“Uribe es más indignación que oposición”: Guillermo Rivera

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130430 HRGR Ola Política
“Hay que pensar en la Colombia del posconflicto”
“El Partido Liberal puede ser mayoría de nuevo”
 
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Guillermo Rivera nació en Mocoa (Putumayo), en 1970, de padre conservador y madre liberal. Cuenta que fue por su madre, Luz Ángela Flórez, una dirigente que trabajó por la protección de los derechos humanos en su departamento, que Rivera se interesó en la política.

Rivera es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Administrativo y con una maestría en Ciencia Política, Economía y Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París. Fue secretario de la gobernación de Putumayo en 1998, cuando fue elegido gobernador el liberal Jorge Devia Murcia. Cuatro años después se lanzó a la Cámara, y desde entonces ha logrado reelegirse en tres ocasiones.

Rivera ha mantenido su fortín político en Putumayo, no sólo porque el Partido Liberal es el más fuerte allá, sino porque ha impulsado proyectos para su región desde el Congreso.

Además de la ley de víctimas, que él mismo impulsó, Rivera presentó un proyecto que crea la figura de la declaración de ausencia por desaparición forzada, para que las familias de las víctimas puedan acceder a la asistencia humanitaria.


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Por todo lo anterior, pero sobre todo porque aboga por la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en favor de la población civil en medio del conflicto, decidimos entrevistarlo para Ola Politica.

HS: ¿Cómo ve el momento político actual?

GR: Es un momento político muy interesante. Los más optimistas creemos que estamos cerca de la firma de un acuerdo que le ponga fin al conflicto. Estamos pensando ya en cómo diseñar la Colombia del posconflicto. Pero justamente esa proximidad de la terminación del conflicto es la que está marcando el momento político, porque el país está polarizado entre quienes creemos que se puede lograr el fin del conflicto a través de una acuerdo político –que está cerca- y de otro lado están quienes no consideran esa posibilidad, la advierten inconveniente y están en franca oposición al gobierno.

HS: ¿Usted cree que en aras del acuerdo político será necesario crear condiciones para que los hoy insurgentes puedan hacer política democrática en Colombia?


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GR: Sí, pero con una condición: que quienes se desmovilicen contribuyan con la verdad, sobre todo con las violaciones de Derechos Humanos y con la reparación a las víctimas. Si ese par de condiciones se cumplen, el país debería permitirles la posibilidad de hacer política y de defender sus ideas.

HS: Ha dicho el procurador Ordóñez Maldonado que se opondrá a todo lo que signifique impunidad en relación con el proceso de paz. ¿Cuál es su criterio?

GR: Colombia tiene unos compromisos internacionales que debe honrar, y que son investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones al DIH. Pero sancionar no significa necesariamente privación de la libertad ni inhabilitación para el ejercicio de la política. Precisamente la justicia transicional le permite al Estado diseñar mecanismos de investigación y de sanción que a su vez permitan la reconciliación y que quienes estaban alzados en armas puedan defender las ideas que defendieron en armas, ahora en la política.

HS: ¿La legislación actual  admite que haya  indultos o amnistías?

GR: La legislación actual no admite indultos ni amnistías.  El Marco Jurídico para la Paz permite mecanismos de justicia transicional  en los que se les debe garantizar a las víctimas verdad, justicia y reparación. Pero justicia no significa necesariamente privación de la libertad ni inhabilitación para el ejercicio de la política.

HS: ¿Los crímenes de lesa humanidad  aceptan rebaja de penas o subrogados penales?

GR: La justicia transicional permite alternatividad en la sanción penal y esa es la discusión que tiene que dar el país. Por un lado el marco legislativo para la paz nos permite definir cuáles crímenes pueden ser conexos con el delito político, y por el otro lado la justicia transicional nos permite establecer penas alternativas, aún para los crímenes de lesa humanidad.

HS: ¿La justicia transicional tendría cabida en imputaciones relacionadas con narcotráfico?

GR: Lo que habría que establecer con el narcotráfico es si pudiera o no ser conexo con el delito político. Esa es una discusión que el país va a tener que dar. Este lunes escribió Álvaro Forero Tascón en El Espectador una reflexión muy interesante: “a diferencia del paramilitarismo, la guerrilla ha usado todos los recursos que le han ingresado por el narcotráfico para su escalamiento armado y para seguir defendiendo sus ideas revolucionarias en armas, distinto lo que hizo el paramilitarismo, que se convirtieron en unos señores feudales de la guerra, que coartaron el poder político en muchas regiones del país, e incluso en algunos sectores de la vida nacional”.

HS: ¿Caso en el cual, el de la guerrilla, daría para que se estableciera conexidad entre el delito de narcotráfico y el delito político?

