Las superfrutas que pueden salvar la Amazonia

Flaviano Mahecha llegó al Guaviare en la noche del 16 de junio de 1994. Estaba decidido a hacer lo mismo que realizaban todos los colonos que por esos años llegaban al sur del país: raspar las hojas verdes y lisas de las matas de coca que iban sembrando sobre los cadáveres de árboles del bosque amazónico. Se alió con un cuñado para comprar los materiales para hacer la raspa: semillas, cemento, gasolina y cal. Un día antes de empezar a raspar pasaron siete avionetas del Ejército y fumigaron todo. (Lea también: Las indígenas que llevaron el camu camu a Wok y Crepes & Wafles)

Mahecha quedó debiendo $13 millones. “Quedé endeudado hasta con la semilla. Eso me dio la pauta para buscar otra fuente de ingreso, porque quedé muy aburrido. Empecé a hablar con los campesinos, a decirles que si mirábamos más allá de las narices íbamos a ver que la coca sólo nos traía problemas”, cuenta. No era fácil: mientras un raspachín podía ganarse entre $70.000 y $100.000 al día, un día de jornal cuidando ganado o cultivando otras plantas dejaba apenas $15.000.

Durante años, con las avionetas volándole sobre la cabeza y los armados disputándose el control de sus tierras, Mahecha recorrió el departamento buscando apoyo. En 1997 convenció a 412 familias de 39 veredas del Guaviare de unírsele. En 2001 se legalizaron como Asoprocegua: Asociación de Productores Agropecuarios por el Cambio Económico en Guaviare. Ese mismo año, Flaviano Mahecha tuvo que recoger el cadáver descuartizado del cuñado que lo había arrastrado hasta el Amazonas con la promesa de la coca.

Los campesinos de Asoprocegua le apostaron a la venta de madera, del ganado y de los frutos que crecían en los parches de selva de sus fincas, y que en ese entonces sólo comían los indígenas de la región, que tenían sus resguardos llenos de canastos con los frutos negros del asaí o con las esferas amarillo eléctrico llamadas arazá. Pronto, madera y vacas les dieron el dinero necesario para sobrevivir. Pero tuvieron que pasar 10 años para que los frutos fueran parte de su apuesta económica.

“En 2006 nos salió un proyecto apoyado por la Unión Europea y que hizo el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi), en el que le hicieron un análisis a 100 familias campesinas que tenían en sus fincas entre 8 y 20 hectáreas de bosque. En esos bosques que la gente no utilizaba encontraron todas esas frutas”, cuenta Mahecha.

Asaí, seje, milpesillos, canangucha o moriche, camu camu, arazá, copoazú, lulo amazónico o cocona, maraco, ají amazónico, ñame morado, copaiba. Tras años de investigación en la selva, el Sinchi ya ha identificado 20 especies amazónicas con potencial alimenticio, farmacéutico o cosmético.

El asaí, por ejemplo, sirve en batidos alimenticios y su polvo, de un morado encendido, para los cosméticos. Lo mismo sucede con el camu camu, que puede funcionar como un rubor perfecto que, además, nutre la piel con vitamina C. Los aceites de canagucha, copoazú y milpesos, por su parte, funcionarían como componente de cremas, lociones, labiales y tratamientos capilares por su poder hidratante. (Lea también: «Colombia siempre ha despreciado sus valores»: Leonor Espinosa)

Luz Marina Mantilla, directora del Sinchi, explica que, además, los frutales pueden ser claves para frenar la deforestación en la Amazonia, en donde, según los datos más recientes del Ideam, se concentra el 60,2 % de la deforestación en el país. La lógica es simple: si un campesino sabe que una palma de asaí puede darle $1.000 por cada kilo cosechado, no va a talar ese árbol y, en cambio, buscará que haya más.

Así trabaja Asoprocegua, que, aliados con la heladería Selva Nevada, en 2016 llevó hasta Bogotá 60 toneladas de asaí, que degustaron los comensales de restaurantes como Wok, Harry’s, 80 sillas, Di Lucca o la Biferia. Flaviano Mahecha dice que cada tonelada la venden a $8 millones. Cuenta que “hay finqueros que se les ha pagado $1’200.000 por dejar que los indígenas entren a su finca a sacar los racimos de fruta. Ahora dicen que prefieren no talar”.

Visión Amazonia, la ambiciosa estrategia del Gobierno y de la cooperación internacional para frenar la deforestación en esa región, ya identificó tres frutos amazónicos -asaí, moriche y milpesos- a los que le apostará parte de los US$100 millones con los que quiere eliminarse la deforestación para el año 2020. Pero este tesoro hay que tomárselo con cautela. Así como los campesinos decidieron mirar más allá de sus narices para meterse en el negocio de las frutas amazónicas, las instituciones deben voltear y mirar la historia que está a sus espaldas.

