ElColombiano
Desde hace un año en varias veredas de Puerto Asís sus habitantes padecen de fuertes dolores de cabeza y salpullidos en la piel por la contaminación de aguas y tierras afectadas por el derrame de 5.000 barriles de petróleo causado por las Farc en la zona.
Ayer sus preocupaciones, también relacionadas con la muerte de ganados y animales silvestres y la pérdida de cosechas, se multiplicaron con el nuevo atentado ambiental de las Farc, que el fin de semana interceptó una caravana de carrostanques y derramó 5000 barriles de crudo, equivalentes a 200.000 galones.
La situación humanitaria empeora toda vez que este tipo de acciones contra las comunidades y la naturaleza se volvieron “sistemáticas” y casi irreparables en los últimos años, según las autoridades militares y ambientales.
Por eso crece el repudio de la comunidad y las autoridades ante una modalidad que se repite, que cada vez es más grave y que fue calificada de “terrorismo” y una violación al Derecho Internacional Humanitario, por atentar contra los recursos naturales y la vida de la población civil.
El gobernador de Putumayo, Jimmy Díaz Burbano, confirmó que ya hay señales de contaminación porque “el crudo comienza a contaminar las aguas del río Cuembi en el resguardo indígena Santa Rosa (comunidad Nasa). Ese río es afluente del río Putumayo y el daño no solo es al medio ambiente sino a los habitantes ribereños”.
Al rechazo en nombre de la población que pueda sufrir las consecuencias del daño a las fuentes de agua y a la flora y fauna locales, se suma la denuncia del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
El funcionario cuestionó a las Farc al “rechazar los actos de terrorismo” provocados luego de “obligar a conductores a vaciar el crudo que transportaban en Putumayo. Eso no es voluntad de paz, es perjudicar los recursos naturales y a la comunidad”.
La emergencia comenzó a las 5:30 de la madrugada del lunes, cuando guerrilleros del frente 48 de las Farc irrumpieron en una vía terciaria del municipio de Puerto Asís.
De acuerdo con la empresa Vetra, tras detener 19 carrotanques que transportaban crudo de los pozos de Cuemby y Quillasinga “amenazaron a los conductores para que abrieran las válvulas de descargue y derramar de forma incontrolada un volumen de petróleo de unos 5 mil barriles, equivalentes a más de 200 mil galones”.
Ataques sistemáticos
Como si no fuera suficiente este tipo de episodios, la violencia provocada por el conflicto armado lleva a Putumayo a los primeros puestos de las cifras de homicidios, víctimas de minas antipersonal y ataques guerrilleros.
Esa es la preocupación que tiene Jaime Silva como habitante y secretario de Gobierno de Puerto Asís, quien advierte que “de las aguas del río Cuembi se abastece la gente de la vereda La Cabaña, que se quedaron sin agua por esta acción reprochable”.
Sabe por experiencia los problemas de salud y la alteración de la vida que pueden sufrir las comunidades no solo debido a la contaminación por la gran cantidad de petróleo derramado, también por la falta de respuesta y planes de contingencia de las empresas petroleras por estos ataques que se volvieron sistemáticos.
Silva recuerda que en mayo del año pasado los insurgentes detuvieron una caravana de 23 carrotanques. Luego encañonaron con fusiles a los conductores y tras amenazarlos de quemarlos vivos si no bajaban de los vehículos los obligaron a verter 4.500 barriles de petróleo que se regaron por la tierra y cayeron a las quebradas.
Fue así como el crudo llegó a los ríos y humedales y por esa vía a las personas y animales domésticos y silvestres.
Relata que “desde entonces las personas empezaron a sufrir diarreas, dolores de cabeza y náuseas por el fuerte olor, los niños tiene más enfermedades de la piel que se atribuyen al consumo de agua y peces contaminados, porque la gente se abastece del agua de los ríos”.
Los habitantes reclamaron al Gobierno y la compañía petrolera (la misma que sufrió ayer el derrame provocado por las Farc) indemnización por daños causados.
“El agua bajó negra y pegajosa y se filtró a los humedales y nos dañó las cosechas de maíz y plátano y no se podía pescar. Nadie nos respondió por las pérdidas”, se queja todavía un poblador.
Según el secretario de Gobierno de Puerto Asís, la “empresa siempre responde que por tratarse de actos terroristas quedan eximidos de responsabilidad por un decreto y no se recogió el crudo derramado ni se descontaminó la zona. Tampoco se atendió como se debía a las comunidades afectadas”.
Corpoamazonía anunció sanciones contra la empresa petrolera por el incumplimiento en las labores de limpieza y descontaminación.
Por este antecedente, el funcionario se reunió ayer con funcionario de la Defensoría del Pueblo y las autoridades para solicitar unefectivo plan de contingencia, que la Defensoría pidió tras las repetidas voladuras de oleoductos y los derrames intencionales.
Y es que según un informe de la Fundación Ideas para la Paz, especializada en conflicto armado, “el derrame de crudo impide el acceso de la población al agua, su consumo y el riego de cultivos. Se suma el hecho de que algunas empresas petroleras no asumen la responsabilidad de descontaminar los ríos y suelos argumentando que fue causada por actores armados ilegales”.
El estudio advierte que “la institucionalidad no cuenta con una ruta específica para hacer frente al impacto humanitario”.
Región adversa a las tropas
Tanto el Ejército como las compañías petroleras coinciden en que las reparaciones de los oleoductos y pozos destruidos se dificultan por las minas antipersonal y la presencia de la guerrilla, que con frecuencia embosca a las tropas que acuden a prestar seguridad a los técnicos.
Desde ayer las tropas de la Sexta División del Ejército fueron reforzadas para asegurar la zona y permitir los trabajos de descontaminación que reclama la comunidad.
Para el coronel retirado John Marulanda, especialista en seguridad y defensa, no es tarea fácil en una región extensa y con los frentes 48 y 32 de las Farc activos en zona fronteriza y selvática que favorece su accionar.
“La guerrilla hace atentados, en especial con explosivos y cruzan un río para refugiarse en Ecuador y hasta atacan desde allí”.
También señala que la producción petrolera “concentra la mayoría de las tropas del Ejército en el cuidado de oleoductos y pozos y más de 400 kilómetros de vías, lo que las amarra y les impide una ofensiva militar sostenida”.
Los ataques contra esta infraestructura en Putumayo vienen en ascenso cada año desde 2008 (más de 300 voladuras) y suman el 47 por ciento de las acciones de sabotaje en Colombia, según Ecopetrol.
Ahora, con el fin del cese el fuego unilateral de la guerrilla y el afán de presionar una tregua bilateral en medio de las negociaciones con el gobierno, las Farc vuelven a reactivar sus atentados en Putumayo.
Desde el anuncio de la reanudación de las hostilidades, el pasado 22 de mayo, la insurgencia ha cometido más de 30 ataques contra la fuerza pública, la industria petrolera y energética (derribo de torres de energía). Preocupa que varios fueron contra bienes civiles protegidos por el DIH .
Por juan carlos monroy giraldo
http://www.elcolombiano.com/civiles-y-ecosistema-victimas-otra-vez-de-ataques-de-las-farc-FD2104142