Caracol
La ley de garantías busca evitar que los actuales gobernantes influyan en las elecciones a través de apoyo político, logístico o económico con los candidatos de sus partidos.
Por ello, a partir de mañana y por 4 meses los alcaldes, gobernadores y los miembros de su gabinete no podrán celebrar contratos, ni ejecutar recursos públicos para actividades proselitistas.
Tampoco podrán inaugurar obras públicas, ni organizar reuniones de carácter social o comunitario con la presencia de los candidatos o sus asesores o emisarios.
Por último, hasta el próximo 30 de octubre, todas las entidades municipales, estatales y regionales, deben entrar en un plan de austeridad sobre el uso de los vehículos y evitar que los utilicen en actividades proselitistas.