Los Siona claman atención ante el riesgo de extinción

foto-2rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrLa llegada de las petroleras a su territorio, los efectos del conflicto armado y el abandono estatal, tienen al borde de la desaparición al pueblo indígena Siona, en el departamento de Putumayo.

Por estas circunstancias una delegación del resguardo se reunió esta semana con diversas autoridades en la ciudad de Bogotá para denunciar estos hechos y buscar la implementación de mecanismos urgentes y concretos de protección.

La comunidad nativa presentó un informe sobre la crisis humanitaria y violación de sus derechos, a los que se han visto expuestos por distintos factores.

“A la fecha nuestro pueblo atraviesa una crítica situación en materia de derechos humanos, agravados ante la amenaza del inicio de actividades sísmicas en nuestro territorio por parte de la empresa Amerisur Exploración Colombia”, expresó el gobernador del resguardo Mario Erazo.

De igual manera, exhortaron al Gobierno a atender la grave crisis de derechos humanos que atraviesa el pueblo.

“Dado que la situación de vulnerabilidad y peligro de exterminio físico y cultural y otras gravísimas violaciones a derechos humanos que enfrenta el pueblo ZioBain persisten, es necesaria y urgente la atención prioritaria por parte del Estado colombiano, especialmente de la Defensoría del Pueblo”, señalaron.

Denunciaron además que “se encuentran en un alto peligro de desaparecer” por la presencia de grupos armados legales e ilegales en sus territorios que han alterado sus formas tradicionales culturales de vida y son víctimas constantes del desplazamiento, confinamiento, amenazas y asesinatos.

Desplazamiento forzado

“Para nosotros y nosotras la expansión de la frontera extractiva y el inicio de actividades sísmicas en nuestro territorio supone múltiples impactos, entre ellos el desplazamiento forzado del que la comunidad ya ha sido víctima y puede volver a serlo, por la intromisión de actores ajenos al pueblo ZioBain, incluyendo el ingreso de fuerza pública y actores irregulares y por la expectativa económica de las obras y proyectos. Como ocurrió cuando en la comunidad La Rosa (zona rural de Puerto Asís) vecina del Resguardo Indígena de Buenavista del Pueblo ZioBain, se implementó la plataforma Platanillo”, manifestaron.

La zozobra también son las minas antipersonales sin desactivar que fueron instaladas en los resguardos y que afectan a sus pobladores, varios de los cuales han caído en ellas en los últimos años.

“Durante las actividades de reacondicionamiento del pozo Alea 1, lo que dio como resultado que las Farc instalaran minas antipersona para repeler a la fuerza pública impidiendo a la comunidad la realización de actividades propias de subsistencia vinculadas a la caza, pesca, recolección y el tránsito entre comunidades vecinas”, sostuvieron.

 También se han registrado hechos de amenaza contra dirigentes y confinamiento de la comunidad.

Contaminación, otro enemigo

Los voceros del pueblo Siona señalaron que las fuentes hídricas, clave para los resguardos, no se reponen de las contaminaciones sistemáticas con crudo a las cuencas hídricas, como la ocurrida en 2011 cuando se registró el vertimiento en uno de estos afluentes.

“La empresa petrolera instaló una tubería que en las noches disponía descargas (al parecer de aguas de formación) al río Putumayo, produciendo la contaminación de este cuerpo de agua y afectaciones de piel y disentería en niños y adultos de la comunidad y enfermedades uterinas en mujeres”.

Señalaron además que en el año 2016 se presentó un derrame de crudo que afectó una quebrada de la vereda La Rosa, de Puerto Asís, que desemboca en el río Putumayo, afectando de manera directa a la comunidad de Buena Vista.

Al clamor de los voceros nativos se sumó el Comité para la eliminación de la discriminación racial, Cerd, que hizo un llamado de atención al Gobierno por los impactos de los proyectos de explotación de recursos naturales.

La dirigente Andrea Alvis manifiesta que el gran problema es la calidad del agua que se toma en este municipio.

Revisan caso

Para los integrantes de la Red Departamental de Derechos Humanos, del movimiento político Marcha Patriótica, cuya sede principal se encuentra en el municipio de Puerto Asís, hay avances en el tema de garantías para la protección de los Derechos Humanos por cuenta del desescalamiento del conflicto. Pero aún hay una compleja situación derivada de la explotación petrolera en la región, que según el análisis de esta red, se convierte en el principal factor de vulneración de los derechos de las comunidades.

Voceros de esa organización cuestionan la facilidad con la que el Estado colombiano otorga las licencias ambientales para estas actividades, cuyas consecuencias se viven en las veredas en donde sufren la contaminación.

Recalcan además la poca, y en algunos casos nula, inversión del Estado para atender las necesidades básicas de las comunidades ubicadas en las áreas de explotación, que paradójicamente es de donde se extrae este recurso, que genera importantes ingresos económicos para el país.

 “Cuando una petrolera entra a Puerto Asís y decide que es más importante situarse en un territorio que históricamente ha tenido un conflicto armado, por uno u otro actor, y le parece que es más importante sacar petróleo antes que lograr la paz en ese territorio, a nosotros nos deja una preocupación muy grande”, expresaron.

También varios de los integrantes de esta red manifiestan su preocupación por lo que parece ser la reaparición de bandas criminales o paramilitares, como ellos lo denuncian, que también se convierten en un factor que pone en riesgo el pleno gozo de los derechos en esta localidad.

 “El tema de Derechos Humanos acá siempre es complicado, la creciente ola de asesinatos en meses anteriores, aún siguen las amenazas de personas en panfletos, aún hay zozobra sobre qué les va a pasar a ellos. Es preocupante ver que en un municipio como este se cometan estos actos. Esto es muy preocupante para nosotros”, expresó Luis Daza, defensor de dicha red.

Fabio Andrés Bastidas señaló que “es crítica la situación, porque el conflicto social se está agudizando más, la gente se sigue muriendo en los hospitales, a la población se le sigue negando la comida, los jóvenes no tienen acceso a la educación. Mientras sigan las políticas antipopulares esto va a continuar”.

Fuente: Diariodelsur

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