El gobierno del presidente Santos incumple a los Leguizameños.

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AEROPUERTO articulo 002Por : Tito Alava

El jueves 25 de junio de 2015, el Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, en Puerto Leguízamo, Putumayo,pregonaba en la tarima del coliseo “Maraca” que en seis meses el aeropuerto “Caucayá” entraría en la era de modernización aeroportuaria regional.

Además, el Vicepresidente de la República, ante los asistentes al coliseo maracaná señalaba  que el Gobierno nacional con  presupuesto de la Areocivil en 3.600 millones de pesos, suscribía el contrato con el Consorcio Krasia que tenía como objetivo adelantar las obras los estudios, diseños y el mantenimiento de la pista, en el terminal aéreo de Leguízamo, contemplando prolongar  la pista en 300 metros de largo y 16 de ancho, al pasar de 1.200 metros a 1.500 y de 14 a 30 metros, respectivamente.

Al suscribir el contrato se determinaba la entrega de la obra para el 31 de diciembre del 2015, pero  fue prorrogado por la Aeronáutica Civil hasta mayo del presente año.


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Tras estos hechos Juan Carlos Paya, Alcalde de Leguízamo, fue informado sobre  un convenio con la Aeronáutica Civil para intervenir el aeropuerto por corresponder la administración de este, al municipio, al igual que al contratista por el incumplimiento en las obras que se ejecutaban.

El avance de los trabajos en la obra fue del 0,64%, alcanzando únicamente  la elaboración de los estudios y diseños, y no poder extraer material del río Putumayo en un área específica sobre la zona de frontera internacional, determinando posteriormente un  perímetro en el río Caquetá de extracción de gravilla, aduciendo el estimado del tiempo en la presentación de la propuesta, debía haberse realizado el año pasado y para ese entonces no hubo un plan de contingencia.

Por tal razón, y con el desconocimiento por parte de la administración de Leguízamo, la Aeronáutica Civil y el contratista KRASIA el pasado mes de abril firmaron un acta de terminación bilateral por razones jurídicas, además de las ejecuciones ya mencionadas, puesto que unos de los miembros del consorcio KRASIA habían sido inhabilitado y no cedieron el contrato a tiempo, en marco del nuevo estatuto de anticorrupción.

 


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