Supersalud ataca intereses extraños de políticos en EPS

Gustavo Morales dice que la semana entrante se definirá la prórroga de la intervención de Saludcoop.  Foto: Luis Lizarazo / EL TIEMPO
Gustavo Morales dice que la semana entrante se definirá la prórroga de la intervención de Saludcoop.
Foto: Luis Lizarazo / EL TIEMPO

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Selva Salud, una EPS del Putumayo. En este caso removí al interventor por razones administrativas. Me sorprendió la reacción política cuando tomé esa decisión.

“No puede haber barreras injustificadas contra el aborto”, dice el superintendente Morales.

El Gobierno, a través del Superintendencia de Salud, acaba de notificar a las IPS y EPS que “no puede haber barreras injustificables” para garantizar el derecho de la mujer a abortar en los tres casos que estableció la Corte Constitucional. El superintendente, Gustavo Morales, le dijo a EL TIEMPO que ese derecho “debe ser garantizado”.

Antes de ser superintendente, Morales era magistrado auxiliar de la Corte Constitucional. Fue también asesor de la Presidencia de la República y de los ministerios de Hacienda y de Transporte.

El Superintendente dijo que, además de Solsalud, hay 4 EPS en liquidación por negligencia y mal servicio. Agregó que toda institución a la que se le compruebe reiterado incumplimiento será sancionada con la revocatoria de la habilitación para funcionar. Es inminente una sanción de ese tipo.

Denunció también una indebida injerencia de políticos en la salud. Con el tema de las EPS se abrió la entrevista:

¿Qué hacer para que las EPS no dejen morir a la gente por falta de atención?

No es bueno generalizar. Hay EPS en los dos regímenes que son responsables y cumplen, y se hacen a diario millones de procedimientos médicos de calidad. Hay problemas de flujo de recursos, incentivos y suficiencia de red.

¿Cómo hacer para que ninguna EPS funcione sin tener IPS que no atiendan a sus afiliados?

Creo que es importante que las EPS puedan tener una red propia de atención primaria, esencial para la gestión del riesgo.

Pero la reforma prohíbe la integración vertical…

No siempre. Ha sido uno de los temas más debatidos en las audiencias.

¿Está usted vigilando adecuadamente las EPS?

Hay razones históricas que dificultan la tarea. Primero, solo tenemos oficinas en Bogotá; segundo, dependemos mucho de la vigilancia de lo financiero y de lo contable; nos cuesta trabajo ir a las regiones a ver qué pasa. Por eso, en la reforma se propone facilitar los convenios con entidades territoriales y próximamente abriremos oficinas regionales concentradas en la atención al usuario. El mes entrante vendrá una reestructuración de la Superintendencia.

¿En qué consiste esa descentralización?

Haremos convenios para delegarles algunas de las funciones de vigilancia a las secretarías departamentales.

¿En qué ciudades se abrirán esas dependencias regionales?

Vamos a abrir oficinas propias que puedan atender a usuarios. El principal instrumento de vigilancia son las quejas de usuarios. Las abriremos en La Guajira, Chocó, Nariño, Meta y el Eje Cafetero. Será el comienzo.

¿Por qué hay tanta queja por el mal funcionamiento de las EPS en Bogotá?

Por el alto costo de los servicios médicos en Bogotá. A esto se suma que su población tiende a usar más el sistema de salud. Muchas EPS decidieron retirarse de la capital. Eso ha llevado a una transición difícil, que se viene superando.

¿Cómo podrían reducirse las quejas?

Es necesario aplicar contramultas cercanas al tope legal, que es de 1.500 millones de pesos. Y, en ocasiones, es necesario aplicar la sanción de revocatoria de la habilitación para funcionar, que se debe imponer cuando hay multas reiteradas.

¿Por qué no aplica eso?

La Superintendencia ha aplicado esa revocatoria en el pasado reciente. En los próximos días se conocerá una nueva sanción de este tipo.

¿Qué ocurrió con el caso de Comfacundi, en el que murió un paciente mayor en la puerta del hospital, esperando atención?

La investigación avanza en primera instancia. Se están practicando pruebas. No puedo opinar para no recusarme, pero ese es el típico caso en el que, de demostrarse negligencia de la entidad vigilada, opera la revocatoria del permiso.

¿Esa EPS existe todavía?

Sí existe.

¿Usted está dispuesto a aplicar eso con rigor?

Si se demuestran omisiones de las entidades vigiladas, sí.

¿La negligencia ocurre en la EPS o en la IPS?

Pueden ocurrir en una, en la otra o en ambas, pero también hay negligencias en el autocuidado, la automedicación o las conductas en el hogar.

¿Cuántas EPS están en liquidación?

En liquidación forzosa ordenada por la Supersalud, cinco: Calisalud, SelvaSalud, SaludCóndor, EmdiSalud y, ahora, Solsalud. La mayoría de los afiliados han sido trasladados a otras EPS. También hay liquidaciones voluntarias.

Este tema de la liquidación de EPS que no cumplen con su función se viene anunciando desde cuando la Supersalud estaba manejada por políticos. ¿Ha sido muy difícil desmontar ese manejo?

Sí, ha sido muy difícil. Yo dedico buena parte de mi tiempo a atender a congresistas, gobernadores y alcaldes que tienen interés genuino y legítimo en ese tema. Sin embargo, en el caso de las EPS hay algo muy curioso: las EPS, por regla general, son privadas, pero cuando la Superintendencia las interviene, de un momento a otro resultaban manejadas por los políticos. Era una especie de estatización del sector privado por la puerta de atrás.

