Portafolio.com.co – Editorial /
Las nubes de tormenta se veían venir y ahora se encuentran más cerca. Tanto, que ya hay un paro regional cocinándose en las zonas petroleras.
Así lo demuestra la existencia de asambleas permanentes y ceses de actividades programados en sitios tan alejados entre sí como Puerto Gaitán (Meta), Puerto Umbría (Putumayo), y Coveñas (Córdoba), y amenazas de interrumpir labores en todas las regiones productoras de crudo del país.
¿Qué puede llevar a que departamentos como Casanare, donde el impacto social de las regalías petroleras es visible y le ha cambiado para bien la vida a sus habitantes, estén hoy en plena ebullición política? Se trata, sin duda, del debate sobre el proyecto de Acto Legislativo de Regalías, que se encuentra en trámite en el Congreso y que constituye una pieza clave en el programa de Gobierno de Juan Manuel Santos.
En esa ebullición de defensa del status quo participan políticos locales que buscan vitrina electoral, defensores de la riqueza que durante años permanecieron incólumes ante la rampante corrupción alrededor de las regalías, adalides del derecho adquirido de las regiones, otros más que ven en esto una oportunidad para mover sus agendas particulares y hasta sindicatos, como la USO.
Las regalías, dice el argumento de los actuales beneficiarios, deben ser para los municipios y las regiones productoras. A su vez, hay una ciudadanía molesta, según la cual los millonarios recursos que provienen de la bonanza petrolera y minera deben servir para mejorar las condiciones de vida de la gente, algo que, a pesar de los casos individuales de éxito, constituye más la excepción que la norma. Dicha postura se complementa con la de quienes creen que la torta debe ser mejor repartida, pues hay amplios sectores de la población y zonas menos favorecidas, que demandan un uso más equitativo y transparente de los dineros.
¿Qué debe hacer el Gobierno? Los conocedores de un tema tan complejo y espinoso políticamente sostienen que hay que ir con paso lento. Esto implica escuchar a las partes, pero permanecer firme en sacar adelante una iniciativa que es vital para lograr un desarrollo más equilibrado.
Existen, por supuesto, argumentos en contra. Uno de ellos es que petróleo y minería traen beneficios a las regiones productoras, pero también consecuencias negativas que ameritan una compensación: inmigración desordenada, inseguridad en pueblos que pronto se convierten en ciudades, problemas de planeación urbana o presión sobre los servicios públicos. Otros sostienen que no se puede retroceder en la descentralización, mientras que algunos dicen que la corrupción no se ataca cambiando la destinación de los recursos.
Pero aun aceptando parte de esos planteamientos, es claro que el Gobierno no debe ceder en dos puntos. El primero tiene que ver con la necesidad de garantizar la transparencia en la ejecución de obras. Las mafias que se están quedando con una buena tajada de ese dinero están manipulando a las comunidades para que den un debate altruista que, en realidad, busca la supervivencia de un esquema depredador que les deja dinero público en sus bolsillos. El segundo es la necesidad de llevar los beneficios del petróleo a todo el país, de una manera más equitativa.
Además, el Ejecutivo debe ser consciente de que hay una tendencia creciente en las regiones para tratar de recuperar las eventuales regalías perdidas, mediante una mayor presión sobre las empresas que adelantan labores de exploración y explotación. Esta se traduce en demandas laborales o de obras públicas, que son responsabilidad del Estado. Los movimientos mencionados al inicio son ya una manifestación de esa estrategia de autoridades regionales, locales y comunidades.
El problema es que esa presión para hacer rendir la gallina de los huevos de oro puede conducir a hacer inviables algunos proyectos y desestimular la inversión en un sector clave para el país. Bajo ese panorama, no habrá regalías para nadie y se espantará la confianza inversionista.
Por tal motivo hay que tener en claro que aunque el debate es bienvenido, el chantaje no. Por eso es deseable que triunfe la concertación, lo antes posible.
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