Así será la gerencia del acuerdo rural

Mariana Escobar, directora de la Agencia para la Renovación del Territorio. / Óscar Pérez
Mariana Escobar, directora de la Agencia para la Renovación del Territorio.
/ Óscar Pérez

Mariana Escobar es la recién posesionada directora de la Agencia para la Renovación del Territorio (ART). La entidad fue creada en diciembre pasado en la reforma institucional que también inauguró la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la de Desarrollo Rural (ADR).

A diferencia de esas dos últimas instituciones, que se repartieron las funciones del Incoder en liquidación, la ART será la encargada de coordinar la intervención del Estado en las zonas afectadas por el conflicto armado, unos 150 municipios que son prioridad.

En entrevista con El Espectador, Escobar aseguró que la ART empezará a trabajar en forma a partir de enero de 2017 y explicó su papel como gerentes de los programas de desarrollo plasmados en el primer punto del acuerdo de La Habana.

¿En qué puntos del acuerdo de paz estará involucrada la Agencia?

La Agencia tiene una relación con casi todos los puntos que se acordaron. Primordialmente está atada con el punto uno, de desarrollo rural, que prevé la construcción de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) en los municipios prioritarios del posconflicto. La Agencia no tendrá cobertura nacional, sino que estará limitada a esos cerca de 150 municipios prioritarios, organizados en 15 PDET.

¿Qué municipios?

Eso se está terminando de definir. Las regiones son el Cesar, La Guajira, Magdalena, los Montes de María, el sur de Córdoba, Urabá, sur de Bolívar, Catatumbo, Arauca, Chocó, oriente antioqueño, el litoral Pacífico, norte del Cauca, el Alto Patía, Nariño, Putumayo, Caquetá y va conectado con la región del Ariari, la región de Mapiripán en Meta y Guaviare. Es la geografía de la guerra. La agencia gerenciará la construcción de los PDET.

¿Eso qué implica?

Acompañar y facilitar el proceso participativo. El desarrollo en Colombia se ha hecho de arriba hacia abajo a través de planes nacionales de desarrollo, pero en La Habana se acordó que en estas zonas los planes se construyen en el territorio, con sus actores. Son tres niveles de participación, un nivel submunicipal, que es participación casi veredal o de corregimiento, una enorme innovación como unidad básica de planeación. Luego, el nivel municipal y el subregional. La agencia facilita ese ejercicio y procura que todos los actores del territorio participen y accedan en igualdad de condiciones.

¿En qué se diferencian y cómo se articulan con las otras dos nuevas agencias?

Diría que la ADR es la agencia madre de las tres, porque tiene una rectoría de instrumentos para el desarrollo rural, más allá de lo agropecuario. Tendrá los instrumentos para desarrollar proyectos productivos, asistencia técnica y extensión y gestionar otros bienes públicos, infraestructura para la producción como distritos de riego. Debe haber articulación para que sus instrumentos lleguen de manera prioritaria a los territorios. Otro asunto es que no es posible rehabilitar todas las zonas con producción agropecuaria. En Colombia, con los activos de biodiversidad que existen, fuentes de agua, bosques, selvas, hay un renglón de desarrollo a través de conservación de bosques y agua y generación de servicios ambientales y forestales. Tenemos la oportunidad de inaugurarlo.

¿Y con la ANT?

Hay que ir de la mano conforme se va formalizando la tierra o entregando baldíos. Hay un cambio en la gestión de la tierra. Antes la formalización se hacía por demanda. Ahora se hará por oferta, la ANT entrará a los territorios por el sistema de barrido para que el desarrollo entre de forma coherente con los avances de formalización. Se ha previsto que las unidades regionales de las agencias operen de forma conjunta, con sedes únicas. Es una oportunidad de oro.

¿Cómo se articulan los PDET con otras políticas que no están en el acuerdo, como las zidres?

El punto uno promueve la economía campesina y familiar rural. En ninguna parte dice que es la única forma de desarrollo económico en el campo. Deja margen para que coexistan diferentes formas productivas. Los PDET buscan garantizar la participación de todos, incluidos los gremios. Es posible que en una zona PDET se acuerde que haya una zidres o que un PDET sea verde porque se dedicará a la conservación de fuentes agua y reforestación. Los acuerdos a los que llegue el territorio son importantes y son acuerdos complejos, porque hay muchas fuentes de conflictividad social. Hay territorios como el Cauca en que no hay acuerdos sobre el ordenamiento social del territorio, dónde se ubican, cómo usar el suelo y cómo no. En condiciones distintas de seguridad tal vez las comunidades que pudieron haber sido antagónicas ahora tienen espacio para dialogar y llegar a acuerdos. Es un laboratorio para el país.

