De acuerdo al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), organización encargada de detener la degradación del ambiente en el planeta, el 50% de los páramos del mundo se encuentran en nuestro país. Estas zonas frías y húmedas, ubicadas entre los 3000 y 3400 metros de altura, cubiertas de niebla o sujetas a constantes precipitaciones y a fuertes vientos, han sido consideradas como una de las unidades ecológicas más importantes para la regulación de flujos de agua.
Estas extensas regiones desarboladas, situadas sobre la cordillera de los Andes, son las encargadas de proveer el 70% del agua que consumimos, además, albergan una gran diversidad biológica —se calcula que existen alrededor de 4.700 especies diferentes de plantas y 70 de mamíferos —. Todas estas características han hecho de estos ecosistemas un tesoro que se ha visto amenazado por todos los efectos del cambio climático y el avance de la frontera ganadera y agrícola. (Vea también: Pago por servicios ambientales, un modelo que favorece a los campesinos colombianos)
Según la organización ambiental Greenpeace Colombia el 75 % de los páramos están en peligro. Causas como el aumento de la temperatura global del planeta y modificaciones en el patrón de precipitaciones han hecho que sus funciones ecosistémicas sean alteradas. Evitar estos efectos requiere “una reducción drástica en las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de CO2, con el fin de mantener el aumento de temperatura global del planeta lo más abajo posible de los 2 grados centígrados (ºC)”, explica la organización en su página web.
Proteger, conservar y preservar estos ecosistemas es el objetivo del esquema BanCO2, una iniciativa que busca evitar la deforestación en el país a cambio de la generación de ingresos por la conservación de ecosistemas estratégicos en Colombia. El trabajo consiste en que las familias que habitan en los territorios que están en peligro se conviertan en sus guardianes a cambio de una retribución económica.
“Iniciamos esta estrategia hace un poco más de tres años con la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los ríos Negro y Nare (Cornare). En ese momento, Cornare tenía el interés de contrarrestar la tala de árboles hecha por los campesinos en sus territorios, las cuales se convertían en sanciones para ellos. Identificaron la necesidad de pagarle a los campesinos para que cuidaran los bosques y de esta manera las familias contaran con recursos para poder vivir, sin causar daño al ambiente”, explica Beatriz Ocampo, gerente de Sostenibilidad de Bancolombia. (También puede leer: La educación transforma al barrio Pescaíto, en Santa Marta)
Fue necesario plantear un modelo que le diera herramientas a la comunidad para entender la importancia del cuidado de sus bosques, páramos y arrecifes coralinos. El incentivo para que cumplieran con su compromiso sería una retribución económica que recibirían a través del producto Ahorro a la Mano, con el que cualquier persona puede abrir una cuenta bancaria y administrarla a través de su celular.
“Actualmente tenemos aproximadamente 2.600 familias vinculadas en el esquema BanCO2 en toda Colombia. Trabajamos en asocio con más de 26 corporaciones autónomas, de las 33 que hay en el país. Hemos compensado aproximadamente 2.795.000 toneladas de CO2 y se cuenta con 45.000 hectáreas en conservación.
Los primeros recursos con los que se hizo el pago a los campesinos eran de Cornare, ahora tenemos más de 90 empresas asociadas y las personas naturales también pueden hacer su compensación a través de la página web del esquema BanCO2”, complementa Ocampo.
Hace un año la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR se vinculó como entidad ambiental a este esquema de pago por servicios ambientales con el fin de transmitir, evaluar y adaptar, la experiencia del esquema BanCO2. No solo con el interés de retribuir la labor de los campesinos, sino que también se busca que los ciudadanos y empresarios compensen su huella de carbono de manera voluntaria.
“Quienes se benefician con el pago son las familias campesinas que están identificadas y previamente han sido caracterizadas por el programa y la corporación teniendo en cuenta tres condiciones básicas: una que de manera voluntaria están efectuando actividades de conservación en las zonas de interés ambiental y que hace parte de su propia finca, dos que esas familias son de escasos recursos y tres que han autorizado a la corporación para efectuar un monitoreo al área conservada. Así verificamos que los recursos que están recibiendo son debidamente utilizados y se está evitando que se amplíe la frontera agrícola”, asegura el director de la CAR Cundinamarca, Néstor Guillermo Franco.
Hasta el momento en el territorio CAR, que corresponde a Cundinamarca y Boyacá, se han acogido al programa 90 familias situadas en zona de páramos como el Sumapaz y Rabanal. “La decisión que ha tomado la corporación con base en la reciente reglamentación del pago por servicios ambientales es ampliar la cobertura para no depender solamente del aporte voluntario, sino que podamos destinar los recursos que se reciben por concepto de pago de compensaciones, pago de multas y otros derivados del ejercicio de la autoridad ambiental a este proyecto”, finaliza Franco.
Esta estrategia que pretende reducir la huella de carbono y con ello reducir el problema del cambio climático – Colombia produce un 0.2 % del total de gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera, según Greenpeace – ha sido reconocida por el Ministerio de Medio Ambiente como un medio de compensación voluntario, en el que pueden participar personas naturales y empresas con el fin de resarcir todos los impactos ambientales que producen a diario. (Vea también: Diez consejos sobre sostenibilidad que le ayudarán a ahorrar)
Fuente : ElEspectador