“Falsas víctimas están reclamando tierras en el país”

Colp_HF238017_dce09El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, habló al respecto. Lo hizo sin miramientos, de frente, con ese tono enérgico que lo ha caracterizado desde que fue secretario de Tránsito y de Gobierno en Medellín y senador.
LaRepublica

En diálogo con El Colombiano identificó uno de los problemas que laceran la Ley de Restitución: los supuestos carteles de víctimas que reclaman tierras sin tener fundamentos o sin ser propietario presente en Antioquia, Sucre, Córdoba y Santander.

En sus palabras, y según su experiencia, la Ley de Restitución debe modificarse para cumplirse a cabalidad. También defendió la permanencia de las notarías, ante la idea del senador Armando Benedetti de eliminarlas. Así mismo, indicó que los equipos para el uso de la biometría en esos despachos ya están listos y solo se espera que el presidente Juan Manuel Santos dé el aval para iniciar el programa.

¿Cómo va el tema de restitución de tierras en el país?

Eso es un tema que le concierne a la Unidad de Restitución de Tierras, sin embargo les podría hablar de la restitución por seguridad. Es una restitución donde muchos colombianos volvieron a sus tierras, y lo hicieron porque hay una presencia de las Fuerzas Militares que ha generado la seguridad. En eso yo diría que todo el tema de las tierras que teníamos protegidas en Rupta, viene rebajando, es decir, bajan las solicitudes en el tema de la protección, eso significa que la gente ha vuelto.

En Antioquia hay que destacar que es el departamento donde hay un gran ejemplo como el Oriente cercano que son los municipios de Cocorná, San Luis, San Francisco, Granada y San Carlos, a los que han vuelto más de 15.000 familias. Como también han vuelto en el César y en Magdalena. Creo que es el resultado de la seguridad por parte de las Fuerzas Militares, más el proyecto de la restitución de tierras lo que ha generado ese gran resultado para Colombia.

Si usted me pregunta que si es óptimo, yo le tengo que decir que no porque la Ley de Restitución de Tierras tiene un plazo de 10 años y esto no es una carrera de 100 metros libres, sino una carrera de 100 metros con obstáculos.

En la restitución de tierras se han presentado problemas por las falencias que tiene la Ley. ¿Ustedes cuáles han identificado para que el proceso de restitución de tierras no se esté dando como debe ser?

Tenemos las falsas víctimas. Tengo que reconocer que en Colombia pareciera que hiciéramos la ley y están buscando cómo hacer la trampa y cómo aprovecharse de esa ley. Hemos recibido denuncias recientes de falsas víctimas fundamentalmente en Antioquia, Córdoba, Santander y Sucre, donde personas que vendieron muy bien sus predios, después dicen que los amenazaron, que compraron muy barato. El argumento que dan es el valor de la escritura que es el avalúo comercial, que obviamente es muy bajito y con ese tipo de argumentos se han presentado. Esa es una de las complicaciones que ha tenido la ley.

¿Cómo actúa este tipo de falsas víctimas?

No tengo ninguna duda que esto es toda una organización. Detrás de esto hay personas que conocen mucho la ley de restitución, personas que conocen mucho las regiones y conocen los antecedentes históricos de esas tierras, para justificar de alguna forma esas falsas víctimas que se vienen presentando.

¿Ustedes han hecho las denuncias de esas falsas víctimas y qué ha pasado con esas denuncias?

Hemos hecho, yo creo que no menos de 120 denuncias y están en proceso de investigación en la Fiscalía. Hasta ahora van avanzando en el proceso, pero no ha habido ningún detenido por este proceso.

¿Cuáles estrategias se deberían implementar para resolver las confrontaciones entre ocupantes, dueños y solicitantes de los predios?

La prueba de una Ley de Restitución en Colombia —que el Congreso le trabajó muy de fondo a eso, yo era congresista en esa época cuando trabajamos la ley—, es que siempre uno parte de la buena fe y uno cree que la buena fe prima sobre todo. Desafortunadamente uno se da cuenta que, al parecer, muchos no están utilizando la buena fe sino la mala fe, y creo que ahí se deben hacer algunas pequeñas reformas a la Ley de Restitución. No sé si un tema de reglamentación o un tema de cambio de la ley, en lo que tiene que ver con la dependencia económica de la tierra. Hay que tener una prueba adicional y esa dependencia económica no es nada distinto a que prueben que hacía antes en esa tierra: si vendía papa, dónde compraba el abono, a quién se la vendía; si tenía trabajadores cómo les pagaba; a ver dónde hay un recurso que le pueda permitir saber si realmente si han vivido en esta tierra o si han dependido de esta tierra.