¿Qué pasa con toda esta política si gana el “no”?

El tema del punto uno es algo que el presidente ha dicho que va con o sin acuerdo. Creo que el Gobierno apostó por convocar la comisión de expertos de la Misión para la Transformación del Campo, un insumo muy valioso; se actualizó el censo, estábamos en mora; se decidió hacer el catastro y sacar adelante los POT modernos, entre otros. El país es consciente de que tiene que avanzar en esos derroteros porque el campo se ha convertido en un espacio inviable en donde la institucionalidad por muchas razones se ha quedado rezagada frente a sus demandas. El aumento de economías ilegales es preocupante, al igual que la deforestación, el deterioro de fuentes de agua, el desorden de cómo se va corriendo la frontera agrícola. Y las brechas entre lo urbano y lo rural son insostenibles.

¿Cómo será la articulación institucional, porque hay instituciones como Prosperidad Social (DPS) que han venido trabajando en tareas parecidas?

Entidades como el DPS son fundamentales porque en el acuerdo uno está la meta de reducir la pobreza al 50% en 10 años. Es muy ambiciosa pero hay que perseguirla sin cuartel. Hay que cerrar brechas en vivienda rural y acceso a agua. Si logramos hacerlo con una estrategia agresiva de saneamiento básico vamos a darle muy duro a la pobreza. Otro tema es que si bien el país ha avanzado en aseguramiento en salud, el acceso es muy complejo, se han perdido los primeros escalones de atención. Los centros de salud están caídos, no tienen personal, no están dotados. Hay enfermedades en el campo que se pueden prevenir a través de esquemas preventivos de manejo comunitario, una solución sencilla de enorme impacto. El acceso a educción también es muy complejo, no hay infraestructura escolar o queda muy lejos. Los puentes sobre las quebradas por ejemplo se pueden hacer incluso con mano de obra comunitaria.

¿Cómo será la presencia en el territorio con miras a la descentralización?

La idea es que la Agencia sea lo más mínima posible en Bogotá, con lo necesario para moverse técnica y financieramente y tener articulación con los demás sectores del Gobierno, el privado y la cooperación internacional. La Agencia será intensiva de mano de obra en el territorio, vamos a tener una organización a través de la cual vamos a estar en seis o siete nodos en las regiones que comenté y que serán de apoyo administrativo y de interlocución con gobernadores y alcaldes. Hay otros nodos subregionales que estarán en veredas y corregimientos, que tendrán la gerencia de los PDET, serán los que se ponen las botas y van a trabajar con las comunidades.

¿Cuántos funcionarios calcula que tendrán?

Entre 320 y 350. Recibiremos la planta de lo que era la Unidad para la Consolidación, que terminó su gestión el año pasado y entró como dirección de gestión territorial en el DPS transitoriamente, a la espera de que se creara la Agencia. Consolidación se creó en un momento político muy específico, cuando el país estaba en un punto muy álgido del conflicto. Fue un modelo interesante en el que detrás de las operaciones militares entraba el resto del Estado. Nosotros ya no vamos detrás de operaciones militares, somos agentes de construcción de paz en el territorio. Es gente que sabe del trabajo en el territorio y entiende la importancia de la participación de las comunidades.

¿Hoy cuántos están?

Se creó una planta mínima para arrancar, hay cuatro cargos, con un equipo importante de contratistas. La Agencia está prevista para que arranque en 2017. Ha habido trabajo intenso liderado por Presidencia y yo he estado colaborando desde hace meses. Enero es ya, hay que afinar y hacer difusión en territorio para empezar la convocatoria.

¿Pasarán a depender de Presidencia?

Habrá un cambio de adscripción. Pasará a Presidencia. Se creó en el Ministerio de Agricultura en la reforma en que se crearon las otras agencias porque en ese momento había facultades para hacerlo. Cambiaremos para estar en el sector del posconflicto. La identidad con el tema de agricultura y desarrollo rural es muy fuerte, es la esencia de lo que tiene que ejecutar la Agencia, pero el nicho de posconflicto es muy importante, con temas como el desminado humanitario, el tema de sustitución de cultivos, derechos humanos. La agencia lo tiene que apoyar.

¿Y están en el debate de presupuesto para el próximo año?

Estamos preparando la propuesta de inversión que pasaremos en la siguiente carta de modificación a la discusión del presupuesto para el año entrante en el Congreso. En octubre estará radicado el presupuesto de inversión de la Agencia.

Fuente :  Colombia2020  – ElEspectador.com

Share This Post