El papel de los veedores ambientales después del Acuerdo de Paz

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs) deberán asumir grandes retos para garantizar la sostenibilidad de grandes áreas donde se vivía el conflicto. ¿Se tendrán los recursos para lograrlo?

36651_1El cronograma de implementación del Acuerdo de Paz establece un periodo de 18 meses, a partir de la ratificación, para adelantar una etapa de estabilización que facilite las condiciones de transición de los guerrilleros a la vida civil. Esto impone retos a la institucionalidad ambiental en las regiones para evitar la ocupación  de los territorios y la presión sobre los recursos naturales.

Dentro de las acciones necesarias para impedir que el medioambiente se convierta en víctima están: el mejoramiento de vías terciarias, el desarrollo de infraestructura de energía y telecomunicaciones, desminado, fomento de alternativas productivas, proyectos de vivienda y urbanización, erradicación de cultivos de uso ilícito, restitución de tierras y reparación de pasivos ambientales, que redunden en oportunidades para el crecimiento verde.

En todos estos desafíos es indispensable el papel que jugarán las Corporaciones Autónomas Regionales (CARs), las cuales deberán aportar en procesos como la creación del Fondo de Tierras, la generación de mecanismos para la resolución de conflictos de tenencia y uso de terrenos, el cierre de la frontera agrícola, el desarrollo de infraestructura de riego en el sector rural y la priorización de territorios para el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.

La tarea no será fácil. Sin embargo, tras varias jornadas de reuniones las entidades ambientales coinciden en que para implementar el Acuerdo deben:

  1. Garantizar el acceso y uso a los recursos naturales para las comunidades que retornen u ocupen nuevos territorios.
  2. Entregar los insumos ambientales necesarios para la planificación y desarrollo sostenible de los territorios rurales.
  3. Ejercer presencia en el territorio para garantizar el uso adecuado de los recursos naturales y la protección de las áreas de especial interés ambiental.
  4. Fomentar la implementación de alternativas productivas sostenibles y ayudar en la comercialización de los productos.
  5. Desarrollar procesos que generen cultura ambiental para la conservación y usos sostenibles de los recursos naturales.

Pero para dar cumplimiento a lo negociado, también surgen varios retos:

  1. Fortalecer las capacidades institucionales.
  2. Fomentar la articulación institucional regional con la sectorial.
  3. Apoyar procesos como el de la restitución de tierras, para que esta se dé en zonas donde la productividad no choque con lo ambiental.
  4. Formular, implementar y articular los instrumentos de planificación del territorio con participación comunitaria.
  5. Mayor control para prevenir la deforestación y el tráfico ilegal de los recursos naturales.

El ordenamiento del territorio también es un objetivo en el que las Cars deben centrar sus esfuerzos. En ese sentido, deben formular e implementar los diferentes instrumentos de planificación, como los Planes de Ordenación y Manejo de las Cuencas Hidrográficas (Pomcas), así como  avanzar en la formulación o actualización de los Planes Generales de Ordenación Forestal y adelantar procesos de restauración en zonas priorizadas.

Así mismo, es necesario el mejoramiento de la cartografía, ya que esta es indispensable para la asistencia y acompañamiento técnico a los entes territoriales, para el ordenamiento territorial y el adecuado diseño de los planes de gestión del riesgo.

Una buena estrategia para asumir todos los retos que se avecinan es implementar los Planes Regionales de Negocios Verdes, que permitan minimizar los efectos ambientales negativos de sectores productivos y que generen alternativas sostenibles, a través de las cuales se pueden promover acciones de sustitución de cultivos de uso ilícito, pagos por servicios ambientales o producción más limpia.

Mientras todo esto se da las Cars ya están empezando con procesos de restauración y recuperación en áreas degradadas por acciones propias del conflicto y en el avance de procesos reales de educación ambiental, rural e integral, con criterios de adaptación que incluyen las particularidades regionales.

Fuente : Semana

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