Además, el país se tendría que preparar para el tema catastral porque uno dice me pagaron muy barato, pero claro, pagaron fue lo que inicialmente estaba en la escritura pública, pero detrás de la escritura pública el mejor de los negocios en Colombia en lo rural es que el avalúo catastral que puede estar en el 20 o el 30 por ciento, y en una denuncia en la Unidad de Restitución a usted le dicen: a usted sí lo engañaron, pero realmente el pago pudo haber sido distinto y no pudieron ser organizados en guardar un cheque o el avalúo comercial. Esas dificultades habrá que reformarlas en la ley.

¿Debería haber un cambio en la perspectiva de que la carga de la prueba no la tenga que demostrar el dueño de la tierra para certificar que sí es el dueño del predio?

“Esa es una discusión de mucho fondo y es importante desde el lado que usted lo mire. Si usted lo mira desde el lado de la víctima, dice que es muy necesario por un tema de protección; si usted lo mira desde el lado del que es demandable, este dirá por qué me van a poner a mí a cargarla. Esa es una discusión que si usted se sienta a hablar con el uno y con el otro, argumentan los temas. Ahí el punto más grave es el de demostrar que es exento de culpa, porque es más difícil, y debemos mirar con lupa esa situación”.

¿A qué se refiere cuando habla de exento de culpa?

Es hacerse el loco. Es cuando dicen yo no sabía, pero uno por dentro sabe que todo eso ocurrió. Entonces fue de buena fe, pero yo me hice el loco cuando me contaron que allá en esa zona habían matado tres, o había un corredor de narcotráfico, pero como eso es una noticia que hay por allá entonces uno dice no, venga yo trabajo sobre el documento, más no con lo que realmente es el contexto.

Basados en ese contexto de violencia vividos en zonas como Urabá, ¿qué tan conveniente era comprar tierras en medio de un conflicto en el que muchas veces mediaba el miedo?

Yo le voy a dar una frase que parece simpática: cuando va a comprar, nunca compre de afán, porque el que vende de afán es porque alguna cosa tiene ese predio. Segundo, los estudios de títulos son una verdadera investigación de qué pasó con el inmueble, no leer simplemente es que me parece que eso está bien. Me parece que hay una gran irresponsabilidad. Primero uno tiene que decir cuánto se paga por un estudio de títulos, y segundo, cómo se vende cuando hay un estudio de títulos por 70.000 pesos. Estamos hablando de un patrimonio de las familias, entonces yo creo que hay que ser más responsables en ese sentido.

Usted hablaba de la complejidad para desenredar el tema de los predios en la restitución y la propuesta es revisar caso por caso. ¿Qué capacidad tienen los jueces y el Estado mismo para desentrañar el tema de los predios?

No es que no tengamos capacidad. Pero también sería una gran irresponsabilidad coger esto colectivamente. El derecho a la defensa estaría vulnerado totalmente para cualquier persona. El día que una ley de restitución sea de resultados y se trabaje con esa premisa, seríamos absolutamente irresponsables. Por eso cuando me preguntan cuántas hectáreas van, yo digo no me pregunten por hectáreas. Aquí hicimos ya un trabajo de construcción de un histórico, de saber qué fue lo que pasó con la tierra, pero ya cuando vas a entrar en la demanda estás peleando con el patrimonio de una persona, y a esa persona hay que darles todos los derechos y eso no se hace en una demanda colectiva.

No sé que intención tiene el que hace una demanda colectiva, me parece que las intenciones no son buenas. El esfuerzo tiene que enfocarse a que una persona se defienda y el que tenga que asumir las responsabilidades, que las asuma. Tampoco estoy de acuerdo cuando la justicia es demasiado lenta, o la hacen muy lenta, para que no se den resultados.

¿Pero la microfocalización de una zona ayuda o estanca en la restitución?

Estanca. Pero digamos que en una zona que está minada, no se pueden hacer las visitas, pero tampoco va a ser tan irresponsable la Unidad de Tierras de mandar a unos funcionarios a meterlos a que terminen muertos por hacer un tema de revisión.

Usted tiene que darles garantías a los investigadores de la Unidad, que cuando vayan a una zona puedan hacer una investigación a fondo. La investigación no es solo la documental, que la hacemos nosotros, sino de la presencia en la zona. Todo el mundo quisiera que focalizáramos todo. A mí me parece que la decisión de desminar en Antioquia, va a ser muy importante en el tema de restitución. Una vez se haya desminado, se va a poder microfocalizar y se pueden tener grandes resultados en el tema de restitución.

