Después de ocho años, 55 entes siguen en la ley de quiebras

larepublica.com.co

Bogotá. La Dirección de Apoyo Fiscal (DAF) del Ministerio de Hacienda informó que ocho departamentos y 47 municipios continúan bajo la Ley 550 o de reestructuración financiera.

Los departamentos que tienen vigente el acuerdo son Bolívar, Cauca, Córdoba, Magdalena, Nariño, Putumayo, San Andrés y Sucre.

Según el balance de la directora de la DAF, Ana Lucía Villa, durante los últimos ocho años un total de 13 departamentos y 76 municipios se acogieron a este régimen especial para sanear sus finanzas.

Dentro de estos se encuentran algunas ciudades capitales como Barranquilla, Santa Marta y Montería que mantienen acuerdos de pasivos vigentes, pero han logrado generar una formación de capital importante, según la DAF.

“Barranquilla, por ejemplo, es la ciudad con el menos desempleo en el país, pese a estar en acuerdo de pasivos, lo que implica un ordenamiento de sus finanzas y ha dedicado los recursos (antes destinados a embargos) a hacer inversión pública”, explicó Villa.

Las acreencias de estos entes territoriales ascendían a los cuatro billones de pesos, de los cuales se ha pagado el 77 por ciento, saldando principalmente las deudas relacionadas con temas laborales y prestacionales.

“Hoy en día estamos avanzando en planes de saneamiento 40 municipios que se encontraban en una situación muy complicada para cumplir con sus obligaciones constitucionales como Corozal, Carmen de Bolívar y Tumaco”, afirmó Villa.

Frente a los embargos de las transferencias que la Nación hace a los entes territoriales a través del Sistema General de Participaciones (SGP), la funcionaria dijo que en 2000 tenían judicializados 1,7 billones de pesos, de los cuales han logrado desembargar el 80 por ciento.

Esta situación se generó luego de que la Corte Constitucional considerara que los cobros que terminaban en embargo tendrían prelación de pago si se trataban de temas laborales, por lo que los recursos del SGP podían ser embargados.

“En algunas regiones se empezaron a generar pasivos laborales no ciertos, sin que existiera la historia laboral de la persona, lo que dificultó el proceso de seguimiento”, declaró Villa.

La Nación transfiere a las regiones a través del SGP un total de 24 billones de pesos, por lo que el Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, recordó las acciones de su Gobierno para evitar que “se dilapiden los recursos públicos”.

Ángela Quintero Velandia

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