Programa de sustitución de cultivos le costaría al gobierno $2.5 billones

Para que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), con el que se pretende dar solución al problema de las drogas en Colombia, sea exitoso y tenga un verdadero impacto se debe modificar uno de los ejes centrales de su implementación en los territorios: las asignaciones directas a las familias.

Esta es una de las principales conclusiones del primer informe de la Fundación Ideas Para la Paz sobre los avances en la sustitución de cultivos ilícitos en el que, además, plantea una serie de retos para la puesta en marcha de lo pactado entre el Gobierno y las Farc en el punto 4 del Acuerdo Final de Paz.

El PNIS, que busca que los cultivadores desarrollen programas productivos que reemplacen los cultivos ilícitos, cuenta con tres etapas, la primera fue la firma de acuerdos colectivos en los territorios en los que las comunidades desean sustituir sus cultivos. La segunda etapa consistió en socializar estos acuerdos con las comunidades y la tercera es la que se está llevando a cabo con la inscripción de las familias al programa y su compromiso con sustituir los cultivos.

De acuerdo con el documento de Ideas para la Paz, a la fecha 75.925 familias del Meta, Putumayo, Guaviare, Nariño, Antioquia y Vichada, se han inscrito en el PNIS, firmaron los Acuerdos Colectivos, se comprometieron a iniciar un proceso de sustitución de cultivos ilícitos y se beneficiarán económicamente con subsidios del gobierno. Recursos que el Estado comenzó a desembolsar en junio.

Según la alta Consejería Presidencial para el Postconflicto, cada una de las familias inscritas recibirá durante el primer año del proyecto productivo cerca de $24 millones, divididos así:

1.   $2 millones que el gobierno desembolsa a las familias que tengan menos de dos hectáreas cultivadas y hayan sustituido sus cultivos ilícitos. Esta cuantía corresponde a dos meses de salario y pretende apoyar a los campesinos a iniciar sus proyectos.

2.  $1 millón de sueldo mensual por familia durante el primer año

3.  $1.800.000 como incentivo de auto sostenimiento

4.  $9 millones por concepto de proyectos productivos e ingresos rápidos

5. $1.600 por asistencia técnica.

En el segundo año de la ejecución del proyecto, la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, pretende realizar un acompañamiento a los procesos de estos cultivadores. Por tal motivo, para este periodo el Estado ofreció $10 millones (por familia) por concepto de proyectos que incluyen algunos costos laborales y $1.600.000 destinados a asistencia técnica.

En total la inversión del Gobierno por grupo familiar para dos años de implementación del programa sería de $36 millones.

Para la FIP, el desembolso de esta suma de dinero por familia implicaría una inversión aproximada de 2.5 billones para las 75.924 familias inscritas hasta el momento. Cuantía que, según la Fundación, presenta problemas pues “en el marco del desarrollo alternativo, los subsidios tienen un alto riesgo de generar disputas entre vecinos o terminar desestimulando los proyectos colectivos”.

El Gobierno proyecta que el número de familias beneficiadas con el PNIS podría llegar a 132.774. Para la FIP, generar subsidios con esta cantidad de dinero, implicaría una inversión del Estado colombiano de $4.7 billones, suma que no incluye los costos de transacción y de gestión operativa.

Para la FIP esta entrega de subsidios puede ser contraproducente, pues “si el PNIS no funciona, el costo será muy alto no solo en recursos económicos sino en la relación del Estado con las comunidades que han sido afectadas por la presencia de cultivos ilícitos y grupos armados organizados”.

La FIP recomienda que, el gobierno compense “los efectos negativos de la entrega de estas asignaciones, con la construcción de infraestructura rural, la provisión de bienes públicos, la generación de incentivos para el desarrollo de emprendimiento comunitario y cadenas de valor con participación de capitales privados. Bajo este marco, se debe avanzar con urgencia en el Plan de Atención Inmediata, la definición de los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo”.

Además, el informe hace énfasis en la necesidad de definir la funcionalidad de los territorios. “Algunas zonas se encuentran muy alejadas y es difícil que los proyectos agrícolas puedan ser rentables. Es necesario considerar tanto las alternativas agropecuarias como no agropecuarias, que permitan la dinamización de la economía y que estén basadas en la provisión de bienes públicos”.

Otros de los retos que la fundación plantea frente a el PNIS son:

-Definir claramente el papel de las Farc en estos territorios y su compromiso.

– Avanzar en el tratamiento penal diferencial para pequeños cultivadores.

– Proteger a las poblaciones y responder a las amenazas de los actores armados ilegales en los territorios donde se está llevando a cabo la sustitución

Fuente : ElEspectador.com


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