- Desde el martes 23 de septiembre se retiran los contingentes de erradicación forzosa de cultivos ilícitos; el gobierno y entidades judiciales revisarán denuncias de presuntos maltratos a manifestantes en el departamento.
Con varios acuerdos para poner en marcha planes de acción entre la comunidad de Putumayo y el Gobierno se logró que se levantaran bloqueos en este departamento.
Asimismo, empezarán trabajos conjuntos para superar problemáticas sociales, económicas y ambientales, gracias a mesa de trabajo liderada en Puerto Asís por el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, cuatro ministros más y organizaciones sociales del departamento.
Tras 7 horas de conversaciones, el Gobierno, encabezado por el jefe de la cartera del Interior y sus colegas de los ministerios de Ambiente, Minas, Agricultura, Trabajo y el alto consejero para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, anunciaron que las tres mesas de trabajo simultáneas iniciarán desde este momento acciones pertinentes para mejorar la situación de los pobladores del departamento.
“El Gobierno Nacional va a asumir un acuerdo con el Putumayo para iniciar unas obras sociales y de infraestructura, educación, salud, vías y subsidios a campesinos con una decisión política del presidente Juan Manuel Santos de compensar económicamente a zonas como el Putumayo que han sufrido disminución de sus ingresos por las regalías”, confirmó el Ministro, al finalizar la jornada.
Así mismo, el Ministro anunció que las organizaciones sociales y el Ejecutivo volverán a encontrarse en 3 semanas para evaluar el plan de inversión para el Putumayo. Ante los acuerdos, los líderes de la protesta en el departamento y los campesinos comprometieron a detener las vías de hecho y a desbloquear la vía de Puerto Vega, la única que presentaba bloqueos.
En torno a la problemática de cultivos ilícitos y fumigación de los mismos en Putumayo, el ministro Cristo se comprometió a retirar desde este martes 23 de septiembre los contingentes de erradicación forzosa, mientras se avanza en la sustitución social de los mismos.
«No podemos comprometernos a cancelar las fumigaciones, pero si nos comprometemos a trabajar en el plan de sustitución de cultivos ilícitos», anunció el Ministro, cuya determinación fue celebrada por los integrantes de la Mesa Social del Putumayo.
Cristo explicó que el Gobierno se compromete a crear una comisión con apoyo técnico y participación de líderes del Putumayo, encargada de definir dicho plan, así como garantizar los recursos para su financiación. Además, el Gobierno se comprometió a entregar los recursos necesarios para ejecutar el Plan de Desarrollo Rural Integral Amazónico.
Sobre Derechos Humanos, el Ministro propuso que la próxima semana se reúnan el jefe de la cartera de Justicia, Yesid Reyes; el fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre y el Alto Consejero para los Derechos Humanos, con la exsenadora Piedad Córdoba, quien estuvo presente en la mesa de concertación de este viernes, en representación de los líderes del Putumayo, para tratar, una a una, las denuncias de la comunidad, en torno a presuntos maltratos por parte de la Fuerza Pública.
Sobre el punto de las licencias ambientales para la explotación petrolera, que según las organizaciones sociales se otorgaron sin estudios previos, el Gobierno Nacional se comprometió a revisar una a una las quejas para determinar si las empresas están o no cumpliendo con los deberes expuestos por la ley.
El vocero de la Mesa de Organizaciones Sociales del Putumayo, Eder Jair Sánchez, calificó como “histórica” la presencia de cinco ministros en el departamento y que esperan que éste «sea el inicio de una verdadera presencia del Estado que fue invisible por más de cinco décadas».
Además del ministro Cristo, en Puerto Asís hicieron presencia los jefes de las carteras de Agricultura, Trabajo, Minas y Energía, Medio Ambiente (e) y el Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos.
Igualmente asistieron funcionarios delegados de los ministerios de Salud y Defensa, así como del Departamento Nacional de Planeación, Departamento para la Prosperidad Social y Defensoría del Pueblo.