La gran familia del tallador de madera Ricardo Germán Maigual, en una de las cenas tradicionales en las que se reúnen desde abuelos hasta bisnietos.
ElTiempo – Alirio Chicunque nunca olvidará el partido de fútbol de las fiestas de la Virgen del Carmen del año 2001 en la vereda cocalera de El Sidón, en Nariño, a un mundo de distancia de su frío y apacible valle natal de Sibundoy.
“Nos fuimos varios de la misma vereda hasta allá. En la finca del duro, terminamos trabajando 12 kamentzás. Para esas fiestas, organizaron un campeonato con apuestas. El patrón preguntó si jugábamos y pagó el medio millón de la inscripción. El otro equipo era de negros. Nos dimos pata fuerte. Y ganamos. El patrón gastó comida y cerveza y nos invitó a su casa. ‘No saben a quién le ganaron –nos dijo–. Ese era el equipo de los ‘guerros’, el de las Farc. Pero no se preocupen: ellos mandan aquí, pero reconocen que perdieron’ ”.
“Esa fue la última”, cuenta Alirio, casi 15 años después, apoyado en la cerca del lotecito donde tiene su casa de material, en la vereda San Félix, del valle de Sibundoy. Sin empleo en su tierra, por varios años había descendido al bajo Putumayo por temporadas de siete u ocho meses, lejos de su mujer y sus tres hijos pequeños, a raspar coca. Esa era la primera vez que iba a Nariño, donde empezaba la bonanza cocalera.
El partido de fútbol no tuvo consecuencias, pero decidió devolverse, no obstante que la coca, en esos tiempos, le dejaba a un hombre como él, capaz de ‘raspar’ 11 arrobas en un día, casi 30.000 pesos, una suma impensable frente a los tristes jornales de Sibundoy. “Con la llegada de los paramilitares eso empezó a calentarse. Los milicianos investigaban a todos. En la cancha donde entrenábamos ejecutaban a los sospechosos”.
Desde entonces, Alirio Chicunque no ha vuelto a salir del valle que es la patria de los kamentzás. Con los ahorros compró el lotecito e hizo una casa de tabla que, después de apoyar a un candidato que ganó la alcaldía, convirtió en la modesta construcción de material que hoy es su hogar. Dos de sus hijos van a la universidad y otro termina el colegio. En Sibundoy el empleo es escaso, pero, gran sabedor de la lengua materna, trabaja en la radio del cabildo y, en jornadas comunitarias, se rebusca como puede y de vez en cuando teje artesanías.
Esa no fue la suerte de muchos de sus compañeros kamentzás.
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Este pueblo de escasos 10.000 integrantes ha habitado siempre en su frío valle, encaramado en la cordillera que divide a Nariño y Putumayo. Hoy, más de 2.000 kamentzás viven en el bajo y medio Putumayo y en Nariño, dispersos en varios cabildos sin tierra ni resguardo propio. No fue la guerra –que hace más de diez años no asoma por su tabanok, su ‘lugar de origen’– la que trastornó su modo de vida: fueron la necesidad y la coca.
La pobreza heredada de la mita, la evangelización y la viruela, que casi acaban con ellos en la colonia, y los colonos, que han arrinconado en chagras mínimas sus huertas tradicionales o jajañen el siglo XX, empujaron a cientos de kamentzás a migrar en busca de trabajo desde mediados de los noventa. A las tierras calientes del Putumayo, donde bullía la bonanza cocalera, llegaron muchos, con la idea de trabajar duro, ahorrar y devolverse. El hechizo les cobró muy duro la aventura.
“En el 95 aparecimos por acá. La mayoría trabajaban en la coca”, sentencia, envuelto en su ruana, el taita Vicente Juajibioy, gobernador del cabildo de Orito, Putumayo. Él y su esposa, ambos profesionales, que migraron a trabajar como maestros, han sido testigos de los estragos de la violencia entre los indígenas en las zonas cocaleras. En años de trabajo, han contribuido a organizar el medio centenar de familias kamentzás dispersas por el municipio petrolero. No tienen resguardo y sueñan con adquirir tierra para hacer una aldea tradicional. “Pero nos piden más de 200 millones por cuatro hectáreas”, cuenta.
