Durante el transcurso de la anterior y la presente semana, las informaciones sobre las fumigaciones indiscriminadas a cultivos lícitos e ilícitos y sus graves consecuencias económicas, políticas, sociales y ambientales han causado en los putumayenses reacciones de desconcierto, desesperanza, impotencia, ira, y sobre todo, han dejado una preocupante huella de odio y resentimiento que en nada favorece al ordenamiento jurídico y e institucional.
Como toda guerra, la guerra contra el narcotráfico es implacable, cruel e inhumana. El objetivo es claro: ganar la guerra al costo que fuere necesario, por lo tanto, hay que expulsar a los colombianos que en busca de mejores oportunidades se atrevieron a cultivar la hoja de coca que contiene el alcaloide tan apetecido en los mercados norteamericanos y europeos.
Al lado de lo ilegal crece o prolifera lo ilegal: guerrilla, paramilitarismo, delincuencia común, sicariato y corrupción político administrativa. Pero las consecuencias de lo ilegal van más allá, permean todo el tejido social, se vuelven extensas, intensas y complicadasde erradicar: alcoholismo, drogadicción, prostitución, relajamiento de los valores, improductividad, violación de los derechos humanos, desplazamientos masivos, hacinamiento, creación de cinturones de miseria, desolación y muerte.
Los sembradores de la hoja de coca se han convertido en objetivos de la “política de tierra arrasada” que consiste en eliminar cualquier cosa que les pudiera ser de utilidad para que pueda sobrevivir en lo más recóndito del territorio putumayense, según la estrategia, a los cultivadores de coca hay que obligarlos a salir de los territorios que ocupan para dedicarse a loilícito o presionarlos para que vuelvan a depender de los cultivos lícitos como el plátano, la yuca, el cacao, el arroz, la piña, la piscicultura, la ganadería. En ésta guerra no hay tu tías, cambian o cambian, no existe otra alternativa.
El problema más que ético o moral es de tipo económico puesto que el narcotráfico es un negocio ilegal altamente lucrativo desangra la economía de los Estados Unidos y en Colombia permite la conformación de poderes que desafían y ponen en serio peligro el ordenamiento jurídico establecido. Para los expertos, el problema no son los cultivos ilícitos, sino el retorno de capitales a través del lavado de dinero, el contrabando, la compra de tierras y la conformación de ejércitos privados al servicio de los que impulsaron la guerra sucia en el país.
La decisión de fumigar o no fumigar depende directamente del Presidente de la República, no de los gobernadores ni de los alcaldes o de los comandantes del ejército y la policía que solo cumplen órdenes. De ahí que no hay que perder el tiempo tratando de buscar responsables o chivos expiatorios en estos funcionarios e incluso en algunas instituciones del orden municipal, departamental y regional.
Ante las anteriores circunstancias hay que ser prácticos, acertados, “hay que hablar con el dueño del circo”, pero para hacerse oír del Presidente de la República hay que unir todas las voces de los putumayenses: parlamentarios, gobernador, diputados, alcaldes, concejales, gremios, sectores, organizaciones no gubernamentales, juntas de acción comunal, docentes, estudiantes y sociedad en general.
Plausibles son las voces de protesta y de reclamación que se originan desde el departamento, de igual manera, las gestiones que hacen nuestros mandatarios, alcaldes y gobernador, ante el gobierno central. Pese a lo anterior, todavía no es suficiente, hay que sumarle la de todos los estamentos de la sociedad putumayense, incluso, lograr el apoyo de organizaciones internacionales con la suficiente autoridad y prestigio para hacerse escuchar del gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de los países europeos.No hay que olvidar que una sola golondrina no hace verano y si no sees lo suficientemente fuerte, consistente y efectivo, puede pasar lo que a los perros cuando le ladran y ladran a la luna.
Jaime Armando Erazo Villota Mocoa, 16 de junio de 2012