Miembros de las mesas de participación de víctimas, líderes de los comités de impulso de procesos de reparación colectiva, mujeres participantes en estrategias de recuperación emocional y atención psicosocial y gestores de procesos de retornos y reubicación participaron en el encuentro preparatorio para el Proceso Amplio de Participación realizado entre el 21 y el 22 de marzo en Mocoa (Putumayo).
Este encuentro hace parte de la etapa de preparación del Proceso Amplio de Participación, un escenario previsto en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, para recibir propuestas orientadas a fortalecer la política de atención y reparación integral a las víctimas y adecuarla a la nueva etapa de posconflicto. Las propuestas presentadas en este espacio serán llevadas al Gran Encuentro Nacional que se realizará en Bogotá en unas semanas.
La discusión se centró en las temáticas planteadas en el punto 5.1.3.7. del Acuerdo: reparación colectiva en el fin del conflicto, rehabilitación psicosocial, procesos colectivos de retorno de personas en situación de desplazamiento y medidas sobre restitución de tierras.
Además de las organizaciones de víctimas, como la Alianza de Mujeres y la Federación de Negritudes del Putumayo, y líderes de procesos de reparación colectiva como los de El Tigre, la Dorada y El Placer, asistieron al encuentro delegados de entidades del orden territorial y nacional.
Este es el cuarto encuentro preparatorio que se realiza a nivel territorial para el Proceso Amplio de Participación. Encuentros similares se han realizado en Popayán, Florencia y Ciénaga (Magdalena) y se realizarán en los próximos días en Arauca (24 de marzo) y Apartadó (28 de marzo).
A partir del lunes, comenzarán los encuentros regionales en Cúcuta (27 de marzo) y Medellín (28 de marzo) y Villavicencio (29 de marzo).
Como parte de esta etapa preparatoria, la Unidad para las Víctimas también se ha reunido con entidades del orden nacional, representantes de municipios, ciudades capitales y gobernaciones, y académicos.
Las propuestas recibidas en el Proceso Amplio de Participación se traducirán en ajustes, no necesariamente normativos, en la implementación de la política de atención y reparación a las víctimas.