Los indígenas de la comunidad Awá Mayasquer no quieren volver a Nariño, de donde tradicionalmente es su pueblo. El asesinato, el pasado 16 de octubre, de dos de sus indígenas, se sumaron a la muerte de otros dos miembros del pueblo en la masacre del 5 de octubre, en la vereda El Tandil, en Tumaco. El miedo no los deja regresar, pero tampoco el dolor. En 2009, la columna Mariscal Sucre de las Farc asesinó a 11 de sus amigos y familiares cerca de su resguardo Tortugaña-Telembí, en el municipio de Ricaurte (Nariño). De ahí salieron 29 familias que terminaron en Putumayo, donde tampoco encontraron la tranquilidad que buscaban.
La noche del 31 de marzo de 2017, ocho familias awás que se radicaron en Mocoa fueron afectadas por la avalancha que dejó un saldo total de 316 muertos y 332 heridos. Estaban asentadas en San Miguel, uno de los 17 barrios que se vieron afectados por el desbordamiento del río. San Miguel es uno de los lugares con mayor recepción de población desplazada en los últimos años. Después de la tragedia, estas ocho familias awás tuvieron que desplazarse nuevamente. Esta vez hacia la zona en donde había sido reubicada el resto de la comunidad un año antes.
En abril de 2016, la Unidad de Víctimas y el antiguo Incoder les asignaron un predio de 239 hectáreas en la vereda La Paz, en Villagarzón (Putumayo), para cumplir con el restablecimiento de derechos territoriales que deben tener los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado. Les dieron la tierra, pero no hubo una reparación integral colectiva. El Estado se olvidó de ayudarles con la construcción de sus viviendas y con la adecuación de servicios básicos como agua potable y luz.
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“A algunos los recibimos en el resguardo, pero se tuvieron que devolver a Mocoa porque no hay agua acá. Hay algunas ollitas para poder preparar el alimento y un techo de zinc que ayuda a protegerse del sol y del viento, pero faltan muchas cosas. No hay cómo sostenerse”, relata Armando Guazaluzanpay, gobernador de este cabildo.
Su hija Jessica describe que en las nueve casas construidas por ellos mismos viven hacinadas entre dos y tres familias: “Estamos viviendo todos en un ranchito, todo hecho en tabla y en plástico. Tenemos que dormir casi que sentados cuando llueve y ventea para estar pendientes de los plásticos y no amanecer todos mojados”. Cuenta que tampoco pueden cultivar la tierra para alimentarse de lo sembrado, porque la parte más productiva la atraviesa un oleoducto que no tuvo en cuenta el Incoder cuando les asignó el predio.
Como esta hay decenas de historias. La Organización Zonal Indígena del Putumayo (Ozip) tiene registro de 15 pueblos indígenas en este departamento. Siete son originarios, como los Inga, Kamentsá, Siona, Kichwa, Coreguaje, Murui y Kofan, y ocho llegaron como desplazados: Nasa, Awá, Yanakona, Quillasinga, Pasto, Embera Chamí y Pijao. Hay 222 comunidades en total, pero sin territorio en su gran mayoría, y 78 de ellas, además de ser desplazadas, también fueron damnificadas por la avalancha de Mocoa.
Como desplazados no han tenido la reparación integral de los derechos colectivos y territoriales que exige el Decreto 4633 de la Ley de Víctimas. Este es el caso de la comunidad de Calenturas, perteneciente al pueblo Inga, desplazada entre 2005 y 2010 por las Farc desde Puerto Guzmán. No pueden retornar por falta de garantías de seguridad y porque su territorio está ocupado por campesinos.
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Se instalaron por sus propios medios en Mocoa en 2011. Cuando ocurrió la avalancha del 31 de marzo de 2017, diez familias que vivían en barrios como San Miguel, La Independencia y Las Peñas quedaron sin nada (como las ocho familias awás) y, como vivían en condición de arrendatarios, no obtuvieron el subsidio de vivienda del Estado. Como expresa su gobernador, Óscar Chindoy, no han tenido ni la respuesta ni el apoyo de la Unidad de Víctimas de Putumayo ni de la Agencia Nacional de Tierras, y la ayuda inmediata de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ya se acabó.
La alcaldía de Puerto Guzmán tiene la voluntad de ayudarles, pero falta asignar el territorio. Mientras tanto, 35 familias viven en condiciones precarias en casas dispersas entre Villagarzón y Mocoa. Hay hasta seis familias en cada casa.