GR: Comparto con la columna de Forero Tascón que los recursos del narcotráfico que  han ingresado a la guerrilla han sido usados en un propósito militar, que tiene un trasfondo de tipo político, cual es el de derrotar a la Fuerza Pública para reemplazar las instituciones y el Estado.

HS: Iván Márquez dijo que en las conversaciones de La Habana debía analizarse el modelo  económico de desarrollo y eso levantó una polvareda  enorme, e incluso el presidente Santos dice que no está en juego el modelo de desarrollo. ¿No cree que el modelo de desarrollo en un país como Colombia merece ajustes?

GR: El modelo económico en Colombia merece muchísimos ajustes, pero también comparto con el presidente la idea de lograr un acuerdo político con las FARC para que las FARC en política, en el terreno institucional, defiendan sus ideas sobre cómo transformar el modelo económico y el modelo de desarrollo. Le doy un dato muy interesante: un libro publicado recientemente por el profesor Mauricio Uribe compara las economías de todos los países que padecen guerras civiles y Colombia, de todos ellos, es el que tiene la brecha de inequidad rural más grande. Luego, pensar en un nuevo modelo de desarrollo que corrija esa inequidad rural en Colombia, es indispensable para una paz estable y duradera.

HS: Muy interesante su opinión. ¿Usted ha pensado que podría estar discutiéndola en el Senado de la República con Timochenko?

GR: Me encantaría discutirla con quienes finalmente se desmovilicen y defiendan en la política las ideas que hoy defienden en armas, y también me encantaría discutirlas con el expresidente Uribe, que está en el otro extremo. El país tiene que llegar a eso: a que las tendencias políticas discutan un nuevo modelo de desarrollo y de organización territorial del país, porque las inequidades de este país son de representación política, son económicas. Que además de las dificultades para quienes habitan el sector rural, puedan ejercer los derechos fundamentales, y tengan una representación política.

HS: ¿Cómo ve la posición del presidente Uribe frente al proceso de paz?

GR: Me parece una posición equivocada, polarizante, poco argumentada, más emotiva que racional. Desafortunadamente, ese tipo de emociones cautiva más que las posiciones racionales.

HS: Y sobre la relación del expresidente Uribe con Santos, ¿qué piensa?

GR: Uribe tenía la idea de que había contribuido a elegir un sucesor que iba a seguir a rajatabla sus postulados. Cuando se encontró con un hombre con un talante liberal, que tiene  ideas propias, eso lo incomodó. Él  ha convertido su oposición al gobierno más en una especie de indignación, porque siente que sus ideas no tuvieron la continuidad que él hubiera esperado. Pero por fortuna para Colombia, llegó un presidente con ideas distintas, con el empeño de lograr que se supere esta página horrorosa del conflicto.

HS: Usted se ha distinguido en la Cámara por su carácter, porque ha tenido posiciones políticas y las ha defendido con proyectos, lo que le ha valido que lo postulen al Senado. ¿Va a ir al Senado?

GR: Estoy en campaña para el Senado, recorriendo el país, tratando de construir una tendencia de izquierda dentro del Partido Liberal. Una tendencia que interprete a los que creen que el liberalismo debe ser un partido que proponga reformas estructurales al modelo de Estado, que corrija las inequidades.

HS: ¿Cuáles serían los puntos básicos de su propuesta liberal para el Senado?

GR: Quiero continuar desde el Senado promoviendo una agenda de derechos humanos. Es necesario garantizar que la política de atención a las víctimas se adelante de manera adecuada. Además, es necesario pensar en la Colombia del posconflicto. Y esa Colombia del posconflicto necesita revisar las instituciones para garantizar el acceso a la justicia a muchos colombianos que han estado marginados de los circuitos del desarrollo, por cuenta de las inequidades del Estado pero en gran medida por el conflicto mismo. También es necesario revisar el sistema la distribución de los recursos del sistema general de participaciones. No puede seguir ocurriéndole a Colombia que los centros más poblados sean donde en mayor medida se utilizan los recursos del sistema general de participaciones. Los centros menos poblados y la periferia reciben una muy mínima parte  de esos recursos, que son para atender los derechos básicos de los colombianos.  Y quiero plantear una propuesta  novedosa para el Distrito Capital, porque esta ciudad necesita una revisión en su modelo de administración. Hay ciudades de tamaños parecidos al de Bogotá, como Lima, donde la gente también elige a sus alcaldes menores. Y que una proporción del impuesto predial se destine a esas alcaldías menores para atender los problemas básicos de la ciudadanía como el arreglo de los huecos en una calle. Hay que proponerles a los bogotanos ese cambio, de estructura administrativa centralizada a una descentralizada. Una encuesta de opinión reflejó que apenas el 1 por ciento de los habitantes de las localidades sabe quién es su alcalde y quiénes son sus ediles.

HS: Cambiando de tema, ¿cómo ve que se está aplicando la ley de Víctimas?

