Formalismos, asesinatos y minas traban la reparación

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Guillermo Rivera, representante a la Cámara, inició visitas a regiones donde se aplica la Ley de Víctimas para evaluar sus avances y dificultades. La semana pasada visitó Antioquia. FOTO COLPRENSA
Guillermo Rivera, representante a la Cámara, inició visitas a regiones donde se aplica la Ley de Víctimas para evaluar sus avances y dificultades. La semana pasada visitó Antioquia. FOTO COLPRENSA

ElColombiano

El congresista Guillermo Rivera, ponente de la Ley de Víctimas, hace un balance positivo, pero advierte que estos males impiden mejorar resultados.

Tras año y medio de ejecución, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras avanza a un ritmo que puede agilizarse y con dificultades por superar, en su meta de reparar a más de cuatro millones de víctimas del conflicto armado y los grupos ilegales.

Así lo reconoce el representante a la Cámara Guillermo Rivera Flórez, ponente de la citada Ley, quien sostiene que si se le restan formalismos legales a los procesos y se aplican mecanismos expeditos, como las restituciones colectivas de predios a desplazados, mejorarán los resultados de la reparación.


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¿Qué balance hace de la reparación a las víctimas?
«Las reparaciones van a ritmo en las regiones priorizadas del país que tienen condiciones para iniciar el proceso. Son cerca de 160 mil personas que han recibido la indemnización administrativa del Estado, 50 mil de estas en Antioquia que es la región con más víctimas registradas. También está en marcha la restitución de tierras, con sentencias ejecutadas y un número grande de casos en estudio y también dificultades como las amenazas y asesinatos de reclamantes y líderes».

Las personas afectadas por el conflicto reclaman más celeridad… 
«Hay que entender que esta Ley tiene un año y medio de aplicación y está prevista para que repare progresivamente y de acuerdo con la disponibilidad fiscal a unas cuatro millones de personas en 10 años. Los primeros meses tras la aprobación en el Congreso fueron de reglamentación y creación de instituciones nuevas, cuyos operadores hacen ajustes y ganan experiencia sobre la marcha. Entonces de seguro en los próximos años tendremos mejores resultados».

¿Hay trabas legales para avanzar más rápido?
«Hay dificultades, como la realidad de que aún tenemos conflicto y eso significa que cada día aparecen más víctimas y condiciones de seguridad adversas en muchas regiones. Además, considero que en la reglamentación se establecieron demasiados formalismos que a mi juicio podrían eliminarse. Pongo un ejemplo: en los procesos de restitución de tierras se debe permitir la entrega de predios si no hay oposición de terceras personas u ocupantes, no se debería ir a una instancia judicial como se hace ahora. También se podría agilizar las restituciones colectivas a desplazados, ya que hay predios colindantes con el mismo tipo de despojo de tierras».

La reparación se calculó en 40 billones de pesos y una sentencia judicial obliga a reparar a las víctimas de las bacrim. ¿Hay dinero?
«Sin duda tiene efecto fiscal porque crecen las víctimas, pero el Estado debe hacer esfuerzo enorme por reconciliar a los colombianos y eso empieza por reivindicar a las víctimas. Lo que más cuesta son las medidas de asistencia para salud, educación a vivienda, la ventaja es que las víctimas del conflicto tienen prioridad en los programas para la población vulnerable, como sucede con las casas gratis».


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¿Qué tanto afecta la reparación y restitución de tierras las minas antipersonal instaladas por la guerrilla?
«Es un problema terrible, muchas regiones están minadas y eso impide focalizar la restitución es zonas de despojo de tierras, igual que la presencia de grupos ilegales. Sucedió en Putumayo, donde se suspendió la restitución por la instalación indiscriminada de estos artefactos explosivos por las Farc.

Por eso lideramos una campaña para movilizar la ciudadanía para pedir a las Farc una acción unilateral de identificar dónde están las minas y un compromiso de no hostigar a los equipos de desminado. En uno o dos meses presentaremos la propuesta y se llevará a la mesa de negociación».

Contrasta que hay municipios desbordados por retorno de desplazados.
«Ocurre que se contempló que tras la Ley de Víctimas venía la ley de desarrollo rural que beneficiaba los retornos con recursos para los municipios. Pero no hay acuerdo con minorías étnicas que deben ser consultadas»n

CLAVES

La meta de este año es indemnizar a 151.000 mil personas

1. Con más de un millón de víctimas, Antioquia es el departamento con más población pendiente de reparar.

2. El despojo de tierras de las Farc se comprueba en sentencias de restitución a víctimas de la guerrilla en Tolima.

3. La meta en 2013 es la reparación de otras 151.000 personas víctimas del conflicto y los grupos armados.

EN DEFINITIVA

El congresista Guillermo Rivera considera que la Ley de Víctimas muestra logros tras un año y medio de ejecución, pero advierte dificultades como asesinatos, formalismos y las minas.

Por JUAN CARLOS MONROY GIRALDO | Publicado el 24 de junio de 2013

 


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