Por: Agencia EFE
hectáreas de cocales existen en el Putumayo, según cifras oficiales.
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Violencia. La mayoría de las víctimas en el país por minas antipersona son miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, la población civil no está exenta del peligro de estos artefactos explosivos. Jorge Orozco / El País
Unas 57 familias indígenas y de colonos abandonaron sus parcelas en varios parajes del Putumayo que fueron minados por presuntos guerrilleros de las Farc para impedir una campaña oficial de erradicación de cocales, informaron hoy fuentes no gubernamentales.
La muerte de un menor de 14 años ocurrida la semana pasada en un accidente con una mina antipersonal desató este desplazamiento masivo, dijeron a Efe en Bogotá portavoces de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
Los desarraigados proceden de aldeas rurales de San Antonio del Comboy y Altos del Comboy, y buscaron refugio en los cascos urbanos de La Dorada y La Hormiga, localidades putumayenses cercanas a la frontera sur con Ecuador.
Un total de 31 familias del pueblo indígena Awá y 26 de colonos dejaron sus predios rurales, según lo documentado en el terreno por responsables de la oficina de Codhes en Quito, que no obtuvieron un censo confiable del número de personas en éxodo.
Las fuentes destacaron a Efe que los presuntos guerrilleros, al parecer, del frente 48 de las Farc, minaron 23 veredas (aldeas rurales) colombianas situadas en el «cordón fronterizo» con Ecuador.
Con la siembra de minas, los presuntos insurgentes buscan impedir las tareas de erradicación a mano de cocales emprendidas hace un mes en el área por un contingente del llamado Escuadrón Móvil de Carabineros (Emcar), de la Policía Nacional.
Los responsables del minado también reunieron a las comunidades para advertirles de que no podían recorrer sus fincas, según las mismas fuentes, que indicaron que los desplazados exigen al Gobierno que retire los artefactos y les vincule con proyectos productivos alternativos a los cultivos ilegales.
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