GR: Después de un año y tres meses de vigencia de la ley, el balance es medianamente satisfactorio. Y digo medianamente satisfactorio porque es muy difícil que en un año y tres meses estas instituciones puedan cumplir en términos absolutos con el mandato de la ley, con el desafío que nos puso la ley 1448. Por eso me parece  que en la medida que el tiempo pase se van ajustando vacíos, se van corrigiendo errores, y el resultado es favorable. Los colombianos en esa materia tenemos una deuda grande con el presidente Santos, pues se echó al hombro esta política, la sacó adelante a pesar de Uribe, y sigue comprometido con la misma.

HS: Hablando del presidente Santos, ¿lo ve luchando por la reelección?

GR: Es lo obvio. El Congreso sin nuestros votos aprobó la reelección en el 2004 y ahora  es muy difícil que un presidente se quede solamente cuatro años en el poder. Seguramente Santos va a luchar por un segundo periodo, y creo que en los próximos meses anunciará su decisión en esa materia.

HS: ¿Y el liberalismo estaría en disposición de apoyarlo? Hasta el momento ha habido algunas adhesiones personales, pero como colectividad.

GR: El liberalismo tiene que dar un debate interno muy importante frente al actual gobierno, y en ese debate interno el liberalismo tiene que escuchar todas las voces porque hay muchas tendencias. Una persona que ha demostrado ser candidato presidencial es Eduardo Verano de la Rosa, quien merece todo el respeto, tiene una gran trayectoria y su aspiración debe ser tenida en cuenta. Tanto la aspiración de Verano como una eventual aspiración de Santos deberán discutirse internamente, y ojalá el partido defina un mecanismo democrático para tomar esa decisión.

HS: ¿El Partido Liberal cómo está frente a la opinión pública? Y, ¿cómo piensa afrontar el debate del Congreso y del debate presidencial?

GR: El Partido Liberal tiene nuevamente la oportunidad de ser el partido mayoritario  que fue en otras épocas.  Las circunstancias indican que la lista con el mayor número de votos en marzo del próximo año va a ser la del liberalismo. Eso va a ser consecuencia de nuestro trabajo legislativo, de haber sacado adelante la ley de víctimas y la del primer empleo, y de haber dado debates de control político muy importantes. Sin embargo, el Partido Liberal debería reconstruir esa agenda propia que tuvo al principio del periodo constitucional y que quizá en los últimos meses se ha opacado, debido a que la agenda del Partido Liberal es la misma de Santos. Eso ha sido así porque somos parte de la coalición que apoya al gobierno, pero deberíamos también tener nuestra propia agenda. Invitaría entonces a que el Partido reflexione  sobre ese particular y construyamos una agenda propia, adicional a la de la coalición de la Unidad Nacional que apoya al gobierno.

HS: Hablemos de un tema coyuntural: ¿Tiene el partido ya una posición frente a la reforma a la salud?

GR: Es el tema más importante de esta coyuntura. El partido debería fijar una posición frente a los proyectos que han sido radicados en esta materia. Hay que hacer una reforma estructural, en eso todos estamos de acuerdo. Pero ¿qué habría que cambiar de ellos? Esa es la discusión de primerísimo orden que debe dar el Partido Liberal. Ahí existe una oportunidad para que el partido convoque a la discusión a los sectores más interesados en esta reforma. Eso nos ligaría de la manera más correcta posible con los grupos de interés.

HS: Una de las observaciones que se hace es que el partido se ha concentrado sólo alrededor de la bancada parlamentaria, la cual es por supuesto necesaria. Pero hay liberales que por fuera de la bancada del Congreso dicen «yo también opino, también conozco, también quiero aportar».

GR: Eso debería hacerse tanto con los liberales como con los que no militan en el partido, pero que podrían militar si los invitamos a participar de la discusión. Frente a la reforma a la salud tengo una discusión de hogar: mi esposa es médica, y todos los días me dice «bueno, y ustedes ¿cuándo nos van a escuchar a los médicos?» Ahora, ¿qué decir de los usuarios? Si un partido político los invitase a una discusión, se sentirían representados. ¿Qué tal que esa gente por cuenta de un trato de esa magnitud a la vuelta de unos meses decidiera ingresar al Partido Liberal, apoyar las listas del partido? Esa es la manera correcta de hacer política.

HS: Por último: ¿por qué los colombianos por qué deben votar por hacerlo senador?

GR: El 20 de julio cumplo once años de estar en el Congreso. He sido absolutamente coherente con mis ideas, con lo que le he propuesto a mis electores en mi departamento, he defendido de manera persistente y casi que terca unos temas como la ley de Víctimas, que por fortuna logró ser aprobada y está siendo aplicada. Y hago parte todavía de la nueva generación de colombianos que cree que la política hay que hacerla primero con decencia, y segundo con ideas. En esa medida, soy prenda de garantía  para seguir luchando por el interés general en el Congreso.


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