“Ha habido muchos asesinatos, violaciones, reclutamiento forzado, que nunca se han denunciado”, sostiene Pablo Jamioy, otro profesional kamentzá que vive en Mocoa, donde hay dos cabildos de su etnia. “No hay información de esa afectación, pero uno empieza a hablar con la gente y salen cosas terribles. El subregistro de la victimización indígena es inmenso”, dice. Una encuesta parcial del Cabildo Mayor, entre 500 indígenas, arrojó información de 168 asesinatos, 263 desplazamientos y casos de reclutamiento y violación.
Las consecuencias han sido también culturales. “Son muchos los que se han ido. El impacto ha sido duro: la lengua, las costumbres, la parte artesanal se han ido perdiendo”, dice el gobernador del Cabildo Mayor, Cástulo Chindoy.
Pero la migración cocalera no solo afectó a los que se quedaron en Putumayo. Los que regresaron arrastraban también sus consecuencias. “La juventud se desbandó. Al participar en el dinero, se generó inseguridad en los pueblos a los que volvían. Se afectaron el orden de las familias y la cultura. Hay problemas de alcoholismo y drogas. En los últimos cinco años se ha acentuado la venta de ‘norteño’ (licor adulterado) en el resguardo”, dice Karol Henry Mavisoy, joven uatëkma (alguacil) del Cabildo Mayor. La pobreza completa el paisaje: según un diagnóstico propio, el poco empleo son jornales de 15.000 pesos diarios, 70 por ciento de los indígenas no tiene vivienda propia y la mitad dispone solo de letrinas.
Aunque la mayoría sigue en el valle de Sibundoy, dos décadas después de que se decantara su gran éxodo, muchos kamentzás están desperdigados en seis cabildos en el medio y bajo Putumayo y otro en Bogotá, y hay un número indeterminado en las zonas cocaleras de Nariño. Desde el 2009, la Corte Constitucional los incluyó entre los 34 pueblos indígenas “en peligro de ser exterminados –cultural o físicamente por el conflicto armado–”. Una “emergencia tan grave como invisible”, según el Auto 004, que padecen nueve de las 14 etnias que habitan el Putumayo y muchas otras en el país.
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Sin embargo, tan persistentes como la llovizna y las nieblas de su altiplano, los antiguos habitantes del Sibundoy no se rinden.
Con su metodología participativa de “conversar conversando”, hablando con taitas, ‘mamitas’ y familias, en comunidades y cabildos, han construido un ‘plan de salvaguarda’ que empiezan a aplicar en alianza con el Gobierno para preservar su identidad, su idioma, que no tiene nexos con ningún otro tronco lingüístico en el mundo; su conocimiento de las virtudes de plantas alucinógenas –del yagé al borrachero– que asombró al célebre etnobotánico Richard Schultes en 1941.
Son, quizá, el pueblo indígena con más profesionales per cápita en Colombia: Karol estudió en Bogotá y Brasil, Pablo ganó un concurso del Banco Mundial, Vicente y su esposa se graduaron en la capital. Y todos regresan a sus comunidades. Este año intentaron, por primera vez, lanzar un candidato a la alcaldía de Sibundoy, el taita Santos Jamioy, quien, con 1.021 votos, quedó de tercero.
La celebración del ‘día grande’, el Bëtsknaté, sus coloridas tallas de madera, sus sayos y ruanas delicadamente tejidos, el yagé y la andina tranquilidad de Sibundoy atraen turistas de todo el mundo. Pocos de ellos saben de la ‘emergencia invisible’ que ha padecido el pueblo kamentzá, tan lejos y tan cerca del conflicto armado.
ÁLVARO SIERRA RESTREPO
Especial para EL TIEMPO
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