“Está en riesgo de fracaso el programa de sustitución voluntaria de coca”: Coccam

(De izq. a der.) José David Hernández, representante de la Coccam en Antioquia; Luz Perly Córdoba, de la Comisión Política de la organización; y Cristian Delgado, colaborador del área de derechos humanos para la Coccam. / Foto: Cristian Garavito – El Espectador.

La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), una organización de cocaleros con presencia en 17 departamentos del país, manifestó su preocupación por las posibilidades de fracaso que pueda tener el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), “debido a la grave situación de derechos humanos en los territorios y los incumplimientos del Estado colombiano”.

Entre los principales riesgos que señalaron los voceros Luz Perly Córdoba y Cristian Delgado, está la tardanza en los pagos a campesinos que ya erradicaron sus cultivos de coca, que el Programa de Atención Inmediata (PAI) no ha comenzado, el nulo avance que ha habido en los programas de asistencia técnica para cultivos lícitos, la falta de recursos y el asesinato y amenazas que se han presentado durante el último año a campesinos y líderes cocaleros.

“Los campesinos han cumplido el compromiso de erradicar por completo sus cultivos de coca. El problema es que no basta con que se le dé una asistencia alimentaria de $1 millón mensual durante un año a un campesino si está en terrenos alejados, que no tienen vías, sin asistencia técnica y sin una estrategia de comercialización para sus productos, ni servicios básicos. Nada de lo que está contemplado en el punto 1, sobre Reforma Rural Integral, del acuerdo de La Habana se está cumpliendo”, afirmó Luz Córdoba, de la Comisión Política de la Coccam.

Como ejemplo puso el caso del Guaviare, donde, según la organización, se les han dado cinco pagos por $2 millones a dos núcleos veredales. “Es decir, hace diez meses la gente recibió el primer pago, hace ocho retiraron los cultivos, pero no ha llegado la asistencia técnica para tener un plan concreto para su parcela y cultivar otros productos. Al año la gente se va a ver sin nada y le va a tocar regresar a los cultivos. No es una amenaza, es una realidad concreta que se está presentando”, agregó Córdoba.

Por su parte Cristian Delgado, colaborador del área de derechos humanos de esta organización, resaltó las cifras de asesinatos durante el último año: “Los 27 integrantes de la Coccam asesinados empezaron a darse desde el 10 de enero de 2017, con el asesinato de nuestro compañero Jose Yimer Cartagena Úsuga”. Y resaltó que, junto con Marcha Patriótica y la Cumbre Agraria, le han exigido a la Fiscalía la concentración de los casos, un análisis de contexto y la priorización: “No ha habido mayores avances en términos de identificación de los actores intelectuales”.

La alerta roja por los asesinatos está en los departamentos del Cauca, Córdoba, Antioquia y Putumayo. En este último departamento, a pesar de que no se han presentado asesinatos a líderes cocaleros en lo que va del año sí hay alertas por presencia de grupos armados que no habían llegado allí antes.

Y es que según la alerta temprana que dio en febrero la Defensoría del Pueblo, paramilitares, grupos residuales de las Farc, el ELN y grupos armados delincuenciales vienen ejerciendo presiones y actos de violencia sistemática con líderes que vienen promoviendo procesos de sustitución.

“Se hace necesario generar una política pública, más presencia institucional en los territorios y sobre todo reconocer formas comunitarias de protección territorial que es algo que desafortunadamente el Gobierno no quiere hacer”, explicó Delgado.

Recursos y desarrollo del campo

Otro de los importantes obstáculos para que el programa de sustitución sea exitoso es el tema de los recursos. Así como lo explicó Luz Delgado: “el Gobierno nacional incluyó para el PNIS este año $1 billón. Si hacemos cuentas de cuánto cuesta atender a las 54 mil familias inscritas solo para este año, el presupuesto se pasa de los $1,5 billones de pesos”.

Además de este hecho, los representantes de la organización que visitaron Bogotá están de acuerdo en que hay gran incertidumbre porque lo que va a pasar en pleno año electoral con el programa de sustitución. Con el cambio de Gobierno el 7 de agosto no hay certeza de si se hará un empalme con el nuevo presidente y si habrá voluntad política para continuarlo. De hecho, prevalece la inseguridad de que el impulso del programa se pueda perder por las elecciones presidenciales. así lo manifestaron los delegados.

En cuanto a la integración con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), tarea clave entre la Agencia de Renovación del Territorio y la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos para la transformación positiva del campo, Delgado afirmó que ese trabajo no está funcionando de la mejor manera en el territorio. “A la gente la están llamando muchas veces para reuniones, pero tienen que trabajar y sostener a su familia, así que pareciera que el tema de los Planes Integrales Comunitarios de sustitución y desarrollo alternativo (PISDA) se están convirtiendo en una carga para el campesinado. Los PISDA no avanzan en ningún territorio del país”, resaltó.

Detrás de este nublado panorama, la propuesta que reitera la Coccam para que el PNIS funcione en el territorio es que se cumpla la ruta de implementación como pactaron las organizaciones con el Gobierno, que las instancias regionales de participación comunitaria funcionen y sean tenidas en cuenta y que haya medidas inmediatas para garantizar la vida de los cocaleros que quieren cultivar lícitamente. También invitaron a los países garantes del acuerdo Cuba, Chile, Venezuela y Noruegapara que hagan las gestiones necesarias ante el Gobierno para resolver las dificultades que está viviendo la sustitución voluntaria.

Tomado de : ElEspectador

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