Plata quemada

En los años noventa, mientras con una mano el Gobierno daba la orden de fumigar la selva con glifosato, con la otra recibía recursos para financiar un plan que permitiera “la restauración ecológica, la reforestación con fines comerciales y ambientales y la agroforestería” en la Amazonia. El proyecto se llamó Plan Verde, y en el documento que lo reglamentó ya se mencionaban al copoazú y al arazá como opciones económicas viables. Es más: documentos del Ministerio de Ambiente de la época citaban proyectos agroforestales que se estaban desarrollando desde 1992 y que incluían el cultivo de frutas como el inchi, el arazá, el guamo y el trigo amazónico.

Además, durante toda esa década, Corpoica lanzó sucesivos libros sobre el cultivo de frutos amazónicos, gracias a las investigaciones que adelantaban sus científicos en el Centro de Investigación de Macagual, a 20 kilometros de Florencia (Caquetá). Los laboratorios de Araracuara, y más tarde el Sinchi, también consolidaron robusta información sobre el tema.

Y entonces, ¿qué salió mal? Alejandro Álvarez, gerente de la heladería Selva Nevada, vio desde las entrañas del Ministerio de Ambiente lo que estaba pasando. “Cuando salió el Plan Colombia se dio la sustitución de cultivos en Guaviare, Caquetá y Putumayo. Reforestamos con caucho, arazá y copoazú, acompañado con plátano y otras cosas. (…) Se hizo un montaje el berraco sin entender el mercado. De hecho, Caquetá llegó a tener más de 600 hectáreas de arazá, y hoy de eso queda muy poco”, cuenta.

Los campesinos dejaron las frutas pudriéndose en el monte. Al mismo tiempo, las fumigaciones no mermaban. “El Estado nos fumigaba abiertamente, sin alma, como decimos los campesinos”, cuenta Mahecha. Y el glifosato destruía la coca, sí, pero también sus alrededores. Fue entonces cuando los colonos quemaron las tierras ahogadas en químicos y le apostaron todas sus cartas a la ganadería.

El problema de ser un desconocido

Cada año, desde hace 12 años, las mujeres de Asmucotar se dirigen a las orillas del río Putumayo y bajan las bayas rojas del camu camu. Cada abril, desde hace dos, los indígenas de la tribu nukak amuk se trepan en las palmas de las fincas de los socios de Asoprocegua para sacar los racimos cargados de asaí. En tres resguardos de Guainía y Caquetá, después de sus faenas de pesca, 32 indígenas trepan asaizales, milpesos y moriches cuyos frutos le venden a Fernando Carvajal, un ingeniero agrónomo que fundó Selva Viva Colombia, una microempresa que vende la pulpa de 10 frutas amazónicas a nivel nacional.

Hoy, esos impulsos individuales parecen recibir un espaldarazo mundial. No sólo porque la Amazonia se ha convertido en el consentido de la comunidad internacional, por el potencial que alberga para frenar el cambio climático, sino porque la “mano invisible del mercado” busca con ansias los frutos amazónicos. De hecho, la empresa brasileña Petruz Fruity, el mayor productor de asaí en el mundo, mueve 150 toneladas del fruto cada día. Son US$5 millones anuales. Además, la retirada de las Farc dejó solas las selvas vírgenes donde los frutos se estallan podridos contra el suelo.

Visión Amazonia ya firmó un convenio con cuatro asociaciones campesinas que producen frutos amazónicos. El modelo, que planearon en conjunto los ministerios de Agricultura y de Ambiente, consiste en que “las asociaciones, en sus veredas, se comprometen a hacer la explotación del bosque de manera sostenible, y a cambio les ponemos un socio comercial que les ayude financiando equipos técnicos y abriendo el mercado”, según explica Yezid Beltrán, del pilar agroambiental de Visión Amazonia.

Sin embargo, hay dudas sobre lo que pueda llegar a pasar. Alejandro Álvarez, gerente de Selva Nevada, dice: “Veo muchos consultores en Bogotá haciendo foros y hablando muy bien. Pero el decir y el hacer están muy lejos”. Para él, la verdadera respuesta está en lo obvio: “Que el Estado invierta en los servicios y bienes públicos del sector rural: vías, conectividad, servicios de salud”. Cosas tan básicas como agua potable -para lavar la fruta- y luz eléctrica estable -para que no se apaguen los cuartos fríos donde se almacena-.

Fernando Carvajal cuenta que hoy produce 50 toneladas de frutas amazónicas al año, pero sabe que con mejores vías de acceso podría sacar más. “No es lo mismo un microempresario de Mosquera que coge una buseta para vender su producto en Bogota, que nosotros en Inírida, donde sólo llegan aviones de carga una vez a la semana”, dice.

Los colonos llegados a la Amazonia desde la región Andina y los Llanos están barajando una vez más sus cartas para apostarle al bosque. En sus doce hectáreas de finca, Flaviano Mahecha alterna la cosecha de asaí con la leche que le da su ganado, la carne de pescados, pollos y gallinas; y el cultivo en pequeñas huertas de yuca y plátano. Su reto, como hace veinte años, es que los campesinos dejen la coca y, de paso, ayuden a disminuir la deforestación. Eso, y que su asociación produzca mil toneladas de fruta para 2021.