De los abusos de la Casa Arana a los atropellos de la industria petrolera

Juan Carlos Espinosa Santacruz.  Economista y  Especialista en Gerencia de Proyectos.
Juan Carlos Espinosa Santacruz.
Economista y  Especialista en Gerencia de Proyectos.

Por: Juan Carlos Espinosa Santacruz

En el pasado y presente el Putumayo ha tenido que enfrentar múltiples atropellos. No ha sucumbido por la tenacidad de sus gentes y de sus dirigentes.

Comenzando el siglo XX, fue un empresario peruano, Julio Cesar Arana del Aguila, quien a través de la tenebrosa Casa Arana, sometió a los indígenas y pobladores del Putumayo a una cruenta explotación, violencia y vulneración de los derechos humanos, por cuenta de su proyecto empresarial cauchero.

Luego, años después, La violencia política y social de los 50 y años siguientes promovió la primera ola de migración de familias campesinas que huian del interior del país y que impuso en el territorio putumayense sistemas productivos ajenos e inapropiados, basado en la tala indiscriminada del bosque.

Otra ola de migración se presentó en los años 60y 70 con el descubrimiento de petróleo en lo que antes era el gran Municipio de Puerto Asís (De cual posteriormente se desprendieron Orito, Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Caicedo). La riqueza del Petróleo atrajo cientos de familias en busca de trabajo en las compañías, en busca de oportunidades de negocios y también en busca riqueza fácil. También atrajo el interés de los políticos que a través de DAINCO (El Departamento Administrativo de Intendencias y Comisiarias), desde Bogotá, manejaban las decisiones políticas y administrativas del Territorio, ponían intendentes de bolsillo para manejar y apropiarse de los cuantiosos recursos de las regalías petrolíferas. En esa época el Putumayo generaba tanto dinero que, como no alcanzaban los gobernantes a gastarlo, tuvieron que mantenerlos en depósitos bancarios y hasta hubo para prestar recursos a la Nación. En efecto en 1970 se constituyeron CDT en Bancos de Pasto por más de $40 millones y se le hizo un préstamo al Fondo Vial Nacional, por $13 millones. Este préstamo a la Nación, con ajustes por inflación, tuvo el equivalente en más de $4.000 millones a finales del año 1998, cuando el INVIAS devolvió este dinero, gestión que se concretó en el gobierno de Jorge Devia Murcia.

Era mucho el dinero que generaba el Putumayo y poco el control oficial y ciudadano que había. El Putumayo generó el dinero suficiente para tener todas sus vías pavimentadas y todos sus municipios con buenos hospitales, con agua potable y con una adecuada infraestructura educativa. De esa bonanza, que duró hasta finales de los años 80, quedó muy poco y no es exagerado decir que no quedó nada. La corrupción se quedó con lo que la comunidad dejó de recibir.

A finales de los años 70 llega la coca al Putumayo y se apoderó poco a poco del territorio. Con la coca llegaron también los actores armados y las mafias del narcotráfico. Y buena parte de los habitantes del bajo Putumayo sucumbió ante la posibilidad del dinero fácil de la coca. Con ello se interrumpió el proceso de desarrollo agropecuario que sostenia la economía territorial y que se destacaba por la producción de arroz, maíz, porcinos y ganado, además del aprovechamiento de maderas.

El auge del narcotráfico en el Putumayo en la década de los años 90, coincidió con la estrategia de apertura económica que impulso el Gobierno Nacional y que quebró a los campesinos del interior del país, quienes no vieron otra opción que desplazarse al Guaviare, al Caquetá y al Putumayo a tumbar monte y sembrar coca. De ello hay una relación directa entre la apertura económica, el empobrecimiento del campesino del interior del país y el crecimiento de los cultivos de coca en el Putumayo; los cultivos de coca en el Putumayo pasaron de 2.200 has en 1991 a 58.297 has en 1.999. (Vargas 2.004:39).

El narcotráfico, que se estableció en el Putumayo por la impotencia del Estado y la complicidad de algunos de sus representantes, impuso una cultura mafiosa y violenta que le cambió el rumbo a la vida comunitaria de sus habitantes, que se vieron inmersos en una vorágine social que socavó las bases morales de una sociedad que aún no se había consolidado. Con esta anticultura fue normal la producción y comercio de la coca, fue normal la justicia del más fuerte, fue normal el abuso del más vivo, del más rápido, del más audaz, fue normal el homicidio, el atentado, la amenaza, el abuso. El Estado no existía. Por eso también fue normal que creciera la guerrilla en el territorio y que después aparecieran los paramilitares.

Y fue precisamente la confrontación entre guerrillas y paramilitares, ante la impotencia y complicidad del Gobierno de turno, que a finales de los 90 e inicios de la década del 2000, el territorio sufriera la más terrible tragedia social por asesinatos masivos y selectivos, por amenazas y desplazamientos, que afectaron fundamentalmente a los ciudadanos más pobres del bajo Putumayo, especialmente a los campesinos. Esta violencia dejó una honda herida en el corazón de la gente de bien del territorio, que aún no sana.

En esa cadena del narcotráfico, economía debilitada pero que aún no se termina, el eslabón más débil es el campesino que es el que menos dinero recibe y es precisamente el que más sufre con las estrategias de fumigación y erradicación forzosa impulsadas por el Gobierno. Las estrategias del Gobierno no están dirigidas contra los capos de los carteles de la coca, sino contra el campesino que, cegado por la necesidad, aún insiste en cultivar coca.

La fumigación es la manifestación de la poca creatividad del Gobierno Nacional en encontrar salidas para terminar con la coca y sólo ha generado la destrucción de los cultivos de pan coger, los proyectos productivos promisorios, la contaminación de las aguas, la proliferación de enfermedades cutáneas y respiratorias y la pérdida de confianza del campesino en el Estado. Pero la coca sigue, de acuerdo con el informe de La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC- y el Ministerio de Justicia, los cultivos de coca en el Putumayo crecieron un 25%.

Hoy, además de la fumigación con glifosato la comunidad del Putumayo se ve sometida al hostigamiento de actores armados, por el incumplimiento del Estado en brindar condiciones de seguridad a los habitantes del Putumayo y al abuso de la industria petrolera, con autorización oficial.

Hace 106 años quien explotaba y abusaba del Putumayo y de sus gentes era un peruano, loco por su proyecto empresarial. Hoy es un Estado incompetente y sordo, que no interpreta la realidad del territorio y que en asocio con las empresas petroleras sólo piensa en lograr a toda costa la riqueza del crudo, sin ninguna consideración para sus habitantes, ni para el territorio.

A pesar de todo lo que ha pasado y pasa en el Putumayo, brevemente aquí narrado, el Putumayo se ha mantenido firme, a pulso, gracias al empuje y al valor de su gente y hoy emerge, con la voz de dirigentes comunitarios, ante el silencio cómplice de la mayoría de los políticos de turno, para de manera altiva y digna decirle al Gobierno Nacional: Basta ya de atropellos!! Basta ya de abusos a los derechos humanos!! Basta ya de la sustracción abusiva de los recursos naturales!!! Basta ya de imposiciones!!! Y a manifestar que la comunidad del Putumayo tiene el derecho a que se le escuche y a que se concerté con ella la política económica, ambiental y social que el gobierno piensa ejecutar en el territorio.

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