La frontera invisible

Niños de Nueva Paya (Colombia) observan la llegada de los buques de Perú y Colombia por el río Putumayo. / Andrés Torres
Niños de Nueva Paya (Colombia) observan la llegada de los buques de Perú y Colombia por el río Putumayo. / Andrés Torres

El Espectador

Una flotilla de buques atraviesa el río Putumayo. Lleva asistencia a pueblos olvidados y asediados por la guerrilla.

A las 6:30 p.m. la oscuridad y los mosquitos se apoderan del caserío peruano La Libertad, ubicado en la margen occidental del río Putumayo, que divide a Colombia y Perú. El gobernador, Erasmo Alvarado Dávila, sale de un rancho de madera, camina hacia el monte, saca una carta de su bolsillo, la desdobla, la alumbra con la linterna, la lee rápidamente en voz baja y la guarda otra vez, evitando que alguien más se entere. La misiva fue enviada por el Frente 48 de las Farc el pasado 19 de abril y está firmada por los “camaradas” Jhon Fredy, alias Pitufo, y Carlos Cano. “Lo necesitamos en la junta directiva con el fin de llegar a una reunión sobre los señores que tienen sus cultivos de coca en esa vereda, para que suban al Casacunte Bajo (Colombia) el día 22 de abril. Esperamos su presencia”, decía la misiva.

Erasmo se asustó al recibir el mensaje. Dice él que en los 17 años que lleva viviendo en La Libertad había escuchado y visto innumerables historias de la guerrilla colombiana, pero nunca había tenido un contacto directo. No obstante, asistió con un acompañante al encuentro. Era tan simple como embarcarse en una ‘peque-peque’ —así les llaman a las canoas motorizadas en la frontera— y pasar al otro lado del río. Llegaron al Bajo Casacunte, pero allí “nadie decía una palabra sobre la reunión, nadie conocía al tal Pitufo, nadie sabía de la guerrilla, de la coca, nada. Así que nos devolvimos”, dice.
Un día después, un civil anónimo llegó en canoa al pueblo peruano y le dijo a Erasmo que los “jefes” no pudieron bajar a cumplir la cita, pero enviarían otra invitación. “Estamos a la espera. Yo fui porque aquí de seguridad no hay nada, los militares peruanos y colombianos pasan muy poco, entonces es mejor ir. Fui a ver si nos ayudaban, si nos iban a dar vigilancia. Pero cuando volvió ese señor a darnos razón, yo le dije que más bien vinieran ellos, porque yo por allá no vuelvo, es muy peligroso”, añade el gobernador.

Pitufo es un guerrillero veterano y famoso en los pueblos ribereños del río Putumayo, donde las Farc han aprovechado la ausencia estatal para controlar poblaciones enteras del lado colombiano. Es explosivista y responsable de sembrar o capacitar a quienes han sembrado una buena parte de la incalculable cantidad de minas antipersonas que hay en la región (puede haber más de 6.000, según la Armada Nacional). Es subordinado de Gustavo Cuéllar, alias Manuel el Político, quien a veces se refugia en la bolsa ecuatoriana, el lugar donde mataron a Raúl Reyes en 2008. El Político dirige la Comisión Tercera y recibe órdenes del jefe máximo del Frente 48, que es Darío Lee Díaz, alias Robledo.

Entre las minas y la coca transcurre la vida de muchos habitantes de la región. Los explosivos están casi siempre en los caminos que conducen a cultivos ilícitos, o de manera irregular cerca de esas rutas. A veces están justo en la raíz de la planta de coca. Así es como la guerrilla combate la erradicación. Oficiales de la Armada cuentan que, en las poblaciones más permeadas por las Farc, a los familiares de quienes por accidente pisan una mina les pueden cobrar hasta $700 mil.

¿Por qué tiene miedo, ustedes acaso producen coca, hay narcotráfico aquí? Erasmo mira hacia la oscuridad del monte: “… antes había más”, responde, y camina de vuelta al poblado.