¿Para efectos de restitución se han tenido en cuenta los documentos de la Superintendencia de Notariado y Registro?

Sí. Uno de los elementos claros de la demanda es que nosotros hagamos los estudios de títulos. Los jueces y magistrados nos piden esos títulos para la restitución.

¿Se siguen presentando casos de despojo a predios del Estado?

Ese es el pan de cada día. El mayor despojado de tierras en Colombia fue el Estado colombiano, y hoy uno creería que todos los baldíos están ocupados, hay varios que no están ocupados o sacan una persona y entra otra.

Ustedes detectaron 66 maneras de despojo a esos predios del Estado. ¿Han logrado frenar que se sigan presentando?

Hay dos cosas muy importantes. Primero la conciencia de quién va a comprar la tierra en Colombia. Debo decir, un momentico yo estudio eso con mucho cuidado y que debe haber un estudio de títulos serio. Esa cultura entró, a la fuerza, pero entró. Cada una de esas 66 formas son ejemplos que ya teníamos detectados. En nuestro sistema lo tenemos identificado y nos aparecen y tomamos medidas como la biometría y otras.

¿Qué tanta atención le ha puesto el Estado a esas tierras propias que son protegidas y están siendo usurpadas por diferentes entidades con ánimo de lucro?

La verdad es que venimos protegiendo todo el país y tratamos de hacerlo. Muchas veces nos quedamos corticos, es que son 114 millones de hectáreas, y es ahí donde uno dice cómo alcanzamos a llegar a esos temas. Tratamos de poner todo el esfuerzo. Hay zonas donde no tenemos mucho personal, no tenemos una presencia del Incoder ni del ministerio. Yo le digo es un tema complicado como Chocó y Putumayo, pero digamos que en la zona Andina hay una gran presencia.

¿Y en las Islas del Rosario, por ejemplo, hay protección?

Tenemos una buena noticia. En las Islas del Rosario hemos tomado una determinación, ya el Gobierno del Presidente, mire lo que ha hecho: la gente no pagaba el arriendo y los llamamos al orden; estamos haciendo los nuevos contratos con las Islas, vamos a montarle gerente a la isla, vamos a hacer una gran inversión con el Ministerio de Agricultura, con los isleños, todo lo que se pague de arriendo se invertirá en la misma isla, vamos a llevar policía, vamos a hacer un trabajo con Parques Naturales para cuidar los acantilados. No solo en Islas del Rosario sino en San Bernardo.

¿Finalmente las islas terminaron en manos de quién?

Vimos que eran propietarios. Hay como 50 que no han querido pagar, obviamente esos se tendrán que ir y vamos a entregar esas casas a otras personas que tienen interés.

Para efectos de restitución, ¿qué tanto se ha avanzado en actualización catastral?

Yo no puedo ser mentiroso. La verdad es un tema muy preocupante en el país. El presidente ha dado órdenes perentorias de que la actualización catastral hay que hacerla. A eso se le va a meter bastante. Ya se hizo un Conpes y le voy a decir, el regaño que tenemos semanalmente es el de catastro en el país. Actualizar catastralmente es muy fácil, el tema es de formación catastral.

¿Cuáles son las zonas más complicadas para esa actualización catastral?

Yo salvo los que están centralizados que son Bogotá, Medellín, Antioquia y Pasto. Del resto no sería capaz de sacar ninguno.

¿Saben cuántos notarios y registradores han participado en la legalización de predios despojados ilegalmente?

Son casos excepcionales. La verdad es que son seis o siete notarios de 900. Lo que pasa es que el que lo hizo lo hizo repetitivamente. No se cansó de hacerlo entonces ya sabía a que notaría ir. Está el caso de la costa, en San Jacinto, un notario en Meta, el de Montería. Pero si usted me dice si eso se da mucho en los notarios, no. Sería una irresponsabilidad decirle que eso sucedió.

En nuestros registradores también. Tengo alrededor de 20 funcionarios que tienen procesos penales alimentados por todo el tema de tierras, en el Incoder hay mucha gente que también está indagada o se les están abriendo procesos, pero es que como aquí todo es una fábrica de documentos entonces, el tema de los notarios como los registradores es el de la formación, entonces el notario, salvo que sea una cosa evidente, tiene que partir de la buena fe del documento”.

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