INPEC, ordena el cierre de la cárcel de Mocoa

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Mocoa/COLPRENSA.

Al no contar con un predio para construir las instalaciones de un  establecimiento carcelario, se manifestó al INPEC la necesidad de articular las acciones con la Alcaldía de Mocoa y la Gobernación del Putumayo de pro de atender la emergencia.

El 9 de abril del presente año y según consta en la acta número 02 del Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, considero y avalo la suspensión del establecimiento Penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Mocoa, y hacer el ofrecimiento a CISA-Central de Inversiones S.A el inmueble identificado con matricula inmobiliaria 440-54473.

Luego de hacer las consultas a la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo y Desastres, y tras el aporte de un concepto de la autoridad de Corpoamazonia, se advirtió que el centro penitenciario se encuentra ubicado en la zona de alto riesgo donde una avalancha destruyo el 40 por ciento de la ciudad de Mocoa.


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El director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón, firma la resolución para que se proceda a la suspensión de la estructura de la cárcel de mediana seguridad de Mocoa Putumayo.

La dirección regional occidental número 2 con sede en Cali, aún no ha establecido los lugares para el traslado de personal de custodia y vigilancia, personal administrativos e internos.

Reacciones

La resolución fue una medida que tomo a las autoridades del departamento y del municipio de Mocoa, por sorpresa ya que no se tenía un plan B, para aplicarle a la medida.


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El alcalde de Mocoa José Castro,  fue el primer sorprendido catalogando la medida abrupta y culpando al mismo Inpec, de no haber conseguido los lotes para la construcción de la nueva cárcel y hacer las inversiones pertinentes. Sin embargo señala que el Inpec que ellos tiene la autonomía pero no la comparte.

“Prefiero esperar el mapa de riesgo  definitivo y los estudios pertinentes para determinar qué acciones adoptar en el tema de la cárcel”, puntualizó el mandatario.

Sorrel Aroca Rodríguez, gobernadora del Putumayo, no comparte la decisión ya que la medida obliga el traslado de los internos en su mayoría oriundos del Putumayo los cuales quedarían aislados de sus familias violándoles el derecho a la unidad familiar así sea en la condición de recursos.

Aroca Rodríguez, indico que de inmediato se va a coordinadar una mesa técnica para analizar alternativas y evitar en lo posible que por ahora el penal sea cerrado de forma definitiva. En esta mesa estaría conformada por el ministerio de Justicia, Inpec, UNGRD, Corpoamazonia, Fiscalía, Policía, Asamblea departamental entre otras.

“Para mí la primera alternativa es conseguir un terreno y construir un nuevo centro carcelario en cualquier otro municipal del departamento.”, señalo la mandataria.

Por su parte la Defensoría del Pueblo a través del defensor regional Esneider Fabián Vargas, también compartió el pensamiento que fue una acción sorpresiva donde no se dio un plazo prudente para el cierre o traslado de la cárcel que se encuentra en zona de riesgo no mitigable.

Argumento que los internos indiciados y condenados se les debe respetar sus derechos como seres humanos y uno de ellos es el de lograr mantener contacto permanente con sus familias.

Aclaro que en el 2014 se presentó una Acción Popular radicada en el 2014 con fallo 00153, donde se ordena la creación de una cárcel regional vinculando a los municipios de Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuéz y San Miguel, así mismo al Inpec y a la gobernación del Putumayo, pero a la fecha no ha habido respuesta alguna y por eso se prepara para presentar un incidente de desacato a esta acción  popular  porque el fallo no se ha cumplido.

German Ordoñez Plata, director seccional de iscaliaPutumayo,  califico la medida como gravísima ya que no se van a recibir a los detenidos en la cárcel cuando el juez ordene su reclusión afectando los procesos investigativos pertinentes.

“En estos momentos en la sede de la fiscalía se están construyendo una celda para recluir transitoriamente máximo tres personas.”, subrayo.

Ordoñez Plata, demando del Gobierno nacional una pronta ayuda para superar la emergencia carcelaria del Putumayo que se ve venir.

La diputada Yuri Quintero, defensora de los derechos humanos también lanzó un llamado de auxilio para que el ministerio de Justicia, le ordene al Inpec revocar dicha resolución hasta tanto no se tenga una alternativa en el mismo departamento de contar con un centro penitenciario de mediana seguridad.

En la actualidad la cárcel cuenta con 435 reclusos y 80 administrativos entre guardias y personal de oficina


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