Por ejemplo…

Selva Salud, una EPS del Putumayo. En este caso removí al interventor por razones administrativas. Me sorprendió la reacción política cuando tomé esa decisión. Hubo protestas fuertes de los partidos políticos que tenían influencia sobre esa EPS. Se relacionaban con ella como si fuera una entidad pública que hacía parte del ajedrez político. Es como si el Superintendente Financiero hubiera tenido que consultar a los partidos para intervenir Interbolsa, por ejemplo.

¿De qué manera los políticos usan las EPS?

Me consta que lo llamativo es que entidades privadas despierten el interés de algunos partidos políticos. En algunos casos puntuales, sí hemos detectado relaciones indebidas entre EPS intervenidas y la red de prestadores en contratos, en precios, en justificación de las facturaciones.

En el caso de Solsalud, ¿qué fue lo que ocurrió con los senadores Roy Barreras y Karime Motta? ¿Enviaron recomendaciones?

Hojas de vida llegan todo el día, de todas partes. Lo importante es qué hace uno con esas hojas de vida y qué méritos tienen los candidatos. En este caso, lo llamativo es lo que ya expliqué: el interés de la política en hacerse al control de lo privado.

¿Pero es cierto que le enviaron hojas de vida para Solsalud?

Sí. Mi desacuerdo cordial con el senador Barreras es que nunca logré entender cuál era el interés de un partido o grupo político en una entidad que no hace parte del engranaje necesario para cumplir el plan de gobierno. Me preocupa, en todo caso, que el debate menor de las hojas de vida opaque el debate de fondo sobre la reforma de la salud. Pero hay cosas que, a pesar de ser políticamente incorrectas, debo decir como Superintendente.

¿Cuántas EPS hay en el país?

Son 72. Pero, si se aprueba la reforma de la salud con el esquema de gestores regionales, se van a reducir sustancialmente.

¿La reforma, acaso, no acaba con las EPS como aseguradoras?

Crea una nueva figura en la que los llamados “gestores”, con reglas más claras, asumirán el papel de administradores de riesgos que hoy tienen las EPS, pero dejan de manejar el aspecto financiero del modelo.

¿Cuál es el futuro de Saludcoop?

Antes del 11 de mayo se debe tomar una decisión. La Superintendencia le ha propuesto al Gobierno que la intervención forzosa para administrar, que cumple ya dos años, se prorrogue un tiempo más.

¿Por qué motivos?

Varios: a pesar de los problemas serios que afronta la EPS, tenemos la percepción de que sus casi cuatro millones de afiliados están en general bien atendidos, y por eso no es prudente la liquidación en este momento.

¿Y los problemas financieros?

No se han superado los problemas financieros ni los contables. De ahí la propuesta de prorrogar la intervención. Hay muchas discrepancias entre lo que los administradores de Saludcoop le decían a la ‘Súper’ y lo que encontramos. Existen problemas de transparencia corporativa que estamos desenredando. La EPS es dueña de más de veinte empresas, dos de las cuales son también EPS: Cafesalud y Cruz Blanca. Además tiene una corporación que maneja 180 clínicas. Para que el Estado pueda dilucidar la maraña, se requiere más tiempo y un trabajo con Supersociedades y Supersolidaria.

¿Queda claro que es imposible liquidar Saludcoop…?

La liquidación solo debe operar cuando no se ponga en riesgo a los afiliados. Es una empresa querida por sus usuarios, sus empleados tienen mística y no le va mal con la prestación. Pero debe cumplir una orden de restitución de liquidez al sistema –impuesta por la Supersalud y avalada por el Consejo de Estado– y aclarar su realidad contable y corporativa.

¿La posibilidad de que Saludcoop sea devuelta a sus dueños no existe?

Su administración anterior no da confianza. No fue transparente con las cuentas. Su administrador principal, el doctor Palacino, fue sancionado por la Procuraduría por falta de claridad en las cuentas, pero él sigue teniendo mucha influencia en las organizaciones dueñas de Saludcoop, que son cooperativas.

¿Son las cooperativas las dueñas de Saludcoop?

Sí. Son 27 organizaciones cooperativas: La Equidad, la cooperativa de pilotos de Avianca, la cooperativa de profesores de la Universidad Nacional, la cooperativa Juan N. Corpas, etc. Las reglas de propiedad y de control no son claras y ha sido muy difícil desenmarañar la madeja. Las reglas del cooperativismo son muy difíciles de comprender. A mí me abruman.

¿Cómo están funcionando las 180 clínicas de Saludcoop?

Sentimos que se ha deteriorado la calidad de la atención. A nuestro interventor, el doctor Castro, se le han planteado barreras para participar en la junta de la corporación que las maneja, y se han hecho maniobras para diluir la participación de la EPS en ella.

Tema final: ¿cuál es la posición de la Supersalud sobre el aborto y la forma como el sistema de salud debe encararlo?

Acabamos de expedir una circular que precisa y recopila las reglas que deben aplicar las IPS y EPS para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los casos autorizados por la Constitución (violación, malformación grave del feto y peligro de salud de la madre). En estos casos no puede haber barreras injustificadas para el ejercicio del derecho.

¿Y cuál es su opinión sobre la posición del procurador general?

Ya respondí.

YAMID AMAT
Especial para EL TIEMPO

http://www.eltiempo.com/politica/entrevista-a-el-superintendente-gustavo-morales-cobo_12779643-4


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