Cuando se escucha hablar de San Miguel-Putumayo, municipio fronterizo con la República de Ecuador, nos imaginamos una población muy activa, de gran progreso y mucha actividad económica e interinstitucional, una tierra afortunada y beneficiada por las ventajas comparativas que representan las varias leyes, acuerdos y tratados fronterizos binacionales; de grandes inversiones en infraestructura por ser una de las entradas y la primera imagen de nuestro país desde el sur del continente; de un inmenso y variado fluido comercial binacional donde las cámaras de comercio de Putumayo y la provincias fronterizas de ecuador tienen los acuerdos, planes y programas conjuntos, concertados y en ejecución, debidamente avalados por las cancillerías de los dos países; de un eficiente manejo y rotación cambiaria entre el dólar (moneda ecuatoriana) y el peso colombiano; de una amplia presencia institucional colombiana en torno a la diplomacia fronteriza; en fin hablar de San Miguel – Putumayo de inmediato se viene a la mente una población muy dinámica y boyante producto del mismo movimiento fronterizo y su vía transnacional.
Pero cuán lejos está ese San miguel imaginado, con la realidad que vive hoy nuestra gente putumayense en ese municipio fronterizo; y cuan olvidado permanece no porque esté en el último rincón de Colombia, sino porque sus gritos de auxilio no son escuchados con verdadero interés y compromiso por el Gobierno Departamental y menos por el Gobierno Nacional.
Escuchar al burgomaestre de San Miguel-Putumayo señor Carlos Julio Rosas Guancha, informar que a la fecha son más de 34 comunidades de su municipio que se encuentran secuestradas en sus propias veredas e inspecciones, producto del incremento y desalmada siembra indiscriminada de minas anti-persona por parte de las FARC, violando flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario, por tratarse de actos contra la población civil, que no les permite a nuestros campesinos el libre tránsito por sus tierras y menos el desarrollo de su actividad agrícola, debería ser motivo de gran preocupación y de interés inmediato de los gobiernos de turno regional y nacional, para abordar con seriedad y compromiso el problema de nuestros compatriotas Putumayenses en ese municipio; máxime cuando ya existen estadísticas de personas, entre ellos niños, muertos y mutilados por efecto de esta cruel forma de guerra que requiere incluso la presencia verificadora de la comunidad internacional.
A eso se le suma medio centenar de campesinos desplazados desde la vereda El Comboy que se encuentran en el casco urbano de la Dorada, municipio de San Miguel-Putumayo, quienes llevan más de dos meses en esa situación y les tocará acudir a la caridad pública para sobrevivir, ya que los recursos del municipio para atender las necesidades de esta población se agotan y los pocos recursos de las entidades del orden regional y nacional para atender estas familias no han pasado de ser paños de agua tibia, como siempre pasa en Colombia cuyas atenciones para el show, las cámaras y la farándula mediática hacen ver la presencia del Estado solo para la foto e inmediatamente después la desatención y la cruda realidad del olvido es común en toda tragedia.
Y por si esto fuera poco a San Miguel-Putumayo le acecha la fumigación aérea, ordenada por el Gobierno Nacional, lo que definitivamente acaba con las esperanzas de nuestros campesinos de lograr algún sustento y desarrollo agrícola a través de los cultivos de cacao, proyecto de mucha acogida por la población y que viene en auge en ese municipio, por lo menos así lo demuestran las 1.000 hectáreas sembradas, incluso acudiendo al endeudamiento bancario para desarrollar este cultivo, ya que solo 400 hectáreas son cofinanciadas por los programas del Gobierno Nacional; hoy en día nuestra gente carga sobre sus espaldas la incertidumbre de sus cosechas y sobretodo la forma cómo van a responderle al Banco Agrario respecto de sus deudas. Lo anterior sin nombrar la afectación que produce la fumigación aérea a los cultivos de pan coger como plátano, yuca, maíz, arroz y la incipiente ganadería que se desarrolla por esfuerzo propio de las familias campesinas.
Pero todo esto parece no es suficiente para mover la capacidad de gestión del gobierno regional y nuestros Representantes a la Cámara, resulta asombroso pensar que no haya un funcionario del gobierno regional o un Representante de los Putumayenses que pueda gestionar la visita de una comisión de alto nivel ministerial o por lo menos del señor Vice-Presidente de la República para que pueda verificar en nuestra región esta difícil situación humanitaria; por el contrario nos ahogamos en reuniones sobre reuniones de todas las entidades del Estado y actas sobre actas firmadas por funcionarios de mediano rango que no tienen la capacidad de generar verdaderas y definitivas soluciones. Mientras tanto esta trágica y lamentable situación está sucediendo en nuestra región y está sucediendo ahora, por lo pronto ustedes sigan sentados en sus cómodas sillas, que las minas siguen allí sembradas y nuestros compatriotas putumayenses sumidos entre el miedo, la incertidumbre y el desplazamiento forzado. Ω