En La Libertad viven cerca de 250 familias de Perú y Colombia. No hay agua potable ni centro de salud, la energía eléctrica llega tres horas en la noche, la escuela está derruida. “Como peruanos estamos aislados, porque los pueblos grandes de nuestro país están a diez o doce horas por el río, estamos mucho más cerca de Colombia y allá nos prestan salud, muchos de nuestros hijos estudian en Puerto Leguízamo, pero desde Colombia no pueden hacer mucho más por nosotros. Vivimos como atrapados entre los dos países”.

En condiciones similares aparecen varias poblaciones en las orillas del afluente, que son visitadas por una flotilla binacional que se hace una vez al año y lleva personal militar, médico, de instituciones estatales y de la prensa. Desde los buques peruanos y colombianos se ven pequeñas embarcaciones que van y vienen: colombianos que tienen fincas en Perú, peruanos que estudian en Colombia, colombianos y peruanos que compran productos baratos en Ecuador… Una sociedad transfronteriza en que la identidad, el comercio, la familia, la educación, la salud, el conflicto armado y el narcotráfico no distinguen nacionalidad. Testigos mudos de un conflicto que ha disminuido en los últimos años, pero que sigue en pie.

La falta de regulaciones de la actividad transfronteriza, así como la escasa presencia estatal y militar, se prestan para el tráfico ilegal y el desplazamiento de guerrilleros. El almirante Benjamín Calle, comandante de la Fuerza Naval del Sur, dice que es imposible tener una presencia absoluta de la Armada en toda la frontera con Perú. “Ni siquiera la marina de EE.UU. con sus siete flotas tiene control absoluto del mar. Aplicamos controles sectoriales, unidades con información de inteligencia que desarrollan labores en el área por un tiempo determinado”.

Las autoridades colombianas saben que existen cultivos ilícitos en el lado peruano, pero no hay detalles de la magnitud de los mismos. También saben que los cabecillas del Frente 48 cruzan hacia los países vecinos, sobre todo hacia la bolsa ecuatoriana. ¿Y qué hacen cuando saben de un guerrillero colombiano en Ecuador o Perú? “Informar a las autoridades de esos países . Con Perú es excelente la cooperación en materia de seguridad. Con Ecuador es muy buena y se está incrementando. En Ecuador hacen sus movimientos basados en gran parte en nuestra inteligencia. Sólo con la cooperación fronteriza se le puede dar un golpe al Frente 48”, añade el almirante.
Milena Yumbo vive en el pueblo peruano de Tres Fronteras (cerca del río Guepi, donde se unen Colombia, Ecuador y Perú), el punto más al norte a donde llega la binacional. Resume la vida en la frontera como “triste, por el abandono”: “El gobierno llega sólo una vez al año, trae cosas útiles, pero se van y quedamos en las mismas. Antes vendíamos madera a los colombianos, pero declararon reserva esta zona y se acabó el negocio. Vivimos del plátano, la yuca, el cacao, pero cuando crece el río, acaba con la siembra. Para ir a vender productos a Puerto Leguízamo hay que pagar un pasaje de $38 mil en lancha. La ciudad peruana más cercana es Iquitos y el pasaje en avión vale $185 mil. Por eso aquí vivimos más en pesos que en soles”.

¿Y la guerrilla colombiana los visita? “Hacía el 96 se veía más y aquí había gente que trabajaba en cultivos de coca, pero ya no. Ahora sólo se escuchan rumores y se sabe de las muertes. Algunos dicen que los fines de semana vienen comandantes guerrilleros al muelle a tomar cerveza, pero nadie los reconoce porque vienen de civil”.

Tres Fronteras, pueblo de los indígenas quechuas, es un destino frecuente de los desplazados colombianos. El cacique Luis Aguarani dice que hay 291 habitantes y entre éstos, 12 familias colombianas. “Son la mayoría desplazadas por la violencia y la pobreza. Les damos un lote para que construyan y siembren. Casi siempre prefieren irse monte adentro, lejos del casco urbano, y permanecer ocultos entre la selva”.

Si en las orillas peruanas se siente el conflicto, en las colombianas es mucho peor. El Frente 48 controla poblaciones como Piñuña Negro y Piñuña Blanco, a donde no llega la binacional, y cuenta con el apoyo de grupos de civiles en Putumayo y Amazonas.

