Seguridad laboral sigue en el limbo

riesgoslab0512El Gobierno ampliará por segunda vez en el año el plazo para que todas empresas del país, sin importar su tamaño, implementen el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSTT), que finalizaba el próximo 31 de enero de 2017. Con eso, la seguridad laboral vuelve a quedar en el limbo.

Según aseguraron fuentes del Ministerio de Trabajo a LR, los empleadores colombianos tendrán los primeros meses del año, se presume que hasta abril, para ultimar los detalles que les permitan cumplir a rajatabla la Ley 1562 de 2012 que pretende asegurar la salud de los trabajadores en su lugar de trabajo.

Además, la nueva entrada en vigor de este nuevo sistema que modifica  el concepto de Programa de Salud Ocupacional y que se ha ido alargando en el tiempo con varios decretos, como el de 1443 en 2014, se realizaría por medio de diversas fases que se estarían estipulando antes de que finalice el año.

En Colombia, 8 de cada 100 trabajadores sufrieron un accidente laboral el año pasado, una cifra que se mantiene desde hace más de cinco años. En total, de acuerdo con cifras de Fasecolda, en 2015 hubo 723.836 accidentes y 563 fallecidos en el ámbito de trabajo, un panorama bastante desalentador que podría reducirse con la implementación del nuevo sistema de seguridad laboral.

En este nuevo escenario, las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) tendrán un papel fundamental, pues serán las encargadas de brindar asesoría y asistencia técnica en la implementación a todos sus afiliados obligados a adelantar este proceso.  Así mismo, presentarán informes semestrales a las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo sobre las actividades de asesoría y asistencia técnica, así como del grado de implementación del SGSST.

“Es importante que los empresarios implementen el SGSST. Con esta medida se  busca prevenir las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo a las cuales están expuestos los empleados, controlar los riesgos y disminuir los índices de accidentalidad, pensando siempre en su bienestar”, señaló Álvaro Vélez, presidente de Positiva Compañía de Seguros.

Sin embargo, la implementación es costosa, y Alberto Echavarría, vicepresidente jurídico de la Andi, explicó que el retraso, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, obedece a la imposibilidad de asumir de golpe los altos costos que implica y la poca oferta de profesionales que conozcan en profundidad sobre este tipo de actividades. “Existen dos grandes cuellos de botella. Los altos costos en relación con las pequeñas empresas y la poca oferta de personas conocedoras del sistema, por lo que el sistema debería implementarse de forma gradual”, declaró.

La misma opinión tiene Guillermo Botero, presidente de Fenalco, quien explicó que “se ha ido aplazando porque es un sistema altamente complejo, en el cual las Pyme no tienen las condiciones necesarias. A pesar de su alto costo, se irá implementando poco a poco en el tiempo establecido”, apuntó.

Precisamente, mediante el decreto 171 de 2016, el Gobierno había dado un plazo máximo de hasta el 31 de enero de 2017 para que las empresas públicas y privadas de más de 201 trabajadores  adoptaran obligatoriamente este sistema. De lo contrario, las compañías podrían ser sancionadas  con multas de hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha en que se imponga la misma. Incluso, en caso de reincidencia de tales conductas o por incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, se podrían suspender actividades de las empresas hasta por un término de 120 días o el cierre definitivo de estas.

Daria Cecilia Rivero, gerente técnica nacional ARL Sura, explicó que una de las razones que se encontró para el incumpliento es “que las empresas no estaban preparadas logísticamente y con los recursos necesarios para implementarlo. Además, existe  una falencia de personal idóneo para la implementación en el interior de las mismas compañías”.

Igualmente, indicó que los beneficios para las empresas son claros. “Entre ellos, se encuentra la disminución de pérdidas por accidentes de trabajo y enfermedades laborales, lograr mejores niveles de calidad de vida de la población trabajadora y de sus familias, generar ambientes de trabajo seguros y saludables, y crear e implementar buenas prácticas en SST”.

Respecto al costo total que tienen que asumir las compañías, Juan Guillermo Zuloaga, director de líneas de capital humano de Axa Colpatria, opinó que “es difícil estimar un costo, dado que cada empresa tiene unos recursos, número de empleados y actividad económica diferente, por lo cual, el costo de la implementación y mantenimiento del Sistema dependerá de las características específicas de las compañías y del grado de avance que cada una tenga en materia de sistemas de gestión de calidad que algunas empresas ya tienen implementados”, precisó Zuloaga.

El papel de las ARL en el nuevo sistema laboral

Independiente de las obligaciones estipuladas en el Sistema General de Riesgos Laborales, con este nuevo sistema, las ARL deberán asumir otras funciones como prestar asesoría y asistencia técnica a las empresas afiliadas para la implementación del SGSST. También, deberán capacitar al COPASST o al Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo en los aspectos relativos al SGSST. Igualmente, deberán realizar la vigilancia delegada del cumplimiento del SGSST e informar a las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo los casos en los cuales se evidencia el no cumplimiento del mismo por parte de sus empresas afiliadas.

Fuente : LaRepública


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