Grave situación enfrenta el pueblo Siona, cuya existencia corre peligro

BOLETÍN DE PRENSA

Delegación de autoridades del Pueblo Siona hacen presencia en Bogotá para denunciar la grave situación que enfrenta su pueblo [1], cuya existencia corre peligro.

Como hemos manifestado en anteriores escritos de carácter público y como usted bien conoce a la fecha nuestro pueblo atraviesa una crítica situación en materia de derechos humanos, agravados ante la amenaza del inicio de actividades sísmicas en nuestro territorio por parte de la empresa Amerisur Exploración Colombia.

Dado que la situación de vulnerabilidad y peligro de exterminio físico y cultural y otras gravísimas violaciones a derechos humanos que enfrenta el pueblo ZioBain persisten es necesaria u urgente la atención prioritaria por parte del Estado Colombiano, de especial manera de la Defensoría del Pueblo.

Para nosotros y nosotras la expansión de la frontera extractiva y el inicio de actividades sísmicas en nuestro territorio supone múltiples impactos, entre ellos el desplazamiento forzado del que la comunidad ya ha sido víctima y puede volver a serlo, por la intromisión de actores ajenos al pueblo ZioBain, incluyendo el ingreso de fuerza pública y actores irregulares y por la expectativa económica de las obras y proyectos. Como ocurrió cuando en la comunidad La Rosa, vecina del Resguardo Indígena de Buenavista del Pueblo ZioBain, se implementó la plataforma Platanillo.

Desde el año 2011 a la fecha se ha dado una sistemática expansión de la frontera extractiva (minera y petrolera) en el departamento, lo que ha significado un considerable y creciente despliegue de fuerza pública, ejemplo de ello el inicio de operaciones del Batallón de Ingenieros Mecanizado No. 27 (Batallón Villa Garzón).

Durante los años 2011 a 2015 se conocen otros hechos de incremento de la presencia y accionar militar en la zona para resguardo de la infraestructura petrolera; produciendo, entre otros, el confinamiento de la población durante las actividades de reacondicionamiento del pozo Alea-1, lo que dio como resultado que las FARC instalaran minas antipersona (sembradas hasta la fecha) para repeler a la fuerza pública impidiendo a la comunidad la realización de actividades propias de subsistencia vinculadas a la caza, pesca, recolección y el tránsito entre comunidades vecinas; realización de otras maniobras militares por parte de las FF.AA. asentadas en el pozo Alea consistentes en el disparo de granadas y roquet de mortero, ráfagas desde helicópteros, hostigamientos continuos entre FF.AA. y FARC, detención, registros fotográficos y requisas a moradores del resguardo, robo de animales y alimento, ingreso a domicilios, ocasionados por parte de FF.AA., etc.; que además afectaron de manera grave y permanente la realización de actividades ceremoniales que son el sostén espiritual, de gobernanza y direccionamiento del Pueblo ZioBain.

La comunidad también ha registrado hechos de amenaza contra dirigentes y confinamiento de la comunidad derivados de la presencia del Ejército en actividades de seguridad a favor de la empresa Amerisur Exploración Colombia durante el desarrollo de la fase de socialización del “Programa de Adquisición Sísmica 2D dentro del plan Bloque PUT- 12” que se encuentra en el área de influencia del territorio de Buenavista.

En el mismo año 2011 desde el pozo Platanillo 5, operado por Amerisur se presentaron hechos de contaminación a los cuerpos de agua; la empresa petrolera instalo una tubería que en las noches disponía descargas (al parecer de aguas de formación) al río Putumayo produciendo la contaminación de este cuerpo de agua y afectaciones de piel y disentería en niños/as y adultos/as de la comunidad y enfermedades uterinas en mujeres; hechos que fueron denunciados públicamente por el Alcalde Mayor del Resguardo en el año 2012 ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos y posteriormente ante el propio Ministerio del Interior.

En el año 2016 se presentó un derrame de crudo que afecto una quebrada sin nombre, ubicada en la vereda la Rosa y que desemboca al río Putumayo afectando de manera directa a la comunidad de Buena Vista.

Por hechos como los descritos el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial – CERD, de NN.UU., con fecha 25 de septiembre de 2015, en el documento de Observaciones finales sobre los informes periódicos 15 y 16 combinados de Colombia, observó al estado Colombiano por los impactos de los proyectos de explotación de recursos naturales, indicando “el Comité toma nota con preocupación de las informaciones relativas al impacto negativo que tiene el desarrollo de proyectos de explotación de recursos naturales, inclusive la minería ilegal, en los territorios de pueblos indígenas y afrocolombianos, que ocasionan daños irreparables en el medio ambiente y afectan a sus formas tradicionales de subsistencia y de explotación de la tierra y recursos, tales como la caza, la pesca, la agricultura y la minería ancestral. Preocupa también al Comité la tensión existente entre actores externos y los pueblos indígenas y afrocolombianos que habitan esos territorios. El Comité está particularmente preocupado por la situación que enfrentan las y los afrocolombianos en el Norte del Cauca, el pueblo Wayúu en La Guajira y los pueblos indígenas en Putumayo y Nariño”.

Con fecha 2 de junio de 2016 la Unidad para la Atención y Reparación de Víctimas mediante resolución N 2016-108678 dispuso incluir al Resguardo Siona Buenavista en el registro único de víctimas considerando, entre otros antecedentes, que la Corte Constitucional mediante Auto 004 de 2009 declaró que el pueblo Siona se encuentra en peligro de exterminio cultural y físico por el conflicto armado interno y ha sido víctima de gravísimas violaciones a sus derechos fundamentales; y que la comunidad ha vivido inmersa en un contexto de violencia e incertidumbre, razón por la que no ha tenido garantías para sus derechos, para sus formas de gobierno propio, solución de conflictos e impartición de justicia.

A la fecha el Resguardo Siona Buena Vista se encuentra desarrollando un proceso con la Unidad de Restitución de Tierras en el marco del decreto 4633 de 2011, “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los Pueblos y Comunidades indígenas” por considerar que nuestros derechos a la autonomía, autodeterminación y relación integral con el territorio se ha visto seriamente desconocidos y/o afectados y siguen en riesgo.

Como medida urgente del 21 al 25 de Noviembre una delegación de autoridades tradicionales del resguardo visitaremos la ciudad de Bogotá para reunirnos con diversas autoridades, denunciar estos hechos y buscar la implementación de mecanismos urgentes y concretos de protección.

Las autoridades que con quienes hemos confirmado reunirnos son la Sra. Vicedefensora del Pueblo y sus delegados de Derechos de los Indígenas y Minorías Étnicas, Población Desplazada y Víctimas del Conflicto Armado; el Director de Consulta Previa del Ministerio del Interior; la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos; la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales del Ministerio de ambiente; además de Ongs de derechos humanos y ambientales.

LLAMAMOS:

A la comunidad nacional e internacional, a los medios de comunicación, a las organizaciones de derechos humanos a que acompañen, se solidaricen y realicen seguimiento de los hechos que denunciamos en este boletín y en las resoluciones que hemos elaborado en fechas anteriores; y a que dirijan comunicaciones de preocupación por los hechos aquí denunciados y por aquellos que sigan surgiendo en la medida que se pueda seguir recaudando y difundiendo mayor información.

Bogotá, 16 de noviembre de 2016

Mario Erazo
Gobernador

Sandro Piaguaje
Dirigente de Cultura Tradicional