El teniente Carlos Rodríguez, jefe de operaciones de la Fuerza Naval del Sur, dice que la lucha contra el narcotráfico ha dado resultados, por eso varios guerrilleros se han ido a Perú y Ecuador. “Hace 10 años en la región se producían mil toneladas de clorhidrato de cocaína y ahora eso se redujo al 50%”, según el teniente. Informes de la Armada indican que en 2012 fueron desactivados 256 artefactos explosivos, destruidos 17 campos minados, erradicadas 560 hectáreas de coca y desbaratados 54 laboratorios para procesar pasta base. Este año se han hallado 15 laboratorios y 436 kilos de explosivos. En todo caso, añade Rodríguez, “la sola presencia militar no basta, la ausencia del Estado es caldo de cultivo para el discurso subversivo. Hay poblaciones afectas a los grupos terroristas”.

Debido a los riesgos de seguridad, en cada población colombiana a donde llega la binacional los primeros en desembarcar son los soldados de un escuadrón antiexplosivos, que aseguran el área para que luego descienda el personal de Cancillería, el ICBF, Migración Colombia, el Ministerio de Cultura y la prensa. Aún así, alejarse del pueblo tiene sus peligros. En Casacunte Bajo, los periodistas de El Espectador hicimos la caminata de media hora por entre el pantano que tienen que recorrer los niños para ir a la escuela (donde hay computadores con internet, pero no energía eléctrica). De vuelta al buque, los tenientes prohibieron volver a salir de los cascos urbanos, por el peligro de pisar una mina o encontrarse en el monte, de repente, con algún insurgente.

Riesgos que corren los menores cada día para ir a estudiar.

En todo caso, la presencia guerrillera disminuyó en los últimos años en la zona. Además de la presión del Ejército, pueblos enteros renunciaron a la producción de coca. Uno de esos es Salado Chiquito, también llamado ‘Saladito’. Allá está Fredy Cobete, indígena muruí y presidente de la Junta de Acción Comunal. Él cuenta que hace 12 años todo el ‘Saladito’ estaba dedicado a la coca: “La sembrábamos, la procesábamos, sacábamos la pasta. Por el río llegaban buques con gente de civil, uno no sabía si eran guerrilleros, y pagaban el gramo a $2.500. Era muy rentable, pero empezamos a ver mucha drogadicción, los que más producían empezaron a andar armados, se vivía con miedo de ser identificado por el Ejército, entonces aprovechamos que llegó el Plan Colombia y comenzamos a erradicar. Ahora vivimos del plátano, la yuca, la caza de churrucos, dantas, venados, puercos, pavas, y estamos bien pobres. Hace 15 días el Plan Consolidación (tercera fase del Plan Colombia) trajo esta máquina procesadora de purina para empezar un proyecto productivo que involucre a la comunidad. Pero hay quienes, callados, todavía cultivan coca monte adentro”.

Días antes de que llegara la procesadora, las Farc reunieron a los dirigentes del ‘Saladito’ para decirles que rechazaran el proyecto, porque se trataba de una estrategia del ejército para convertir a los pobladores en “informantes”. Sin embargo, Cobete y su gabinete se negaron. “Hasta ahora no hemos tenido represalias, la guerrilla a veces pasa como pasa el ejército. Hacen reuniones y se van, pero nos dejan decidir”.

La procesadora se erige como un monstruo azul llegado del futuro al pueblo empantanado. Algunos nativos apenas aprenden a utilizar el artefacto inédito, capaz de producir cuatro toneladas de concentrado en una hora. “Sólo con la procesadora no hacemos nada, esperamos un técnico que nos ayude a construir una planta para ponerla a funcionar, sistemas de transporte para comercializar los productos, que llegue el Sena a dar capacitaciones, pero aquí el Estado viene apenas una vez al año”, añade Cobete, quien mira con escepticismo la máquina.

* Este viaje fue posible gracias a una invitación de la Cancillería.
Por: Daniel Salgar Antolínez

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