Estado dará pelea legal contra víctimas de ‘pirámides’

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Agencia Nacional de Defensa Jurídica dice que son “personas que no eran fácilmente engañables”.

Las víctimas de la captación ilegal de dinero en el país, conocida como ‘pirámides’, suman pretensiones contra el Estado cifradas en 50 billones de pesos, sin embargo, frente a este caso, la Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado asegura que no conciliará con los afectados, sino que dará la batalla legal.

En criterio de la Agencia, “la mayoría de personas que llevó sus dineros a este tipo de entidades son personas de un mediano nivel cultural y profesional, de manera que no eran fácilmente engañables”.

Adriana Guillén, directora ejecutiva de la Agencia, advirtió que, por cuenta de las famosas ‘pirámides’, el Estado enfrenta acciones de grupo y de reparación directa que suman 800.

Dichas acciones parten desde varios puntos del país, principalmente, Nariño, Putumayo y Cauca. En ese sentido, Guillén reveló que las víctimas ponen en curso las acciones judiciales en juzgados donde los fallos han sido favorables, y lo hacen por montos que impiden que los casos lleguen a las altas cortes. Por esas razones, la funcionaria advirtió una posible acumulación de quejas.

Guillén aseguró que frente a la estrategia de algunos abogados, la Agencia actuará, y, por eso, busca trasladar a Bogotá los procesos de ‘pirámides’. La entidad espera que los casos se acumulen en un mismo proceso y con un mismo juez.

“Hay prácticas de los abogados que afectan de manera letal el Estado, por ejemplo, abogados empiezan a demandar por cuantías reducidas para que los casos no lleguen nunca a las altas cortes y allí no se pueda unificar jurisprudencia, o cuando se presentan demandas aleatorias en todas partes del país para fallos contradictorios, esas son prácticas que no se pueden censurar, pero que afectan al Estado. Hoy el Estado trabaja frente a eso con estrategias”, explicó Guillén.

Cuando la Agencia empezó -en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos-, se tenían pretensiones contra el Estado por 1.200 billones de pesos. Tras resolver el caso de Ituango (municipio antioqueño víctima de una toma en 1995), hoy las pretensiones son de 191 billones de pesos.

Según Guillén, la sola creación y la depuración de la información le ha valido al Estado una rebaja en su contingente fiscal de 85,4 billones de pesos.

REDACCIÓN JUSTICIA

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