo de 2012, un año y medio después de haber sido intervenida a pesar de que la ley da un plazo de un mes para hacerlo.
En una carta que le envió hace dos semanas el Gobernador del Putumayo a la Superintendente encargada dice que el interventor ni si quiera hizo un inventario de activos y pasivos ya que hasta principios de este año tampoco estaba depurada la contabilidad de la empresa. Ahora, ante el fracaso para salvar la EPS, hace una semana se ordenó su liquidación. Esto, a pesar de que el Gobernador y la red de hospitales socios han ofrecido condonar parte de la deuda puesto que esta EPS es una de las principales fuentes de empleo en el departamento y tiene más de 430 mil afiliados, casi 40 mil de ellos indígenas.
Las empresas del Valle: las ganadoras
Hasta el momento, entre los más beneficiados con esta intervención han sido empresas del Valle, a las que –según se denunció ayer en el debate- los interventores le han dado más del 90 por ciento de la contratación. Una contratación, que según una denuncia hecha por la Gobernación ante la Procuraduría, la Contraloría y el Ministro de Salud, tiene serios sobrecostos.
Ayer en el debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara, citado por el representante del Putumayo Luis Fernando Ochoa, salieron a relucir los nombres de Dilian Francisco Toro como de Roy Barreras. Ambos son senadores de la U y del Valle y no es la primera vez que son mencionados en relación con irregularidades el sector de la salud. Así lo documentó La Silla Vacía en el caso de la intervención de Saludcoop y en el caso de la gestión de pagos de las deudas que Caprecom tiene con hospitales.
En el caso de Selvasalud no hay prueba de la injerencia de ellos salvo que los interventores de esta EPS son conocidos de los senadores y que la contratación terminó transfiriéndose a empresas del Valle. Aunque algunos rumoran que estas empresas están relacionados con ellos, La Silla Vacía no pudo comprobar que existiera tal relación.
Tanto Barreras como Toro han dicho que siendo ambos médicos y del Valle es inevitable que conozcan a mucha gente del sector, pero que no por eso tienen algo que ver con lo que hacen interventores conocidos suyos.
Ayer, el interventor actual de Selvasalud Jaime Arturo Rondón dijo en el debate de control político que no conocía a Dilian Francisca. Sí reconoció ser amigo de Barreras cuando algunos representantes le mostraron una foto en la que él aparecía en la revista Jet Set en la fiesta de matrimonio de Roy. Pero dijo que él había llegado al cargo de interventor por méritos y no por recomendación del senador.
En la fiesta de matrimonio de Roy también estuvo Rosario Eugenia Tafur, la segunda interventora de Selvasalud, y quien, según El País de Cali, es de su cuerda política. Y Carlos Arizabaleta, el cuñado de Roy, fue asesor de Edgar Pabón, el primer interventor de Selvasalud. La Silla buscó al senador Barreras pero no pudo hablar con él.
A Pabón también lo relacionan con Dilian Francisca Toro porque fue el liquidador de CaliSalud, la EPS de la Alcaldía de Cali, que siempre ha sido considerada un fortín político de la senadora, aunque ella ha negado haberlo puesto allí, como lo contó La Silla. El actual interventor Rondón y Tafur también trabajaron en Calisalud.
Las irregularidades
Según la denuncia de la Gobernación del Putumayo, la interventoría de Selvasalud ha tenido muchas irregularidades. La primera es que la contratación –en más del 90 por ciento- se ha hecho con empresas del Valle. Desde las ambulancias hasta la nómina.
Según denunció la Gobernación del Putumayo, la contratación de la nómina se hizo a través de cooperativas por 17.500 millones, con sobrecostos por más de 6 mil millones de pesos. La nómina de Selvasalud cuando no estaba intervenida costaba 320 millones de pesos mensuales menos de lo que le cuesta a la empresa contratada durante la interventoría.
En el Putumayo hay sospechas sobre la contratación de la nómina no solo por los presuntos sobrecostos sino por un episodio que sucedió a mediados de año. El interventor venía contratando la planta de personal de Selvasalud con la Cooperativa de Trabajo Asociado Solidez, una empresa del Valle.