Edelmiro Imbachí, delegado de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), resalta que el tema de la reconstrucción de las viviendas debe ser consultada antes con las comunidades. “Las viviendas son un lugar para compartir, para profundizar en su misma cultura indígena. No puede ser un lugar tan reducido que los conduzca casi al hacinamiento. Además, el Gobierno se limitó a darles a los damnificados plata para el arriendo, pero las comunidades no lo aceptan porque eso significa desbaratarlos. No tienen en cuenta nuestra condición de sujetos con derechos colectivos”, agrega.
¿Se les reconocen ambas condiciones?
“Las instituciones nos han dicho que las dos condiciones de damnificados y desplazados no son compatibles, porque solamente se habla de las competencias que tiene cada una de las instituciones. Que solamente se va remitir la restauración en condición de damnificados y pare de contar. No hemos tenido respuesta con enfoque diferencial de ninguna entidad”, denuncia Carlos Chindoy, miembro del pueblo Siona, que también está en la misma situación de doble afectación en este municipio.
La respuesta con enfoque diferencial a la que se refiere gira en torno al territorio. Para ellos, este significa el enlace con su cosmovisión, el epicentro para preservar sus tradiciones, su espiritualidad, sus bailes y hasta su propia economía. También se refiere a la consulta previa que deben hacer las instituciones con los indígenas, precisamente para no resquebrajar su tejido social. Y otro ejemplo más concreto es la educación, que además de ser la primaria y el bachillerato básico, se debe basar en la enseñanza de su lengua y tradiciones indígenas. Nada de esto, según denuncia la Ozip, lo está cumpliendo el Estado en esta región.
“Si bien han recibido asistencia humanitaria por la avalancha, eso no puede ser utilizado para decir que se está cumpliendo con las obligaciones que existen en relación con su condición de víctimas del conflicto armado. Como producto de la avalancha pueden tener derecho a una vivienda, pero por la Ley de Víctimas pueden tener derecho a un proceso de reparación colectiva”, destaca Federico Sersale, jefe de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Ellos han apoyado a las comunidades con aliados como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), Codhes, la Fundación Makikuna y la Fundación Yapawuaira, en temas de vivienda y asistencia humanitaria. Recientemente ayudaron en la construcción de un centro cultural para que los niños de la comunidad Awá Mayasquer tengan un sitio propio donde puedan recibir sus clases.
Nadie les responde
Para que sus derechos no sigan siendo vulnerados, 11 pueblos indígenas que resultaron damnificados por la avalancha conformaron en abril una Mesa Diferencial Étnica. Son los interlocutores ante la alcaldía, la gobernación, la Unidad de Víctimas y el Ministerio del Interior, entre otras entidades. Sin embargo, aseguran algunos de sus delegados, las reuniones que se han realizado con estas entidades no han llegado a nada. No han dado soluciones reales en los temas de tierras, viviendas y proyectos productivos. También denuncian que el volumen del daño de la avalancha y el desplazamiento forzado no ha sido establecido por la Unidad de Víctimas, pues se han demorado en la elaboración del censo oficial de la población doblemente afectada.
Desde la institucionalidad la respuesta es que no hay recursos. Eduardo Jiménez, secretario de Gobierno de la alcaldía de Mocoa, argumenta que se les dio el subsidio de tres meses por $250.000 pesos mensuales.“Sabemos que este valor puede ser irrisorio para las necesidades de la gente, pero es la única oferta con la que se cuenta en estos momentos. Con lo ocurrido, el presupuesto del municipio también quedó afectado”, y agrega que hay 300 viviendas que ya se empezaron a construir y que “esperan que de algunas de esas se puedan beneficiar las familias víctimas de la violencia”.
Por su parte, el Ministerio del Interior responde que después de siete meses de ocurrido el suceso, todavía están verificando el censo preliminar de población afectada levantado por la Ozip para empezar con la atención. “El inconveniente es que hasta el momento no hay una actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) de Mocoa y aún no se ha entregado el mapa de riesgo. Sin eso no es posible iniciar el plan de reubicación y la construcción de las viviendas, pero nosotros estamos adelantando las acciones con las demás instituciones para tratar de destinar algunos de los recursos que ya están listos para estas comunidades”, asegura uno de sus funcionarios.
En síntesis, las entidades le dan toda la responsabilidad a la alcaldía de Mocoa, pero esta dice que no tiene recursos para las comunidades afectadas. Mientras tanto, los pueblos indígenas desplazados en Putumayo viven el día a día a su suerte, haciendo pericias para hacerse escuchar en medio de tanto olvido.
Fuente : ElEspectador