“… grandes extensiones de tierra … han sido compradas apresuradamente por extranjeros en Putumayo, Huila, Cauca, Caquetá, Nariño y el piedemonte de la Cordillera Oriental”.
Por: Tusemanario.com
El proyecto de reforma constitucional que limita el acceso a la propiedad privada de las personas naturales extranjeras y de las personas jurídicas con capital extranjero, o quienes actúen en su nombre, no frenará ni es una talanquera a la inversión productiva foránea; se trata es de proteger la tierra como recurso estratégico natural y la seguridad alimentaria presente y futura de todos los colombianos. Así lo explicó el senador Hernán Andrade, autor del proyecto y coordinador de ponentes, luego de que la Comisión I de Senado la aprobara en primer debate por 8 votos a favor y 4 en contra.
Dijo Andrade que, contrario a lo afirmado por el Gobierno Nacional, la iniciativa tiene motivos de utilidad pública, en aras además de salvaguardar la soberanía nacional. Explicó que el proyecto se origina, además, en la condición que tiene Colombia como uno de los países más vulnerables en materia de tierras, tanto por la calidad de las mismas como por sus aguas. “Informes de expertos señalan que grandes extensiones de tierra que forman parte de los ríos que nacen en el Macizo Colombiano, han sido compradas apresuradamente por extranjeros en Putumayo, Huila, Cauca, Caquetá, Nariño y el piedemonte de la Cordillera Oriental”.
Proyectos similares ya están vigentes, dijo el senador conservador, en países como Brasil, Argentina y Uruguay, en aras de preservar el control nacional en uno de los recursos más finitos, como es la tierra; “además este es un supuesto necesario para materializar los postulados de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras”, señaló. Y lo que es más diciente, enfatizó, es que en países tan abiertos a la inversión mundial como Canadá, la provincia Prince Edward Island limita a las corporaciones a adquirir un máximo de 1.200 hectáreas y a los individuos, 400 hectáreas; en EE.UU. tiene estados restrictivos como Indiana (que prohíbe la venta a extranjeros que no tienen intenciones de naturalizarse) y Iowa (que prohíbe la venta de tierras a extranjeros). Y en Australia está en discusión una ley para auditar las tierras y los cursos de agua en manos de extranjeros.
Dijo Andrade que también está claro, según la Constitución misma y la jurisprudencia de la Corte, que el reconocimiento de los derechos de los extranjeros no implica que en nuestro ordenamiento esté proscrita la posibilidad de desarrollar un tratamiento diferenciado con los nacionales.