Pero cuando se prohibió este tipo de contratación con cooperativas para lograr la aprobación del TLC con Estados Unidos, la Selvasalud intervenida realizó una nueva convocatoria para la contratación del personal entre julio y diciembre de 2012 por cuatro mil millones de pesos.
A la convocatoria solo se presentaron Solidez y Aliados Asociación Sindical, una empresa creada en mayo de 2012, justo después de que salió la ley que prohibía contratar con cooperativas.
Lo insólito para algunos de los socios de Selvasalud es que Solidez, que venía contratando durante toda la intervención a un 8 por ciento mensual de AUI (Administración, Utilidad, Impuestos) para esta convocatoria subió el AUI al 9 por ciento, lo que permitió que Aliado Sindical se ganara el contrato puesto que cobraba un punto por debajo.
“Fueron las únicas propuestas y ambas con el mismo sobrecosto”, dijo una fuente a La Silla que ha documentado el caso.
La Silla no pudo hablar con ninguna de las dos empresas. Frente a este punto, que también se ventiló ayer en el debate, el interventor no se pronunció.
La contratación de medicamentos
A los hospitales socios también le quitaron el suministro de medicamentos. Uno de esos contratos fue celebrado con Farmart Ltda, una IPS del Valle, por mil millones de pesos.
Según le dijo el Gobernador a la Superintendencia, en ese contrato la empresa le dio a la Selvasalud intervenida un descuento de entre el 7 y el 10 por ciento mientras que en el Putumayo los hospitales socios daban entre el 25 y el 40 por ciento. “Solo en ese contrato se desperdiciaron entre 180 y 360 millones de pesos”, dice el gobernador Jimmy Harold Díaz.
Frente a este punto el interventor ha explicado que la interventoría disminuyó el costo de los medicamentos de primer nivel, lo cual es cierto. Pero la Gobernación alega que antes de la intervención, el suministro de medicamentos lo hacían los hospitales socios con lo cual esa mayor utilidad la utilizaban para contratar las promotoras de la zona rural del Putumayo. Ahora estas utilidades –que en la Gobernación calculan que ascienden a 7 mil millones de pesos- están quedándole a los privados.
La interventoría también contrató a una empresa del Valle, C & R Outsourcing Ltda, para ir a los municipios y liquidar los contratos con Selvasalud, a pesar de que en la nómina de Selvasalud ya existen 41 personas en varias regiones con esta función.
Ayer en el debate, el interventor Rendón dijo que habían contratado con empresas del Valle porque allí había buenas clínicas y buenos servicios y eran las que habían ofrecido los mejores precios. La interventoría también ha esgrimido como argumento para la liquidación que en los estados financieros encontraron pérdidas por 38 mil millones, producto princialmente de facturas de cuentas médicas que “se encontraron guardadas en el clóset y escondidas afectando de manera negativa el resultado”.
La Gobernación pidió a la Superintendente encargada que le mostrara las facturas pero hasta el momento no las ha visto. En todo caso dice que si eso es cierto es imposible que cualquiera de esas facturas supere el monto del tratamiento más costoso que es de dos millones de pesos en promedio, lo cual solo explicaría 10 mil millones, no los otros 30 mil.
Más allá de las irregularidades en la interventoría, el hecho que sí es muy grave es que cuando la Supersalud decidió intervenir a la EPS con el fin de salvarla, esta tenía deudas por 16 mil millones de pesos. Después de 26 meses de intervención, la deuda ha aumentado a 52 mil millones de pesos.
Ahora Gustavo Morales, un abogado de la Universidad de los Andes, que fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y alto directivo de los gremios de Fasecolda y de la Cámara Colombiana de Infraestructura, tendrá el reto de resolver la reposición que puso la Gobernación a la orden de liquidar Selvasalud. Morales también es del Valle pero viene de un mundo alejado de los políticos de su departamento.
Tocará ver si con todo el respaldo del ministro Alejandro Gaviria, que puso como condición para aceptar el puesto que le dejaran nombrar al Supersalud, logra desenredar la madeja de intereses de la entidad y ejercer una verdadera vigilancia del sector.